Las cuatro órdenes de la JEP al Gobierno y la Fiscalía frente al asesinato de ex-Farc

La entidad criticó que no haya consecuencias para disidencias, que concentran estos crímenes.

Homicidio de exFarc, desmovilizados Foto: Joaquín Sarmiento. AFP y Jaiver Nieto. EL TIEMPO

PERIODISTA20.09.2023 18:16 Actualizado: 21.09.2023 00:00

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Tras casi ocho horas de audiencia, en las que escuchó a la Fiscalía, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a integrantes del partido Comunes y a de la sociedad civil, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió cuatro órdenes al Gobierno y al ente acusador de cara a enfrentar el asesinato de excombatientes de las Farc.

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Entre esas órdenes está que la Comisión Nacional de Garantías informe cuál es el estado de implementación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales; en segundo lugar, se ordenó a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para al Ejercicio de la Política que informe cuánto ha avanzado en un plan de seguridad y protección de excombatientes.

A la Fiscalía, por su parte, se le ordenó incorporar varios indicadores en su plan de acción para investigar agresiones a firmantes de paz; y en cuarto lugar, se le pidió al ente acusador que informe los resultados de un convenio con la Unidad Nacional de Protección para mitigar riesgos de los excombatientes.

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Este miércoles se realizó la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que decretó la JEP para garantizar la vida y seguridad de firmantes del Acuerdo de Paz. A la diligencia fueron citadas distintas instituciones del Gobierno, así como la Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/zQirPx4Ess
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 20, 2023

Estas cuatro órdenes van encaminadas a distintas preocupaciones que se expusieron en la audiencia, en la que se evaluaron indicadores críticos como el hecho de que entre el 1. ° de diciembre de 2016 y el 14 de septiembre de este año fueron asesinados 397 excombatientes, según las cifras del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz.

Aunque en la audiencia la magistrada de la SAR Reinere Jaramillo, relatora de las medidas cautelares, indicó que las cifras que tiene la JEP ya dan cuenta de que 401 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados desde 2016.

El Alto Comisionado para la Paz habló sobre el atentado. Foto:Presidencia / Archivo

Frente a este panorama, el comisionado de paz Danilo Rueda aseguró que el Ejecutivo no está incumpliendo con la protección de excombatientes y que desde el 8 de agosto de 2022 una de las prioridades del Ejecutivo fue la reactivación del mecanismo que propiciaría la discusión del desmantelamiento de estructuras criminales.

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"No hemos ahorrado un solo esfuerzo”, aseguró y añadió que "la política de paz no es la única respuesta del Gobierno frente a los factores de violencia; están todas las intervenciones del ejercicio legal y legítimo de la fuerza; está la intervención integral de los programas de Gobierno".

• Hay un cuadro dramático de asesinatos que nosotros hemos repudiado enfáticamente, y hemos también llamado a un cese de la estigmatización, y a detener las justificaciones para la violencia irracional e irresponsable en contra de los firmantes de paz.
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) September 20, 2023

A su turno, la vicefiscal general Martha Janeth Mancera resaltó que la competencia de la Fiscalía es investigar hechos delictivos y contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales desde la articulación con otras entidades, pero cuestionó que no se están ejecutando las órdenes de captura en varios territorios contra cabecillas criminales. Además, aseguró que actualmente tienen 431 órdenes de captura por violencia contra excombatientes que no se han hecho efectivas.

Además, expuso que el ente acusador está preocupado porque no está pudiendo ingresar a varios territorios a hacer actos urgentes por motivo de la grave situación de orden público y que, aunque pidió a la Casa de Nariño presupuesto para tener 6.000 funcionarios más para la investigación de este tipo de graves crímenes, “nos acaban de informar que se fue con concepto desfavorable del Minhacienda”.

