Quedó en libertad el despojador de tierras del Urabá Benito Molina

Uno de los principales despojadores de tierras de Córdoba y Urabá, señalado de tener nexos con grupos paramilitares, recibió el beneficio de libertad transitoria.

Se trata de Benito Molina, quien fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado, condena que cumple en la cárcel La Picota de Bogotá.

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP otorgó el beneficio, al considerar que la información aportada por Molina Velarde al alto tribunal “supera inicialmente los hechos por los cuales fue investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria, aporta relato acerca del contexto de conflicto, y los intereses de la Autodefensas Unidas de Colombia no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba sino en las grandes inversiones estratégicas”.

Entre 1997 y 2007, Molina fue presidente de dicho fondo, que con el auspicio de los paramilitares despojó más de 100 predios de la región.

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De hecho, el pasado diciembre el procesado participó de una audiencia ante la JEP junto con otros de la junta directiva del Fondo Ganadero y Sor Teresa Gómez, la llamada viuda negra del clan de los hermanos Castaño.

Tras analizar los aportes de verdad plena entregados por Benito Molina los días 7 y 9 de diciembre de 2020, y el 20 de enero y primero de febrero de 2021, la JEP estimó que  “describe preliminarmente las redes de apoyo político local y regional del grupo armado ilegal para la concreción del plan criminal y el fortalecimiento del proyecto paramilitar”.

Entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las AUC, junto con el Fondo Ganadero de Córdoba, despojaron y sacaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas (zona rural entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el urabá antioqueño). 

Las víctimas de desplazamiento forzado en la región de Tulapas, acreditadas ante la JEP, expresaron estar de acuerdo con la libertad condicionada del empresario, “siempre y cuando se garantice que el señor Benito Molina Velarde seguirá compareciendo ante la JEP y cumpliendo con los compromisos adquiridos”.

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Según informó la JEP, Molina deberá profundizar sus aportes a la verdad plena sobre las finanzas y el proyecto de inversiones del grupo paramilitar en conjunto con el Fondo Ganadero. Esta información deberá suministrarla dentro del caso 04 de la JEP, que trata de la 'Situación territorial de Urabá'.

La Sala aclaró que el compareciente no podrá salir del país sin previa autorización de la jurisdicción  y advirtió a Molina que el beneficio tiene una naturaleza provisional, lo que implica que puede ser revocado en caso de que incumpla las obligaciones contraídas o los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición.