Álvaro Gómez Hurtado: JEP escuchará a víctimas para definir si debe llevar el caso

Días antes de que se conmemore el aniversario número 28 de la muerte del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión que podría marcar el rumbo de la investigación.

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Luego de que en 2020, a través de una carta, exjefes de las antiguas Farc reconocieron su responsabilidad en el crimen, la JEP comenzó a recabar evidencias para determinar si era competente sobre el crimen e Gómez Hurtado y otros 6 que reconocieron, ahora la jurisdicción les dará la oportunidad a las víctimas de pronunciarse sobre si este tribunal transicional debe llevar el caso.

La carta en la que la exguerrilla confesó los hechos estaba firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Rodrigo Granda, y en ella reconocían la responsabilidad de la guerrilla en los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado (2 de noviembre de 1995), Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999), Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998), Pablo Emilio Guarín ( 15 de noviembre de 1987), Hernando Pizarro León-Gómez (25 de febrero de 1995) y José Fedor Rey (30 de junio de 2002).

Posteriormente, en diligencias ante la JEP, las ex-Farc también reconocieron el asesinato de José del Cristo Huertas Hastamorir, asesinado junto con Álvaro Gómez Hurtado.

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Desde 2020 y hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad recogió testimonios y otras pruebas para evaluar su competencia frente a los hechos porque en ninguno de los informes recibidos de las autoridades figuraban estos asesinatos como responsabilidad de las Farc.

En esos trámites se escuchó el testimonio de los excomandantes de Farc Julián Gallo Cubillos, Alberto Martínez, Jaime Alberto Parra, Reinel Guzmán Flórez, Pablo Catatumbo Torres Victoria y Pastor Lisandro Alape Lascarro, y recibió aportes escritos de Rodrigo Granda y Miltón Toncel. A ellos se les pidieron pruebas que acreditaran la responsabilidad de las Farc en los hechos.

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Además, en dos oportunidades la JEP escuchó a la senadora Piedad Córdoba Ruiz para que contara lo que sabe sobre el crimen del líder político conservador. Aunque en sus declaraciones ella solo dijo que era una testigo “de oídas” pero que no participó ni hizo parte de las Farc, y que simplemente pedía que se supiera la verdad, sin señalar directamente a las Farc de este delito.

En estos años, la JEP también practicó pruebas técnicas, como analizar copias de los dispositivos incautados a las Farc, en particular el computador de alias Jorge Briceño o Mono Jojoy, para determinar si la documentación aportada por los comparecientes sobre este caso correspondía con lo que había en esos dispositivos.

Ahora, antes de tomar una decisión final sobre si debe investigar o no estos casos, la Sala de Reconocimiento de la JEP consideró otorgar un término a las víctimas para que examinen el expediente y presenten sus observaciones sobre la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en los homicidios.

“El despacho encuentra que la justicia restaurativa presupone una participación de la víctima a lo largo del procedimiento y que está mediado por un tercero, que en este caso es el juez transicional”, se lee en la argumentación de esta decisión.

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En ese sentido, y teniendo en cuenta que esta información es, en principio, reservada, la JEP determinó que las víctimas participantes y sus apoderados tendrán al cuaderno principal en el que se judicializó el homicidio correspondiente; los comparecientes y sus apoderados tendrán al cuaderno principal; y la Procuraduría tendrá a la totalidad de la actuación.

Así mismo, se les darán copias del material audiovisual de los aportes de verdad que han hecho los exintegrantes de las Farc, así como las entrevistas practicadas a ex de las estructuras presuntamente involucradas en los crímenes, en particular el

También les dejarán ver la declaración juramentada de Piedad Córdoba, aunque de este no se entregarán copias sino que podrán acceder al video de la diligencia en las instalaciones de la JEP, bajo cita previa, y únicamente con papel y lápiz y sin elementos que permitan la grabación de la misma.

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“En aras de proteger el derecho de las víctimas a la participación, y dado el estado del trámite de aportes tempranos a la verdad, el despacho estima procedente invitar a los familiares de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes, Pablo Emilio Guarín, Hernando Pizarro y José Fedor Rey que han participado en el trámite a presentar las observaciones que estimen pertinentes respecto a la competencia de la JEP”, se lee en la decisión.

Este plazo para que las víctimas se pronuncien estará abierto hasta el 1.° de febrero de 2024, y luego de recibir esos aportes la JEP decidirá si se declara competente para investigar estos homicidios o si los casos deben continuar en la justicia ordinaria.

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