Las exigencias de las víctimas de falsos positivos a general Quiñones

A eso de las siete de la mañana del 23 de junio de 2006, la madre de Yeiler Andrés Cubides Zuluaga, que había pasado la noche anterior en vela preguntándose dónde estaba su hijo, recibió la visita de uno de sus amigos. "Al niño lo mató el Ejército", le dijo, según cuenta esta mujer.

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Ese mismo día, José David Baquero Repizo también estaba desaparecido. Su mamá armó una comisión de la Junta de Acción Comunal y empezaron a buscarlo. "Nos salió el Ejército, nos retuvieron aproximadamente cuatro horas. Unos, nos tomaban fotos y nos marcaban con una equis. Me puse a llorar y un soldado me dijo: 'Señora, no lo busque más, búsquelo en Granada (Meta)'".

Yeiler Andrés y José David eran menores de edad. Ambos fueron presentados como bajas en combate por unidades de la Cuarta División del Ejército Nacional, que entre 2006 y 2008 estuvo bajo el mando del mayor general Guillermo Quiñones Quiroz,  el noveno oficial de esta alta graduación que es llamado a rendir su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hasta el momento, el Colectivo Orlando Fals Borda ha logrado documentar 41 casos con 63 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los cuales se involucran unidades militares adscritas a la Cuarta División del Ejército en Meta y Guaviare.

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De esos casos, dice el colectivo, 30 "se cometieron bajo la comandancia del General Guillermo Quiñones Quiroz, entonces comandante de la Cuarta División".

Frente a la comparecencia en la JEP, las familias de las víctimas de estas ejecuciones, conocidas en Colombia bajo el eufemismo de 'falsos positivos', enviaron un mensaje contundente.

"Yo pido primero, esclarecer la verdad. Que digan por qué lo hicieron, quiénes lo hicieron, siendo que era un joven trabajador que iba a ver por su mamá, ya que a su papá lo habían matado también, hacía seis meses. Pido que se aclaren esos asesinatos que se cometieron en ese tiempo. Señor Quiñones, exigimos que nos digan toda la verdad de lo que hicieron", señaló la madre de Yeiler Andrés.

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Según la documentación realizada por organizaciones sociales, estas ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales.

En dos diligencias ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, comparecerán voluntariamente los generales Guillermo Quiñones Quiroz (este 12 de febrero ) y Cipriano Peña Chivatá (el próximo 19 de febrero) para dar su versión por el caso en Casanare.

Sin embargo, las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y Guaviare.

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El director del Colectivo Orlando Fals Borda (COFB,), César Santoyo Santos, explicó que este grupo ha logrado comprobar la responsabilidad de la Nación en 15 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Meta y Guaviare, específicamente por la ejecución extrajudicial de campesinos y labriegos cometidos por unidades militares bajo la comandancia del entonces general Quiñones.

“Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, aseguró Santoyo.

En estos 15 casos, según el colectivo, hay sentencias condenatorias en procesos de reparación directa en la jurisdicción contencioso istrativa. "Esto es, la justicia colombiana demostró que se trató de una ejecución extrajudicial. Estos casos obedecen a 15 víctimas directas, en los cuales se han condenado 6 uniformados en el procedimiento penal", dice el COFB.

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El colectivo también  ha logrado determinar patrones de macrocriminalidad en común en estas víctimas.

Por ejemplo, que algunas recibieron ofertas de trabajo;  algunos fueron sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados NN) a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación.

Además, dice el COFB, se evidenciaron irregularidades con respecto a las prendas de vestir que llevaban, porque algunas no correspondían a las tallas de las víctimas o las incineraron por motivos de “salubridad”, o porque eran prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Asegura el colectivo que también se descubrió que presentaban inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo.

“De igual manera, en estos casos se han encontrado inconsistencias entre las declaraciones de algunos soldados con la información reflejada en los documentos militares, así como irregularidades asociadas al levantamiento de los cadáveres, como haberlos realizado en lugares diferentes a los de ocurrencia de los presuntos combates, lo que permite suponer la intención de distorsionar la forma como ocurrieron los hechos”, afirmó la abogada Olga Naizir, del COFB.

En el caso 03 de la JEP, conocido como el de 'falsos positivos', se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Un total de 51 víctimas directas podrán seguir la transmisión de la diligencia y ocho abogados representantes de diversas organizaciones de víctimas estarán interviniendo en la versión.

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Con esta diligencia de Quiñones, quien comparece por primera vez ante la JEP, la Sala de Reconocimiento pretende indagar en  los hechos sucedidos en la región de Casanare, en el que se están estudiando 197 presuntas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de la Brigada XVI, que habrían ocurrido entre 2005 y 2008 en municipios de Casanare; Pisba, Pajarito y Labranzagrande, en Boyacá; Tame, en Arauca; Barranca de Upía, Meta, y Paratebueno, Cundinamarca.

Sobre esos hechos la Sala deberá determinar la responsabilidad después de la contrastación, imputar y llamar a reconocer a aquellos que tuvieron las máximas responsabilidades. 

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