Presunto homicida de dueño de Surtifruver busca ser juzgado por la JEP

Mauricio Parra Rodríguez, sindicado de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Alonso Orjuela, dueño de Surtifruver, pidió este miércoles a través de su defensa ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La orden de perpetrar el crimen se la habría dado Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, exjefe de la Columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc con la única intención de apoderarse de la cadena de frutas y verduras.

La polémica petición la hizo a través de su abogado durante la audiencia preparatoria de su juicio, alegando “que no acepta ni reconoce los cargos endilgados por la Fiscalía”, al considerar que la justicia ordinaria no le brinda las garantías necesarias, por lo que pide que su caso sea estudiado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

EL TIEMPO conoció que la petición, dirigida al Juez Dieciséis Penal del Circuito, se sustenta en que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, una de las tres encargadas de los procesos en la JEP, “tiene la misión de conceder un juicio adversarial ante el Tribunal de Paz, en aquellos casos en los que, sin existir aún verdad ni reconocimiento, se imputen hechos propios del conflicto, como aquí ocurre, en los que el juez natural llamado a conocer es el operario creado para la Justicia Transicional”.

Lo que se traduce en que buscan que los mencionados en el proceso como determinadores del crimen de Orjuela registrado en Bogotá el 20 de octubre de 2016, supuestamente integrantes de la hoy exguerrilla de las Farc, den su versión sobre el homicidio.

La jugada judicial de Parra se ampara en que el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en septiembre del año pasado lo acusó de ser uno de los grandes testaferros de las Farc, al informar que habían entrado a extinción del dominio 66 bienes avaluados en 57.000 millones de pesos que en realidad serían del bloque sur de esa guerrilla.

El Fiscal también señaló que desmovilizados de las Farc lo ubican desde 1998 en la llamada zona de despeje transportando droga para la guerrilla.

La defensa de Parra afirma que su apoderado nunca militó en las Farc y que la falta de garantías la sustentan en que todo es un montaje gracias a la declaración contra Parra de un falso testigo, identificado como Fernando Bahamón Céspedes, que habría sido pagado por los hermanos de Orjuela para apoderarse de la empresa, en complicidad con una funcionaria del CTI que llevó el caso y que hoy está siendo investigada.

Así se busca utilizar los argumentos de la Fiscalía para voltear el proceso y lograr ser incluido en la JEP, con la finalidad de que se escuche su versión como supuesto auxiliador de la guerrilla en aras de buscar la verdad sobre el crimen de Orjuela que se cometió antes de la firma del proceso de paz – primero de diciembre de 2016 – por lo que debe ser juzgado por esta instancia, aquí Mauricio Parra, preso en la cárcel La Modelo espera demostrar su inocencia, afirma la defensa.

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