Trump suspende la financiación a entidades clave de la implementación del acuerdo de paz: ¿qué está en juego?

Una semana después de la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el coletazo de las medidas de sus políticas nacionalistas impactaron a Colombia. Específicamente, a la implementación de los Acuerdos de Paz. EL TIEMPO conoció que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) suspendió la millonaria financiación que aportaba a proyectos claves como la justicia transicional y la reforma rural integral.

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El relevo de Trump a Joe Biden en la Casa Blanca trajo consigo unas medidas que dieron un vuelco a la cooperación binacional entre Bogotá y Washington. El pasado 24 de enero, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, envió una orden ejecutiva a los correos de todas las embajadas en la que anunció la suspensión de la ayuda internacional para asuntos de desarrollo. Un fondo vital para el país en temas como la implementación de los acuerdos de paz y la lucha contra el narcotráfico. 

Son más de 35 millones de dólares mensuales (420 millones de dólares anuales) los que llegaban desde el gobierno estadounidense que ahora quedan en este limbo.

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Esta orden cobija a todos los Estados destinatarios de estas ayudas, incluidos los países más pobres o en guerra, como Gaza, y sólo exime a los principales aliados comerciales norteamericanos: Egipto e Israel, quienes seguirán recibiendo apoyo militar. 

EL TIEMPO conoció que, tras cuatro días de recibida la notificación en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, la Usaid congeló los fondos, entre otras entidades, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en proyectos ejes de la implementación de los acuerdos.

La ANT tenía listo un convenio por más de 40 mil millones de pesos para la formalización de predios que fue revocado. Así mismo, a los contratistas de la Usaid que trabajaban en las diferentes fases de la Reforma Rural Integral se les liquidó el contrato. Algunos de ellos están siendo recontratados por la Agencia como cartógrafos. 

Por su parte, la JEP adelantaba varios proyectos con recursos de esta cooperación, el principal de ellos enfocado en la participación y reparación colectiva de las víctimas, que tenía más de 107.000 beneficiarios directos. 

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Estos fondos iban destinados al desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en nueve municipios, así como al fortalecimiento de organizaciones y redes de víctimas, a través de donaciones, en cinco del país: la Costa Caribe, Tolima, Buenaventura, Meta y Guaviare. 

Si bien la JEP cuenta con otros países donantes, como los de la Unión Europea, la suspensión del capital proveniente de Estados Unidos sí representa un desajuste en el fondo de cooperación internacional, del cual se financian, por ejemplo, los proyectos piloto de los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador o Restaurador), que son el abrebocas de lo que serán las primeras sanciones próximas a ser dictadas por este tribunal.

La última palabra sobre si el efecto será definitivo o si se retomará el apoyo de Estados Unidos la dará la embajada en un lapso de 90 días. Durante el primer mes, la entidad evaluará todos los proyectos financiados con dólares y entregará un informe a Washington explicando cuáles deben seguir siendo apoyados. Posteriormente, el Departamento de Estado emitirá una respuesta sobre si acepta o no las recomendaciones. El criterio de evaluación será el grado de influencia del proyecto en los nuevos intereses del gobierno norteamericano, que ha endurecido su discurso hacia Latinoamérica.

De hecho, fuentes de las entidades claves para la implementación del acuerdo de paz aseguraron que temen que, así como se resintieron los servicios ofrecidos por la embajada en Colombia y las políticas migratorias tras la crisis diplomática por la devolución de los vuelos de deportados, también estos programas de cooperación se afecten en la decisión final que tendrá la firma de Marco Rubio.

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Redacción Justicia