Tras escándalo por contrato y renuncia masiva, Agencia de Defensa acude a entes de control: esta es la solicitud

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) se quedó sin grupo jurídico de arbitraje de inversión. EL TIEMPO reveló que las cuatro abogadas que hacían parte de esta dependencia renunciaron tras la polémica que desató el hallazgo de posibles irregularidades en el proceso de contratación con la firma que soportaría la defensa del país en el litigio internacional contra la minera Continental Gold.

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Luego del polvorín que estalló por una suspicaz alianza entre la firma seleccionada Hughes Hubbard & Reed (HHR) con el novato bufete de abogados Astrea S.A.S (que lleva poco más de tres meses de constituido), la entidad solicitó el acompañamiento preventivo de la Contraloría y la Procuraduría para blindar el proceso contractual. 

Este diario conoció la petición, firmada por el director César Palomino, en la que se detalla el caso de arbitraje de inversión en el que está interviniendo la Agencia, así como la invitación a cotizar para la contratación directa de la firma privada que acompañará la disputa, en la cual se recibieron 21 propuestas.

Continental Gold demandó al Estado colombiano, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), por violaciones al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, debido a las afectaciones a su trabajo extractivo a causa del conflicto armado.

Esta compañía es titular de un título sobre la mina de Buriticá, en Antioquia, considerada una de las minas de oro subterráneo a gran escala más prolíficas del mundo.

El proceso contractual de la firma privada que representará al país ha causado revuelo. Es la primera vez que la entidad realiza una "invitación abierta a cotizar" para la contratación directa. 

En la solicitud de acompañamiento a los entes de control, la Andje explicó que "se hizo contemplando la tipología contractual de prestación de servicios profesionales. Es así que, bajo el marco normativo dispuesto, la idoneidad y experiencia se establecieron como requisitos fundamentales para la selección de una persona natural o jurídica que pueda cumplir con el contrato".

Entre las condiciones técnicas, el punto seis exigía una "alianza estratégica optativa" con una empresa local, que fue por la que HH&R habría vinculado a la colombiana Astrea.

"Cabe precisar que esta (alianza) tiene como objetivo fortalecer las capacidades litigiosas de las firmas colombianas. La invitación no establece un presupuesto específico para la alianza estratégica, y corresponde a la firma internacional definir su rol y honorarios en la estructuración de la estrategia de litigio", asevera.

En el recuento que entrega a la Contraloría y pide extender a la Procuraduría, la Andje asegura que "el 4 de marzo de 2025 se notificó a la firma Hugues Hubbard que había sido seleccionada para representar a la República de Colombia en la controversia. Por esta razón, se le solicitó la documentación legal exigida por la entidad, con el fin de verificar su capacidad jurídica y legal".

Así mismo, "el 19 de marzo de 2025, el señor Jorge Eduardo Espinoza presentó ante la entidad, mediante correo electrónico ([email protected]), un derecho de petición en el que solicitó información detallada sobre el proceso en discusión, así como respuestas a preguntas relacionadas con la firma nacional Astrea Abogados S.A.S., la cual está vinculada como alianza propuesta por Hugues Hubbard".

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Y, una vez ventiladas las posibles irregularidades, inicialmente por una denuncia del exsenador Jorge Enrique Robledo, "el 28 de marzo de 2025, la firma internacional seleccionada comunicó que, hasta la fecha, no ha elegido un aliado estratégico".

Aunque aún no se ha revelado el valor de la propuesta de la firma Hughes Hubbard & Reed (HHR) para defender al Estado en el litigio de la canadiense Continental Gold por los ataques de grupos armados en la mina de Buriticá, se habla extraoficialmente de que el contrato sería superior a los 3.9 millones de dólares.

Bajo este contexto, la Agencia de Defensa Jurídica solicitó el acompañamiento preventivo de las entidades de control a lo que resta del proceso. El contrato aún no ha sido firmado.

"Si bien no se han identificado circunstancias que pongan en riesgo el proceso de selección ni afecten el patrimonio público o los derechos fundamentales de los ciudadanos, consideramos que este proceso es de gran relevancia, tanto por el presupuesto asignado como por su impacto jurídico en los intereses litigiosos del Estado colombiano", agregó la entidad.