En decisión del pasado 26 de noviembre, la J
urisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó a Jaime Blanco Maya, medio hermano del excontralor Edgardo Maya Villazón, y quien
fue condenado en la justicia ordinaria por el asesinato de dos sindicalistas que trabajaban para la multinacional carbonífera Drummond, en el Cesar.Blanco Maya también es investigado por el asesinato de Hugo Manuel Guerra Cabrera, un comerciante que habría podido recibir el contrato de alimentación de los trabajadores de Drummond, que estaba en manos de Blanco Maya como representante de la empresa Industrial de Servicios y Alimentos ISA. Es decir, Guerra era un competidor de Blanco.
En su solicitud de sometimiento a la JEP, decidida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Blanco Maya se comprometió a esclarecer “la relación [de financiamiento] entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la multinacional Drummond” entre 1993 y 2002, en las que él habría actuado como intermediario. Además, se comprometió a esclarecer “cómo se dio la victimización a grupos sindicales”.
Jaime Blanco Maya fue condenado por un juzgado especializado de Bogotá por el asesinato de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, quienes eran, respectivamente, presidente y vicepresidente del sindicato Sintramienergética. Los hombres fueron asesinados el 12 de marzo del 2001 por integrantes del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC.
Para ese momento, el sindicato estaba pidiendo a la empresa mejorar las condiciones de alimentación, por lo cual esas exigencias se interponían en los intereses de Blanco Maya.
De acuerdo con la decisión del juez ordinario en primera instancia, se demostró una relación de cercanía entre Blanco Maya y las AUC que “obedecía a la comunidad de intereses que compartía el acusado con las autodefensas, al punto que contribuía económicamente con ellos y les suministraba alimentos”.
En los asesinatos, la justicia estableció, a través de testimonios de paramilitares, que fueron cometidos a petición de Maya Blanco.
El comerciante ofreció a la JEP, como medidas de reparación a las víctimas, hacer dos publicaciones en el periódico El Pilón de Valledupar y reparar a las víctimas de “las alianzas delictivas entre la empresa y las AUC” con medidas como una jornada de perdón público. También ofreció la construcción de un monumento en la plaza del corregimiento La Loma, cuyo valor ascendería a 48.290.000 pesos.
El presupuesto total de las medidas de reparación ofrecidas por el hombre, que están sujetas a ajustes en el proceso de comparecencia ante la JEP, es de 75.225.451 pesos.
En su decisión, la JEP ordenó notificar a 22 personas, víctimas de los hechos cometidos por Blanco Maya, como intervinientes especiales durante la investigación.
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