Militares imputados por grave caso de tortura y acto sexual no aceptaron cargos

Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Garantías, la Fiscalía General le imputó cargos por tortura y actos sexuales violentos en persona protegida a los militares Jonny Rincón Zárate, José Rafael Pastás, Andrés Felipe Manotas y Silvio Bomba Campo por hechos sucedidos en 2007, en la vereda La Esmeralda, del municipio de San Pedro, Valle del Cauca.

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En concreto, por haber ingresado a una finca en la que se encontraban cuatro personas, incluidas dos mujeres (una de ellas embarazada), a quienes señalaron sin prueba alguna de ser integrantes de guerrilleros y los hostigaron al punto de cometer tortura.

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Como reveló EL TIEMPO, en este caso la Fiscalía verificó que los militares, adscritos al batallón de artillería N° 3 ‘Batallón de Palace’ y al batallón de contraguerrillas ‘Numancia’, les apuntaron con fusiles a las víctimas haciéndole preguntas como: "¿Dónde está el comandante de la guerrilla? ¿Dónde tienen escondidas las armas?”. Ante las negativas, los hombres fueron sacados del inmueble y las mujeres se quedaron adentro.

Según la fiscal del caso, tras revisar la casa, los militares Andrés Felipe Manotas y Silvio Bomba, se ensañaron con una de las mujeres de la casa a la que le preguntaron si tenía implantes mamarios. Ella dijo que no, que tenía un niño recién nacido a quien estaba amamantando, pero los militares le subieron la blusa y, de manera abusiva y violenta, le apretaron sus senos.

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Este hecho, según la imputación realizada en audiencia el pasado 9 de agosto,  se realizó mientras le hacían comentarios como que ellos llevaban varios días sin tener relaciones sexuales con una mujer.

Según la imputación de la Fiscalía, los militares José Rafael Pastas y Jony Rincón Zárate, habrían golpeado a los hombres “para que confesaran que eran guerrilleros”. Luego, en horas de la tarde, los obligaron a caminar hacia un sector que se llama ‘La estrella’, mientras los amenazaban, y, en el trayecto, la otra mujer, que estaba embarazada, empezó a sangrar y a sufrir dolores abdominales.

Según la imputación, los militares regresaron a la casa y le dijeron a la mujer que les mostrara sus genitales "para creerle", cosa que ella impidió. Al final, la otra mujer fue forzada a encerrarse con ella para mostrarles a los militares un algodón con sangre como prueba.

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Los militares se fueron de la casa hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente. En este caso, la Fiscalía dijo que por el momento no hay evidencias para imputarles cargos a los militares por desplazamiento forzado.

En audiencia, los uniformados no aceptaron cargos uno a uno. "No acepto los cargos porque carecen, señor juez, de veracidad", dijo, por ejemplo, el militar José Rafael Pastás.

"No de ninguna manera, no los puedo aceptar, no los comparto, pienso que no fue así", dijo a su turno el militar Silvio Bomba.

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En la diligencia, la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento en contra de lo involucrados y el juez le impuso a los uniformados la prohibición de enajenar bienes por seis meses.

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