Inseguridad en 10 departamentos se atraviesa en diligencias con víctimas en la JEP

Zonas en Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo, Arauca, Boyacá, Cauca, Casanare, Meta y Vichada, departamentos que otrora fueron fortín de los bloques Sur y Oriental de la exguerrilla de las Farc, y en donde ocurrieron miles de secuestros –en la JEP hay acreditadas hasta el momento 1.814 víctimas, directas e indirectas, de ambos bloques–, siguen siendo 7 años después de la firma del acuerdo de paz zonas rojas en las que desarrollar diligencias con víctimas podría representar un riesgo para ellas.

(Lea también: Podría entrar la I: JEP ante la insistencia de exFarc por ley de punto final).

Así se extrae de informes de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que opera como la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a los que tuvo EL TIEMPO, que presentan un monitoreo de seguridad y concluyen que la mayor parte de los departamentos del sur y el oriente del país, en los que deberían hacerse audiencias de observaciones de víctimas, fueron reportados como zonas de riesgo.

Por ese motivo, y también porque algunas víctimas pidieron la comparecencia virtual, la JEP optó por realizar estas audiencias de manera virtual y presencial solo en Bogotá, Villavicencio y El Tablón de Gómez (Nariño). Esas audiencias, en las que las víctimas indican qué de lo que han dicho los comparecientes consideran cierto, con qué están en desacuerdo, y en donde habría un reconocimiento insuficiente, son claves para la investigación de la jurisdicción de paz.

Dos autos firmados por la magistrada de la Sala de Reconocimiento Julieta Lemaitre, relatora del caso sobre secuestro, mencionan que se tenía la idea de hacer audiencias de observaciones de víctimas a lo dicho por los comparecientes del bloque Oriental en Villavicencio (Meta) y Bogotá, y que las víctimas de este bloque se desplazarían desde Arauca, Casanare, Boyacá, Meta, Cundinamarca, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada; en el caso del bloque Sur, junto con los representantes de víctimas se habló de hacer audiencias en Florencia (Caquetá), Neiva (Huila), El Tablón de Gómez (Nariño) y Bogotá, sitios a los que las víctimas se desplazarían desde Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca.

(Lo invitamos a leer: ¿Qué busca averiguar la JEP sobre atentado con ‘rockets’ en posesión de Álvaro Uribe?).

En ese orden, se le pidió a la UIA hacer estudios de seguridad para conocer la posibilidad de realización de las audiencias del bloque Oriental y del bloque Sur en municipios donde las víctimas participen sin comprometer su integridad, los informes llegaron el 9 de febrero acompañados de unos mapas en los que se ve cómo la mayoría de puntos de los antiguos bloques Sur y Oriental son hoy zonas rojas.

En el caso del bloque Sur, se identificaron puntos geográficos en 21 municipios de 5 departamentos que evidencian un nivel muy alto de amenaza, “en cada uno de estos lugares existe un riesgo muy elevado que atenta contra la libre movilidad y la defensa de los derechos humanos, razón por la cual se puede predicar que existe un potencial peligro para las víctimas acreditadas que vayan a participar en las audiencias”, se lee.

(Puede interesarle: Los reclamos por verdad y justicia de víctimas de ‘falsos positivos’ en Antioquia).

A estos se suman 21 municipios de 5 departamentos con un riesgo alto; puntos en 18 municipios en 3 departamentos con un nivel de amenaza media, y en 18 municipios de 5 departamentos se identificó un nivel de amenaza baja.

Frente al bloque Oriental, el análisis de la UIA deja ver puntos geográficos en 9 municipios de 2 departamentos que evidencian un nivel muy alto de amenaza: “El caso más álgido se registra en el departamento de Arauca, ya que el 86 por ciento del territorio registra graves amenazas a la libre movilidad y a la labor ejercida por defensores de derechos humanos”. Se suman 7 municipios de 5 departamentos que evidencian un nivel alto de amenaza, puntos en 11 municipios en 4 departamentos con un nivel de amenaza media y zonas en 28 municipios de 3 departamentos con un nivel de amenaza baja.