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También habló Hernando Toro, director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, quien dijo que han venido aumentando las afectaciones contra excombatientes, y presentó cifras como que en 2022 se presentaron 508 asesinatos, tentativas de homicidio, y desapariciones, y apenas a agosto de este 2023 esa cifra ya iba en 551. Frente al esclarecimiento, en 2022 se avanzó en el esclarecimiento de 299 casos, y este 2023 esa cifra va en 326.

Llamados de atención de la JEP

Magistrados Sección Ausencia de Reconocimiento JEP. De izq. a der.: María del Pilar Valencia, Raúl Sánchez, Gustavo Salazar, Reinere Jaramillo y Alejandro Ramelli. Foto:JEP

Frente a estas explicaciones de las entidades, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento hicieron algunas preguntas críticas. Por ejemplo, el magistrado Gustavo Salazar cuestionó que se estén presentando, entre otros crímenes, desplazamientos forzados de excombatientes por amenazas de otros grupos armados, y señaló que buena parte de las afectaciones a los ex-Farc están viniendo de disidencias de las Farc con las cuales hoy el Gobierno adelanta acercamientos de paz.

Vemos es que el Estado Mayor Central es responsable de un número importantísimo de crímenes y no pasa nada, ellos siguen matando y eso no tiene consecuencias en términos del diálogo (de paz): JEP

"Lo que vemos es que el Estado Mayor Central (disidencia) son los responsables de un número importantísimo de crímenes y no pasa nada, ellos siguen matando, siguen desplazando y eso no tiene consecuencias en términos del diálogo (de paz)”, y añadió: “No puede pasar que el proceso de paz con el EMC o disidentes se haga sobre la muerte de firmantes de paz. La paz total tiene que ser absolutamente integral", comentó, al preguntarle al comisionado Danilo Rueda cuáles son las consecuencias en los diálogos con estos grupos de que sigan afectando a excombatientes.

También el magistrado Raúl Sánchez hizo fuertes críticas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: "Eso de andar exhortando a criminales suena muy bonito, pero es muy ingenuo, eso sin la presencia del Estado es muy complicado", expuso, y preguntó: "¿Cuántos compromisos ha alcanzado con estas organizaciones de no atentar contra la vida de los firmantes del acuerdo de paz? Exigir algo y quedarse en el papel no es nada".

Lo que piden los excombatientes

Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes, en audiencia de la JEP Foto:Captura de pantalla

Luego de estos llamados de atención, también se escuchó a voceros del partido Comunes, conformado por excombatientes que dejaron las armas.

Entre ellos, Olga Marcela Rico rechazó la estigmatización de la que han sido víctimas los firmantes, y dijo que una parte de esto viene de que el Gobierno haya reconocido a las disidencias con el nombre de 'Estado Mayor Central de las Farc', "¿Hasta dónde se permite o estimula la estigmatización a quienes firmamos este acuerdo? Ha venido generando confusión y justificando todos los crímenes de los cuales hemos sido víctimas, afectaciones que vienen de esos grupos".

La inacción sigue cobrando la vida de los firmantes de paz: Rodrigo Londoño

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Por su parte, Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes y el último comandante máximo de la exguerrilla de las Farc, cuestionó que la Fiscalía presente como "esclarecimiento" avances que solo son órdenes de captura, pues esto "resulta limitado y anticipado".

Londoño cuestionó así mismo una ausencia de investigación en más de 90 municipios donde se han presentado homicidios, y criticó que se hagan preacuerdos o principios de oportunidad que garantizan penas más bajas para los procesados sin que se llegue al núcleo de la violencia contra firmantes de la paz.

"La inacción sigue cobrando la vida de los firmantes de paz”, concluyó.

Las órdenes que dio la SAR a la Fiscalía y al Ejecutivo tienen términos de cumplimiento de 30 días hábiles, las dadas al ente acusador, y de 60 días hábiles, las que se dirigieron al Ejecutivo. Luego de esto, la JEP volverá a evaluar los avances en el tema.

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