Los líos de Villa Valeria, el lujoso resort promovido por Carlos Palacino

El eslogan “a 18 hoyos del paraíso”, que resaltaba en la publicidad del lujoso club campestre Villa Valeria, no parecía exagerado para promocionar la propiedad, que cuenta con uno de los campos de golf más apetecidos del país, piscinas, suites, casas campestres y un hotel suntuoso en un terreno donde la temperatura ronda unos agradables 25 °C.

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Las acciones del club –ubicado en Restrepo, Meta– empezaron a ser promovidas hace más de 14 años por el propio Carlos Gustavo Palacino Antía, expresidente de Saludcoop condenado hace menos de una semana por el desfalco a esa EPS, que llegó a ser la más grande del país.

Un juez sentenció a Palacino a 10 años de cárcel y a devolverle al sistema de salud 296.000 millones de pesos que, según la investigación, eran para el servicio de los s y fueron destinados a otros rubros.

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En 2011, cuando los cuestionamientos por los recursos de Saludcoop estaban aumentando, el proyecto Villa Valeria empezó a ser mencionado y salió a la luz que entre los inversores estaban funcionarios de la EPS, varias de sus empresas proveedoras (con las que tenía contratos multimillonarios), abogados reputados y hasta el hijo de un excontralor general de la República.

Los socios del proyecto han defendido que, aunque Palacino lo ideó y promocionó, Villa Valeria se construyó con dineros de privados y sin intervención de las irregularidades en Saludcoop.

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De hecho, poco se ha hablado en la última década del club campestre, a pesar de que la propiedad está en riesgo de remate y que, según señalan accionistas, por lo menos desde 2014 les dejaron de llegar los millonarios dividendos trimestrales que Palacino les prometió.

“Al principio el negocio daba muchos resultados, porque en el hotel organizaban convenciones de Saludcoop, enviaban a funcionarios, pero una vez empiezan los problemas de la EPS, fue como perder al cliente principal, el que más plata dejaba. Hubo cambios de istración, fue cerrada la vía al Llano, y lo que se generó fue una hueco, pérdidas enormes”, le dijo a EL TIEMPO un socio del proyecto.

El enredo que hay con Villa Valeria es tal que tiene encima una demanda y graves señalamientos contra Iván Humberto Sánchez Arango, actual contralor intersectorial de la unidad anticorrupción de la Contraloría General de la República.

La demanda fue interpuesta en 2017 por Inver3 SAS contra Villa Valeria Country Club S. A., a Hotelera del Llano S. A., Edificadora Restrepo S. A. (constructora del proyecto y cuya representante legal fue, en su momento, la esposa de Palacino) y la Unidad Hotelera Villa Valeria Suites P. H.

Según Jairo Duarte Mejía, abogado de Inver3, el proceso se remonta a un cambio de operador hotelero en el que este último tenía dentro de sus obligaciones pagar un crédito de alrededor de 5.000 millones con una entidad bancaria.

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Sin embargo, en comunicación con EL TIEMPO, representantes del operador señalaron: "En el contrato de cesión de operador quedó claramente establecido que el nuevo operador no aceptaba los contratos de mutuo de las obligaciones que los socios habían contraído con los bancos. No obstante, si después de atender los más de 3.000 millones de pérdidas, las obligaciones laborales pendientes y solucionar los serios problemas de mantenimiento quedaba utilidad se podían atender las cuotas con cargo a las rentas de los socios".

Pese a eso, el abogado Duarte Mejía señala que “el operador solo pagó unas cuotas (del crédito), aduciendo falta de rentabilidad, y quedó establecido que ese operador ha tergiversado sus estados financieros para no pagar nada a los dueños del club y de las suites. El banco iba a embargar y rematar el club, pero los accionistas, en asamblea, le pidieron a un representante de Inver3 que comprara la deuda al banco. Inver3 compró el crédito y (los demandados) tenían que empezar a pagar, pero nunca pagaron un peso”.

Para el operador, sin embargo, lo anterior "es una calumnia".

"Los estados financieros son auditados no solo por nuestro revisor fiscal sino por un auditor externo, se envía trimestralmente a todos y cada uno de los socios para su conocimiento. Ninguna entidad o autoridad ha establecido ninguna objeción a los estados financieros", indicaron los representantes del operador.

En 2017, las cuatro sociedades demandadas le dieron poder al abogado Sánchez Arango para que los representara en el proceso, pero en documentos conocidos por este diario, accionistas aseguraron que en el proceso hubo un supuesto conflicto de intereses, porque el ahora contralor delegado es “yerno de la representante legal del demandante Inver3 SAS” y fue, en su momento, “apoderado general del accionista único de Inver3 SAS”.

Al ser consultado por este diario, el abogado Iván Sánchez indicó que lleva “más de 4 años desvinculado de esos procesos”, y cuando se le preguntó por su vínculo familiar con Inver3, solo aseguró: “En mi calidad de abogado estoy obligado por ley a proteger y no difundir información de empresas, representantes o empleados”.

Jairo Duarte, el abogado actual de Inver3 en el proceso, aseguró que cuando Sánchez asumió la representación de los demandados ya se había separado de la hija de la representante legal de la sociedad, y que era de conocimiento de los copropietarios y la junta directiva el vínculo que tenían.

Sin embargo, para algunos de los demandados, “existe un conflicto de intereses y no asumió de manera correcta la defensa de los derechos de sus poderdantes. Solamente contestó la demanda aceptando todos los hechos, no presentó excepciones en contra del título valor ni oposición alguna frente al proceso, renunciando al poder cuando se perdió la oportunidad procesal de presentar oposición al proceso”.

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Desde el operador indicaron que "el señor Iván Sánchez no sólo fue asesor jurídico, fue gerente y fundador de Inver3 con su domicilio en Panamá. Esto es una autodemanda y así lo denunciamos ante la Fiscalía cuando inició este proceso de cobro jurídico".

Por estos hechos, algunos de los socios evalúan interponer una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, su preocupación por el proyecto va mucho más allá.

“En este momento está abierta la posibilidad de que rematen Villa Valeria por un valor casi 10 veces inferior al del avalúo comercial. Llevamos nueve años sin recibir ni un peso de utilidades de este proyecto, y eso pone en riesgo el patrimonio familiar de varios de los copropietarios”, señaló uno de ellos.

Desde el operador señalaron que "el mayor inconveniente es que dentro del proceso jurídico contra el Club secuestraron áreas que, según los linderos de las escrituras, corresponden al Lote Hotel. Fueron secuestradas las piscinas, el restaurante y la recepción. Incluso secuestraron el vial a las 198 unidades privadas del hotel que nada tienen que ver jurídicamente con el Lote del Club embargado".

Y agregaron: "A pesar de que objetamos la equivocada decisión de la secuestre ha sido imposible que la funcionaria entienda la grave lesión patrimonial que les causa a 198 propietarios al dejarlos sin piscinas, sin recepción e incluso sin ingreso ni vial ni peatonal".