General Torres Escalante y otros 17 exmilitares reconocieron 'falsos positivos'

De un total de 25 imputados, 18 exmilitares le han manifestado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que aceptan su responsabilidad por 'falsos positivos' en Casanare.

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Entre los que han reconocido está el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la XVI Brigada entre diciembre de 2005 y junio de 2007. El general (r) reconoció su responsabilidad a título de autor mediato de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En total, la JEP imputó el 14 de julio pasado a 22 del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles, quienes tienen hasta el 8 de noviembre de 2022 para reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad.

Junto con Escalante, también reconociendo su máxima responsabilidad como autores mediatos el coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.

Asimismo, han reconocido su responsabilidad en calidad de coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava; y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.

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De la misma forma lo hicieron los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el cabo primero (r) Gélver Pérez García; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; y el civil Miguel Fernando Ramírez.

En julio la JEP llamó a reconocer su responsabilidad por su participación en el asesinato de 296 personas en 212 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca, a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes que hicieron parte del Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno) y de los batallones de Contraguerrilla 23, 29 y 65, y el DAS.

Entre las víctimas en este caso hay registradas nueve mujeres, una persona Lgbti, cinco adolescentes y tres adultos mayores.

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Según la investigación de la Sala de Reconocimiento, hay bases suficientes para afirmar que 212 (64,4 por ciento) de las 329 muertes en combate presentadas entre 2005 y 2008 por la Brigada XVI fueron en realidad asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate. Además, aunque en otros casos las víctimas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla, delincuentes o paramilitares, en el momento de su muerte no participaban en combate alguno.

En este subcaso, hasta el 8 de noviembre de 2022 es el plazo para que todos los comparecientes reconozcan los hechos que les fueron imputados y su responsabilidad o, por el contrario, los rechacen. Los comparecientes también pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Del otro lado, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Posteriormente, la JEP fijará mediante auto la fecha para la audiencia pública de reconocimiento, como las que ya se realizaron dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.