La JEP abre un incidente al gerente de EPM por incumplimientos

Debido a los incumplimientos a las solicitudes que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ha hecho a Empresas Públicas de Medellín (EPM), magistrados de esa justicia decidieron abrir un incidente de medidas correccionales contra el gerente, Álvaro Guillermo Rendón López, o quien haga sus veces en la entidad.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que es la que viene estudiando las medidas cautelares a zonas donde se presume que hay desaparecidos, como el caso de la región de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, había ordenado a EPM entregar los soportes en los que se basó para hacer el traslado istrativo de los cuerpos de tres cementerios que fueron inundados.

Se trata de los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo, ubicados en municipios del Occidente de Antioquia, de influencia de Hidroituango.

El plazo para que la empresa entregara esos documentos se venció el 29 de julio, pero EPM no respondió ni envió justificación para su incumplimiento, según informa la JEP, y por eso se abrió el incidente de incumplimiento.

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Esta información fue pedida después de la audiencia pública llevada a cabo el 8 y 9 de octubre de 2019 en Medellín, en la que se evidenció que no había certeza por parte de la empresa de que los cuerpos trasladados no correspondieran a víctimas del conflicto, y en particular, del crimen de desaparición forzada.

Allí, la JEP le ordenó a EPM remitir la autorización que recibió de la Fiscalía General de la Nación para trasladar los cuerpos de cementerios en Toledo e Ituango, así como informar de las actividades de recuperación de cuerpos en convenio con la Universidad de Antioquia y la empresa Integral, que terminaron en un laboratorio de esa universidad y hoy están bajo medidas cautelares.

Tras revisar las respuestas de EPM, la Sección concluyó que "no hay claridad del debido cumplimiento de los procesos de recolección de información con las comunidades, ni del desarrollo de los procesos de búsqueda, prospección y exhumación realizados, ni de cómo estos se ajustan a los requisitos de ley y estándares técnicos y éticos." 

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Al contrario, la JEP halló que los fiscales del GRUBE, especializados en la búsqueda de desaparecidos, le advirtieron a EPM que "si en los Cementerios a intervenir existen cuerpos en condición de no identificados, estos no pueden ser intervenidos por ustedes".

Efectivamente, en sus inspecciones a la Universidad de Antioquia la JEP halló al menos tres cuerpos provenientes de Orobajo (Sabanalarga) con señales de muerte violenta y sin identificación.

En consecuencia, la JEP pidió a EPM los documentos que certificaban la afirmación de que en esos cementerios no había cuerpos relacionados con el conflicto armado, así como los informes técnicos de todo el proceso de traslado.

Los términos para que EPM entregara estos documentos ya habían sido prorrogados, incluso más tiempo porque la notificación de la orden tardó en llegar, pero finalmente el plazo terminó fijado para el 29 de julio, "sin que hasta el momento esta Jurisdicción haya recibido la respuesta ordenada, ni haya sido enviada justificación alguna acerca de su incumplimiento por parte de EPM", dice la decisión de este 20 de agosto.

El gerente de EPM tiene cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa o contradicción, pero de no hallarse razones fundadas para su incumplimiento, la JEP podría imponerle medidas como multas o incluso la detención, que es una atribución que tiene cualquier juez de la República.

JUSTICIA

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