Las duras verdades de militares en reconocimiento por 'falsos positivos'

“Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté a familiares de los que están acá, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que eran guerrilleros. Asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por la presión de unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. No es justo, no es justo”.

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Las frases del suboficial retirado del Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez conmocionaron a varios de los asistentes y los espectadores virtuales, que las replicaron en redes sociales.

Vestido de blanco y con voz ronca, Gutiérrez detalló cómo funcionó la máquina criminal que existía en unidades militares de la región del Catatumbo, Norte de Santander, para asesinar y civiles y presentarlos como delincuentes dados de baja en combate para aumentar los resultados operacionales y recibir incentivos, la práctica execrable conocida como ‘falsos positivos’.

El testimonio del suboficial, quien era cabo durante la época de los hechos (2007 y 2008), abrió las intervenciones de militares este martes, en la primera audiencia pública de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que marca un hito en la aceptación de responsabilidad y las solicitudes de perdón en los modelos de justicia transicional.

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Por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad reconocieron pública y personalmente —ante la sociedad, las víctimas y la justicia— su participación en estos delitos.

En la audiencia, que se llevó a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña –municipio nortesantandereano emblemático para las víctimas de ‘falsos positivos’– hicieron presencia 10 militares y un civil, imputados a mediados del año pasado por la JEP por su rol en las ejecuciones.

En mayor y menor nivel de profundidad en sus declaraciones, seis de los procesados hablaron. A ellos los antecedieron las víctimas, que pusieron de relieve los graves daños, el dolor y las rupturas familiares y comunitarias ocasionadas por el accionar criminal de los uniformados involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.

Eduvina Becerra, la primera víctima del Catatumbo en tomar la palabra y quien desde hace más de 14 años busca verdad y justicia por el asesinato de su esposo Jorge Eliécer Ortega, les exigió a los militares que limpien el nombre de sus familiares asesinados.

“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”, manifestó Eduvina.

En la audiencia también estuvo Villamir Rodríguez, la única víctima sobreviviente del caso, quien aunque se salvó de ser asesinado por los militares, resultó detenido por unos señalamientos falsos del capitán (r) Daladier Rivera Jácome, uno de los imputados.

Rivera le pidió perdón al sobreviviente y le dijo: “Quiero aclararles al mundo y los colombianos que usted no era ningún combatiente. Vengo a limpiar su nombre. Soy responsable de que usted estuviera detenido. Yo elaboré falsos documentos de inteligencia que puse a disposición de la Fiscalía”, señaló el capitán (r).

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El militar no fue el único que reconoció haber manejado documentación falsa, lo cual, según la investigación de la JEP, fue frecuente en el entramado criminal que se armó en algunas unidades militares para darles apariencia de legalidad a las bajas en combate de civiles inocentes.

El otrora jefe de operaciones del Batallón Infantería N.°15 (Bisan), Juan Carlos Chaparro reconoció: “Yo generaba documentación con las mentiras que a mí me daban. Yo nunca verifiqué, ahondé, ni fui más allá de lo que estaba pasando (…). Lo único que me importaba a mí era que la documentación, así fuera mentirosa, estuviera. Pido perdón por estos crímenes de lesa humanidad que cometí (…), pido perdón por las actividades atroces que cometí, encubrí y que tapé”.

Las declaraciones en ese sentido también se escucharon de oficiales de mayor rango, como el coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil. “Vengo a reconocer que existió una banda criminal al interior de la Brigada de la cual tuve conocimiento, que no denuncié, ni investigué”.

El alto oficial en retiro salpicó en su declaración al comandante del Ejército de la época, el general Mario Montoya Uribe, quien también está sometido a la JEP pero ha sido criticado por su actitud renuente a entregar testimonios esclarecedores en el tribunal transicional.

Según Castro, las ejecuciones extrajudiciales sucedieron “de acuerdo a las políticas del comandante del Ejército. La exigencia siempre fue repetitiva y en los diferentes escalones del mando. Acepto mi responsabilidad por las ejecuciones de 2008, cuando era comandante, porque continué ejerciendo estas políticas del comandante del Ejército para la época, el general Mario Montoya, de mostrar resultados a como diera lugar”, sentenció el coronel (r).

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Pero estas declaraciones no fueron suficientes para las víctimas, que pidieron más verdad y más revelaciones sobre la presunta participación de las cabezas de las Fuerzas Militares y el Ejecutivo en los ‘falsos positivos’.

