JEP itió a 4 exagentes del Gaula que estarían detrás de 14 ‘falsos positivos’

Aunque deberán reajustar sus propuestas de aporte de verdad y reparación de las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, el teniente (r) William Eduardo López Pico, el sargento primero (r) Carlos Arturo Malte Pérez y el soldado profesional (r) Duberney Lugo, antiguos del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada.

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Los exuniformados, que se acogieron a la JEP por 'falsos positivos’ cometidos entre 2006 y 2008, recibieron también el beneficio de libertad transitoria.

Según informó la jurisdicción, los hechos por los cuales la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP aceptó el sometimiento de tres de los cuatro exmilitares ocurrieron entre el 5 de noviembre de 2006 y el 24 de mayo de 2008 en Tolima, cuando López, Malte y Lugo habrían presentado por lo menos a 14 personas como bajas en combate, cuando en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales.

Estas operaciones se habrían ejecutado con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime) a la cual pertenecía José Wilson Camargo Arévalo; y habría sido apoyadas por funcionarios del extinto Departamento istrativo de Seguridad (DAS), entre los que se encontraba el detective Giovanny Calderón Salazar, según la resolución SDSJ N° 1059 del 16 de marzo de 2023.

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Las 14 víctimas directas de estos hechos fueron identificadas como: Carlos Augusto Villanueva Arcila, Hernando de Jesús Pérez Patiño, Cristian Camilo Rojas Morales, Heliodoro Parada Urueña, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, Jeison Méndez Zorro, Rubén Fernando Sánchez Morales, Dorancé Enciso Molina, Marco Antonio Quiroga, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, Jesús Alirio Lloreda Machado, Alexander Jiménez Gallego y Luis Alfonso Jiménez Gallego.

Además, el sometimiento de Camargo Arévalo se otorgó por hechos en los que integrantes del Batallón de Infantería 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, quienes operaban bajo su mando, habrían asesinado y presentado como bajas en combate a Jaime Antonio Pérez y Óscar Eduardo Hincapié Duque, el 7 de septiembre de 2003, en la vereda Cristalinas del municipio Lejanías (Meta).

En el análisis de los hechos se encontró que para dar apariencia de legalidad a estos operativos, los ex del Gaula Militar Tolima alteraban la escena del crimen, poniéndole armas y material de intendencia a los cuerpos de las víctimas para luego reportarlas como integrantes de grupos armados ilegales; además, en algunos casos les habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación.

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También para darle apariencia de legalidad a sus delitos, los exmilitares habrían presentado documentación operacional fraudulenta y habrían dado declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar para desviar las investigaciones por estos sucesos.

Los casos contra los cuatro se agruparon en un mismo expediente porque tienen nexos estrechos en las conductas y presentan un modo de operar similar. Por ejemplo, se evidenció que integrantes del Gaula Militar Tolima habrían usado información de inteligencia aportada por la Rime y el DAS para capturar civiles y personas protegidas por el DIH que, posteriormente, fueron asesinadas y presentadas como resultados de “operaciones antiextorsión”.

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Las víctimas habrían sido adas bajo engaños o en medio de presuntas “entregas controladas” de dinero en cobros de extorsiones, para luego ser llevadas a las zonas rurales donde fueron asesinadas.

Finalmente, además de los cuatro exuniformados a los que se aceptó el sometimiento, la SDSJ considera que otros de la Fuerza Pública que estarían involucrados en estos delitos son: el coronel (r) José Luis Martínez Suárez, quien se desempeñó como comandante del Gaula Tolima, y el mayor (r) Germán Alberto Cruz Barrera, quien también perteneció a esta unidad militar.

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