Por esos motivos, los estudios de la UIA concluyen, sobre el bloque Sur, que Bogotá y El Tablón de Gómez serían sitios propicios para las audiencias, pero Florencia y Neiva “presentan condiciones de seguridad no óptimas que pueden llegar a crear un riesgo para las víctimas ex ante o ex post a la realización de la audiencia”, y frente al bloque Oriental, se dice que las audiencias se podrían hacer en Villavicencio y Bogotá; en ambos casos se añade que “existe la posibilidad que los intervinientes ante la JEP tengan que trasladarse desde municipios que presentan un nivel de amenaza alto y muy alto”.

Entre los riesgos que se identifican para ambos casos se citan las confrontaciones por control territorial entre subestructuras de las disidencias ‘Segunda Marquetalia’ y ‘Estado Mayor Central’, así como de estas con la Fuerza Pública; también se habla del control social que imponen frentes de esos grupos, del Eln y también del ‘clan del Golfo’ en algunas regiones, restricciones de la movilidad por retenes ilegales o instalación de minas antipersonales, el confinamiento en territorios por causa de enfrentamientos entre los distintos actores ilegales, la amenaza a liderazgos sociales, entre otras acciones de los grupos ilegales.

Estos riesgos fueron reportados aun cuando con al menos dos de estos grupos, el Eln y el ‘Estado Mayor Central’, hay vigentes ceses del fuego, en medio de acercamientos de paz que adelanta el Gobierno.

Sobre la situación, la magistrada Lemaitre indicó que el examen del impacto de los ceses del fuego en medio de las negociaciones actuales les corresponde al Gobierno y a los expertos, pero que por el estudio que han hecho “de los contextos de fortalecimiento de las Farc en los años 80 y 90 es claro que el cese del fuego fue una ocasión para crecer. Pero era una guerrilla cuyo plan estratégico era, precisamente, expandirse, tomarse Bogotá y controlar las rutas de a las capitales departamentales; no controlar las rutas de la coca”.

(Más notas: Cadena perpetua a Mario Palacios, exmilitar colombiano vinculado a magnicidio en Haití).

Y en general sobre la dificultad al trabajo de la JEP y la participación de las víctimas, la togada indicó que han debido abstenerse de ir a algunos sitios.

De hecho, la Sala de Reconocimiento optó por convocar audiencias solo en algunas capitales, y esta misma semana arrancó en Bogotá la audiencia en la que 47 víctimas del bloque Oriental presentarán observaciones a lo dicho por 61 exguerrilleros.

En la audiencia de este 4 de marzo se escuchó a víctimas como John Fredy Díaz, quien fue secuestrado el 21 de junio de 2001, tras la toma de la base de Miraflores (Guaviare), él pasó 3.060 días en cautiverio y en paralelo sufrió la muerte de su hermano Diego en la toma de Miraflores, su reclamo fue que se reconociera la verdad sobre ese hecho, y añadió: “Todo el secuestro ha traído consecuencias. Por más que uno quiera, el caso nos marcó para toda la vida”.

Sí, por lo menos en los casos en los que hago de relatora sabemos que hay lugares donde se han reconfigurado los actores de la guerra y son una amenaza para todos, incluyendo los funcionarios de la JEP. A pesar de las circunstancias informadas al despacho, iremos a escuchar a las víctimas en todos los lugares donde la presencia de la JEP no genere riesgos adicionales para víctimas y funcionarios.

La inseguridad en los territorios afecta la participación de víctimas y comparecientes, por razones obvias. Es difícil tramitar el pasado cuando se enfrenta la presencia y la intimidación directa de unas disidencias que se quieren posicionar como si fueran las Farc de los 90, y que buscan reciclar la peor violencia de los años 90 declarando a los civiles “objetivo militar”.

El trabajo que adelanta este año mi despacho se dirige a dar el cierre jurídico a lo que fue el secuestro en las regiones, al enorme sufrimiento de las víctimas de secuestro en todo el país. En este proceso los mandos medios están poniendo la cara para responderles a las víctimas, que tienen preguntas y reclamos. Es un proceso que en el mejor de los casos lleva a la convivencia pacífica en estos mismos territorios de quienes, como víctimas o como victimarios, comparten la misma historia, el mismo pasado. ¿Cómo adelantar este proceso en medio de la presencia intimidatoria de nuevos jóvenes armados, de nuevas amenazas y extorsiones que ahora apuntan también a los comparecientes? Es una labor que a veces parece imposible y que, sin embargo, es indispensable.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En X: @MIOF_