La JEP imputó a seis exintegrantes del secretariado de las antiguas Farc por reclutamiento y violencia sexual intrafilas: hay 18.677 víctimas

El testimonio de más de 1.000 víctimas escuchadas por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) compone el auto de determinación de hechos y conductas que acaba de publicarse sobre el macrocaso 07. Una de las investigaciones más esperadas del trabajo que adelanta la jurisdicción y que revela la victimización de los niños y niñas que fueron reclutados ilegalmente por las otrora Farc. 

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Los máximos responsables llamados a responder por los patrones delictivos encontrados en la investigación -que fueron hallados bajo una sistematicidad, que han negado los excabecillas- son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. Esta coautoría los exculpa de su responsabilidad como perpetradores y se enfoca en su responsabilidad por omisión.

Este auto, un documento de más de 800 páginas, abordó cinco patrones criminales cometidos por la antigua guerrilla en este contexto. El primero, la utilización de niños y niñas en las tácticas de guerra. El segundo, los malos tratos, las torturas y homicidios hacia los menores reclutados. El tercero, la violencia reproductiva hacia las niñas y mujeres que componían las filas, obligadas a planificar, abortar forzosamente o quienes sufrieron la desaparición de sus hijos recién nacidos. 

El cuarto, la violencia sexual hacia los niños, niñas y mujeres, victimas de todo tipo de abusos, entre estos violaciones sistemáticas. Y el quinto, la violencia por prejuicio, hacia los o las combatientes con orientaciones sexuales diversas, sometidos a castigos, incluso siendo asesinados por su condición de género.

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La JEP determinó a los ahora imputados como coautores de estos delitos, porque siendo los principales jefes guerrilleros debían tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar estas violencias, pero no lo hicieron. Una omisión por la que estos crímenes se reprodujeron con tal magnitud que se normalizaron en las prácticas intrafilas.

“En su capacidad como como comandantes de los bloques, conocieron directamente el curso de los hechos determinados que se exponen y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, para contener o para sancionar estos crímenes de guerra”, dijo este tribunal.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad encontró un universo de 18.677 víctimas únicas. El 91 por ciento de ellas fueron mujeres. Hasta la fecha, 9.854 de estas personas han sido reconocidas por la JEP, de las cuales 54 por ciento fueron sobrevivientes de reclutamiento, y el 46 por ciento corresponde a familiares de niñas y niños integrados ilegalmente a las filas de ese grupo armado.

La investigación mostró una mayor recurrencia de estos hechos entre 1997 y 2016. Y encontró unos picos particulares en el año 99, en el 2002 y 2003. Territorialmente esta conducta ocurrió en todo el país, salvo en San Andrés y Providencia. E involucró a todos los bloques de la antigua guerrilla.

El auto da cuenta de los daños sufridos por los niños y niñas en los rigores de la guerra en sus diferentes fases vitales: su ingreso, su permanencia en las filas, las violencias perpetradas en este periodo y las secuelas que cargan luego de salir de la organización.

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“Estamos ante una decisión judicial elaborado desde las diferentes voces de cientos de víctimas valientes y resilientes quienes, luego de años, decidieron romper el silencio para contar sus tragedias (…) Esta decisión judicial revela la particular complejidad de abordar esto que se podría denominar crímenes íntimos: íntimos por la naturaleza de las victimizaciones, íntimo porque se asocia con las esferas de lo privado y porque se comenten por personas con quienes la víctima guardaba una relación asimétrica de poder en un contexto coercitivo”, dijo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.

Tras ser notificados, los antiguos integrantes de la Secretaría de las Farc tienen 30 días para aceptar su responsabilidad o rechazarla. En este lapso también pueden presentar recursos jurídicos de apelación o nulidad.

Si deciden reconocer, la Sala decidirá una fecha para la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, que sería desarrollada con la participación de las víctimas y en la que se conocería la sanción propia (máximo ocho años sin cárcel) que se les impondría. De no hacerlo, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación -llamado de la Fiscalía de la JEP- y tendrán derecho a un juicio adversarial. Si lo pierden, serían condenados a una sanción ordinaria de 20 años de prisión.

Sara Quevedo - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]