“Queremos más verdad, porque están ocultando o encubriendo a los verdaderos responsables. Ustedes no son los únicos, falta gente y queremos que también nos den la cara”, dijo Mayra Alejandra Jaimes, la octava víctima en tomar la palabra, ya hacia el cierre de la audiencia.

El abogado Sebastián Bojacá, de la Comisión Colombiana de Juristas –que representa a varias víctimas del caso 03 en la JEP– aseguró que “los comparecientes no están aportando al conocimiento individual de los hechos de las víctimas presentes, solo algunos y solo en algunos casos, pero tampoco están aportando para entender quiénes originaron la política institucional y cómo se transmitieron las órdenes desde el puesto más alto de la jerarquía y cómo se transmitieron al punto mas bajo”.

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Aunque el abogado reconoció que “sin duda alguna esta audiencia es un paso muy grande, sobre todo en el conocimiento de la sociedad colombiana de la práctica de ‘falsos positivos’ ”, criticó la actitud de algunos comparecientes, sobre todo los de mayor rango: “Tratan de explicarse como si sus responsabilidades fueran por omisión, cuando en versiones, en sus relatos en espacios privados refieren acciones que demuestran cosas distintas”.

La segunda parte de la audiencia de reconocimiento se llevará a cabo este miércoles 27 de abril, desde las 8 de la mañana, también en Ocaña.

Se espera que los militares hablen de la legalización de los asesinatos, el encubrimiento y la estigmatización de la población civil.

De momento, lo escuchado en la primera parte de la audiencia representa uno de los mayores aportes que los militares han hecho de manera pública ante la justicia para esclarecer el fenómeno de los ‘falsos positivos’ y supone un paso clave para la imposición de las primeras sanciones por parte de la JEP.

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Como dijo al inicio de la diligencia el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción: “Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento”.

A Ocaña llegaron las madres de Soacha (Mafapo) para estar presentes durante la audiencia. Sin embargo, había un sinsabor en ellas, pues, a pesar de reconocer la labor de la JEP al imputar a 11 responsables, consideran que estos “recibían órdenes de los entonces ministro de Defensa y presidente de la República: Juan Manuel Santos Calderón y Álvaro Uribe Vélez, respectivamente”.

Jacqueline Castillo, vocera de Mafapo, indicó en entrevista con EL TIEMPO que “es tanta la dimensión de los crímenes que cometieron que se nos iría toda una vida llevando caso por caso, eso lo sabíamos y lo entendíamos, pero finalmente no pueden quedarse ahí”. La líder reconoció el trabajo que hizo la JEP en demostrar que las ejecuciones se trataron de una práctica sistemática y en imputar a los responsables, pero consideró que también es necesario señalar como máximos responsables a altos mandos del Ejército.

“Para nosotras, los máximos responsables son los comandantes mayores de las Fuerzas Militares, los generales en cada brigada, el ministro de Defensa, el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos son los máximos responsables y no un general que es el que está aquí presentándose con otros comparecientes”, lamentó la representante de Mafapo.

Ana Delina Páez, otra madre de Soacha que viajó a Ocaña, coincidió con Castillo. “Aquí está el reclutador, los que obedecieron órdenes para matar a los muchachos… Hay responsables, pero ¿quién le dio la orden a esa gente? Queremos que nos digan por parte de quién llegaron a ejecutar los muchachos…”, lamentó con un quiebre en su voz.

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El abogado Fernando Rodríguez Kekhan también se refirió a los reclamos de las madres de Soacha: “Desde la perspectiva de las víctimas, aún tienen mucho más que decir”. (...) En su sentir no se ha llamado a todos los que tenían que haber llamado: algunos militares ni siquiera fueron convocados ni rindieron versión voluntaria y, sin embargo, están tranquilos, sin ningún tipo de molestias”, manifestó el abogado, y dijo que “de cualquier manera, tienen la certeza de que lo que han escuchado no es todo… falta”.

Así como en el caso de los ‘falsos positivos’ y la responsabilidad de los militares, también habrá una audiencia de reconocimiento con el exsecretariado de la desaparecida guerrilla de las Farc por su responsabilidad en secuestros (caso 01 de la JEP).

Se realizará en Bogotá el próximo 31 de mayo, y el 2 y 6 de junio. La JEP les imputó el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.

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En julio emitirá la primera resolución de conclusiones para que el Tribunal de Paz proceda con la imposición de sanciones a las que haya lugar.

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