El turno de alias 101, exparamilitar y exmilitar, en la JEP

Para el próximo 26 de abril fue citado a rendir voluntaria por la Jurisdicción Especial para la Paz Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias 101, un excapitán del Ejército que fue, al mismo tiempo y por lo menos durante siete años, integrante de las Autodefensas.

Aunque ‘101’ fue itido en la JEP por la ejecución extrajudicial de Jesús Madera, ocurrida en 2003 en Zona Bananera, Magdalena, este excapitán dijo tener información que involucra a otros militares.

Guevara Cantillo hizo parte del Ejército entre junio de 1993 y septiembre de 2004 y del Bloque Norte de las Autodefensas desde 1998, según su propio testimonio. Lideró el frente Mártires del Valle de Upar, se desmovilizó en 2006 y fue expulsado de Justicia y Paz -por seguir delinquiendo- en 2017. Tiene 13 condenas y suscribió acta de sometimiento a JEP, no como paramilitar, sino como integrante de la Fuerza Pública, el 15 de marzo de 2018.

El 6 de junio de 2018 presentó una propuesta preliminar de verdad a la JEP: “Soy conocedor de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre hechos que involucran a militares y exmilitares, inclusive los casos del general Mario Montoya, excomandante de las FF. MM. y el general Jorge Navarrete Jadeth”. Guevara dijo que puede declarar sobre los “falsos positivos”, sobre la legalidad de operaciones adelantadas por él siendo oficial y aseguró que pedirá perdón a las víctimas.

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Desde por lo menos 2007 Guevara ha mencionado al general Navarrete ante la justicia. Lo hizo desde la cárcel a finales de ese año y en indagatoria, en 2012, ante la Fiscalía 54 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que investigaba la muerte de 15 hombres ocurrida el 19 de enero de 2006, en la rivera del río Marquezote, municipio de Urumita, La Guajira, en la finca Leoncitos.

Con su testimonio, en mayo de 2014 la Fiscalía 54 especializada acusó a nueve militares (el caso por concierto para delinquir precluyó) y compulsó copias a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema contra el general Navarrete para que se investigara la supuesta participación del oficial en los hechos. La compulsa fue enviada efectivamente a la entonces directora de fiscalías nacionales, Elka Venegas, el 6 de enero de 2015.

Según la Fiscalía, algunas de las víctimas eran integrantes del grupo paramilitar que lideraba ‘101’ y no se trató de un combate con el Batallón Rondón, sino una ejecución extrajudicial, dándole crédito a su testimonio. Guevara dijo que, tras la quema de la finca de Diomedes Díaz, al parecer por integrantes de las Farc, el oficial le habría pedido reunirse.

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“El motivo era tomarnos el corredor sobre la parte alta de Urumita y que el coronel Navarrete nos despejara la zona (…) Al segundo o tercer día me reportan que (qué) ha pasado con el Ejército que los están rodeando y luego más tarde el radio operador me dice que le están disparando a la gente”, dijo. ‘

'101’ aseguró que contó con el aval de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para reunirse. Y que el entonces director del Hospital de Urumita, Ángel Maya Daza, les habría ayudado “dejando radios” en el área. Lo que pasó después, no es claro. La Fiscalía dice que los 15 hombres -no todos de las Auc- fueron emboscados y asesinados por tropas del grupo especial Sagaz al mando del sargento Martín Forero Garcés.

Alias 101 aseguró que “quién estaba en ese momento en problemas con la Brigada era Navarrete y necesitaba enderezar su camino para poder seguir su carrera militar”.

Guevara, en una ampliación de indagatoria en poder de EL TIEMPO, dada en julio de 2012, aseguró que a finales de 2005 le habría entregado un mortero al Batallón Rondón “para presentar a otro falso positivo”. Este diario buscó al general Navarrete Jadeth, hoy en retiro, quien prefirió no pronunciarse sobre este asunto. De otro lado, el juicio contra los nueve militares se paralizó porque el Juzgado Promiscuo de Villanueva remitió el expediente a la JEP.

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El 3 de diciembre de 2019 la JEP asumió la solicitud de sometimiento de cuatro de los nueve involucrados en este caso. El abogado Fernán Ramón Cerra Silva, de la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que representa a las víctimas del procesos, reprochó que el juicio se haya suspendido.

“Debido a la circular No. 0003 del 22 de julio de 2019, expedida por el fiscal general de aquel entonces, actualmente (las Fiscalías) Especializadas contra las Violaciones de Derechos Humanos han quedado maniatadas, ya que no pueden tomar decisiones de fondo”.

En octubre de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga condenó a Guevara Cantillo, entonces capitán del Ejército -adscrito al Gaula como segundo comandante y jefe de inteligencia- por el ‘falso positivo’ de Jesús Antonio Madera, perpetrado el 7 de junio de 2003.

La sentencia, citada por la JEP en auto del 22 de febrero de 2019, recoge el testimonio que ‘101’ dio al respecto, indicando “que sus superiores ene se momento tenían conocimiento de su pertenencia a las Auc”.

Y señala directamente a “los mayores Barón Soto y Edgar Iván Quiñonez Cárdenas y el general Mario Montoya, comandante (en ese entonces) de la Primera División”. Además, reconoce que la víctima les fue entregada a los paramilitares, esposada, para que lo ejecutaran. El abogado del general Montoya, Andrés Garzón, señaló que alias ‘101’ miente.

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“Ojalá no volvamos a los errores de la Ley de Justicia y Paz y que la JEP haga cumplir las reglas de procedimiento y su ley estatutaria en donde se determina que, con las simples acusaciones, el simple dicho de un testigo, no es suficiente para determinar responsabilidad. Esperamos que sea distinta y que la JEP no se convierta en la nueva Justicia y Paz porque esto ya lo vivimos y vimos cómo se han condenado declarantes de Justicia y Paz por decir mentiras”, manifestó Garzón.

En el auto del 22 de febrero de 2019, la Sala de Definiciones Jurídicas le negó a Guevara la libertad, pero le permitió el traslado a una prisión militar. Esa decisión no se ha hecho efectiva ya que Guevara tiene al menos cinco condenas que no son competencia de la JEP. En todo caso, la magistrada Sandra Jeannette Castro se opuso a otorgarle tal beneficio al estimar que el crimen de Madera, por haber sido un “encargo” de los paramilitares, no es competencia de la JEP.

Para la magistrada, Guevara cometió el crimen en su calidad de paramilitar. “Aceptar la competencia de la Jurisdicción en un caso como el presente es una forma de permitir que los integrantes de los grupos paramilitares ingresen a la JEP, que no es su juez natural”, señala su salvamento de voto.

ALEJANDRA BONILLA MORA

Redactora de JUSTICIA

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