Por covid, en vilo audiencias para cerrar caso de secuestro en la JEP

Las 11 entrevistas que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó con antiguos funcionarios públicos, y que tuvo que terminar de forma virtual por la pandemia de coronavirus, permitieron complementar el rompecabezas del caso 01, conocido como el de secuestros de las Farc, con la visión del Estado en los años más duros de este flagelo.

Así lo explica la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, instructora de este caso. No descarta que otras personas sean llamadas, en virtud de las peticiones de las víctimas, pero considera que los temas principales ya fueron abarcados en las entrevistas que se adelantaron.

(De su interés: ¿Cómo es el proceso para llegar a imponer sanciones y penas en la JEP?)

Las personas que rindieron entrevista fueron la exsenadora Piedad Córdoba, quien facilitó liberaciones; el coordinador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Ernesto Samper, Daniel García Peña; monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien presidió la Comisión de Conciliación Nacional en los años 90; el ex viceministro de defensa y exdirector del DAS durante el gobierno Uribe, Andrés Peñate; el exzar antisecuestro del gobierno Pastrana, José Alfredo Escobar Araujo; el exconsejero de paz del gobierno Gaviria José Noé Ríos, quien participó en la liberación de infantes de marina secuestrados en la toma a Las Delicias.

A estos, les siguieron Víctor Ricardo Piñeros, Alto Comisionado de Paz del gobierno Pastrana; Camilo Echandía, asesor de la Consejería Presidencial para la Paz e investigador de temas de secuestro; el director del Fondelibertad en el gobierno Pastrana, Juan Francisco Mesa Torres y asesor jurídico de la Fundación País Libre; finalmente, Humberto Velásquez Ardila, quien trabajó en la Subdirección Antisecuestro del DAS; y el también funcionario del DAS Marcel Suárez Romero.

La utilidad de estas entrevistas, explica la magistrada Lemaitre, ha sido llenar el vacío que tenía el caso desde el punto de vista del Estado, de “cómo reaccionó, qué medidas tomó, no porque estén en juicio, sino porque es parte del contexto”. Esta búsqueda se concentra en el mayor pico de secuestros, durante los gobiernos Samper y Pastrana.

La magistrada cuenta, además, que esta ha sido una pregunta que han hecho algunas víctimas. Asimismo, agrega que ha permitido entender, por ejemplo, que la mayoría de quienes pagaron cárcel por los secuestros “fueron personas de muy bajo nivel de mando”, que cuidaban a los secuestrados y que cayeron cuando se adelantaron operaciones de rescate.

(Le sugerimos leer: ¿Qué son los TOAR y por qué son el corazón de las sanciones de la JEP?)

Las entrevistas también permitieron reconstruir cómo vivieron los funcionarios tanto esas operaciones como los intentos de “acuerdo humanitario”. Asimismo, comprender la institucionalidad que los gobiernos crearon desde los años 90, como los Gaula, para combatir y contrarrestar la creciente ocurrencia de esos crímenes.

La magistrada Lemaitre no tiene certeza de cuándo podrá terminarse esta etapa del caso 01 que, se presumía, podría ser el primero de los siete abiertos por la JEP en llegar a una resolución de conclusiones. Tras ese paso, el caso pasaría al Tribunal para la Paz, que es el encargado de imponer penas y sanciones.

La suspensión de términos judiciales ocasionó que la fecha de cierre para recibir observaciones de las víctimas perdiera efecto jurídico, por lo cual siguen llegando. Según informó la JEP a finales de junio, el caso 01 tenía 2.191 víctimas acreditadas, de las cuales 2.120 ya conocieron las versiones de los comparecientes de Farc y 891 habían presentado observaciones respecto a estas.

Aunque Farc ya conoce estas observaciones en bruto, explica Lemaitre, en el transcurso de este mes recibirán los documentos de análisis de esas observaciones. El equipo de la JEP está estableciendo qué de lo que piden las víctimas ya está en la información recabada y qué, al contrario, es necesario buscar con otras pruebas judiciales o ampliaciones de versiones de los exguerrilleros.

(También le recomendamos: La versión en que Farc reconoce ejecución de 11 diputados del Valle)

Asimismo, la JEP busca acceder a copias espejo de cerca de 30 computadores en poder de la Fiscalía con información que puede resultar relevante para el caso. Hasta ahora han recibido siete de esas copias. La magistrada explica que el computador de Raúl Reyes no está incluido, dado que no sirve como prueba judicial, pero que lo pueden evaluar como un elemento de contexto.

Aunque la magistrada considera que algunas partes del trabajo del caso no se han retrasado, como el análisis de información que ahora hacen los funcionarios desde sus casas, otros momentos que apuntaban a tener contenido restaurador sí quedaron suspendidos. Las 11 audiencias públicas citadas para que las víctimas dieran sus observaciones, por ejemplo, se cancelaron.

Aunque la JEP puede elaborar el escrito de determinación de hechos y conductas, que es el que cierra la investigación en la Sala de Reconocimiento, después de este vendría una audiencia de reconocimiento en la cual los máximos responsables dicen si aceptan o no lo que ese escrito dice. Esa audiencia, la posibilidad de que víctimas y victimarios se vean cara a cara, es el corazón de la justicia restaurativa, pero está en veremos.

“La calidad de la experiencia no es lo mismo en computador que en persona”, dice la magistrada. Por eso, evalúan si es posible hacerlo con medidas de bioseguridad.

No solo se afecta la posibilidad de que las víctimas vean a los comparecientes, sino de que se vean y conozcan entre ellas. Además, pensar una audiencia virtual tiene la dificultad de que la mayoría de exguerrilleros están en zonas con dificultades de conectividad.

Aunque el caso estaba proyectado para terminarse entre julio y septiembre, la magistrada Lemaitre concluye diciendo que no hay certeza de que todas las partes se puedan cumplir este año o si será necesario cerrarlo sin pasar por todos los momentos que estaban estipulados, pero analizan todas las opciones.

- Capturada por Andino selló acuerdo de colaboración y será testigo

- Pinzón no se retracta: amplía críticas a Comisión de la Verdad

- A la cárcel cuatro implicados en atentado en la Escuela de Cadetes

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Twitter: @LopezJuanDa

Redactor de Justicia