JEP ratificó imputación por esclavitud y secuestro al antiguo secretariado de las Farc

(Lea también: 'Queremos la verdad absoluta': el reclamo de víctimas a ex-Farc por secuestros en Tolima, Huila y Quindío).

Es de recordar que los del antiguo secretariado que fueron imputados en este caso, y que en una audiencia de 2022 reconocieron su responsabilidad, son Rodrigo Londoño Echeverri, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres Victoria y Rodrigo Granda Escobar.

Frente a estos siete comparecientes, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ratificó la imputación que estableció que el crimen de esclavitud fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Así mismo, se informó que para el Tribunal, el antiguo secretariado de las Farc "es responsable por la comisión de crímenes de guerra de torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado".

El anuncio de este lunes antecede la próxima impartición de sentencias, que ocurrirá tras culminar la evaluación de correspondencia de la imputación y resolución de conclusiones que previamente hizo  la Sección con Reconocimiento.

(Puede interesarle: Víctima de secuestro le pidió trabajo al presidente Petro y contó su lucha por conseguir empleo).

En ese sentido, se espera que próximamente sea convocada una Audiencia de Verificación, a la que seguirá que el Tribunal para la Paz profiera las primeras sanciones de la JEP.

Lo anterior, de acuerrdo con la JEP, también se sustenta en que los trabajos forzados impuestos por los de las antiguas Farc-EP se caracterizaron por la imposibilidad de las víctimas de cambiar su condición por la coerción, el temor, las amenazas y las restricciones físicas a su libertad individual que anularon su personalidad jurídica como individuos".

Tras analizar la correspondencia, la Sección de Reconocimiento ratificó que en esos casos las víctimas fueron forzadas a realizar trabajos en contra de su voluntad, ya sea como castigo, control territorial o para favorecer a la organización.

Además, detalla la Sección, que los hechos ilustrativos de los trabajos forzados impuestos a las víctimas no fueron consentidos y se caracterizaron por el control y abuso como medio para el desarrollo de los trabajos, las amenazas de muerte o peligro para la integridad en el caso de no realizar los trabajos e, incluso, como consecuencia de la falta de capacidad de pago de las víctimas.

"Tras decretar la correspondencia, la Sección encontró que la antigua guerrilla de las Farc-EP adoptó unas políticas de privación de la libertad cuyos propósitos eran: financiación; forzar el canje por guerrilleros presos; y controlar territorios y poblaciones, las cuales derivaron en profundas afectaciones a la sociedad colombiana, pero, particularmente, a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables", señaló la JEP.

La JEP expuso que las víctimas directas e indirectas de los referidos patrones criminales documentados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad padecieron menoscabo de sus derechos en una dimensión material e inmaterial. Esto quiere decir que hubo pérdida de bienes y proyectos de vida, así como de relaciones humanas. Además, las víctimas sufrieron serias consecuencias a su integridad física, psicológica, psíquica y moral, como consecuencia de los malos tratos y de los crímenes concurrentes sufridos durante el secuestro.

Luego de que la Sección de Reconocimiento hubiese determinado la correspondencia respecto de los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones jurídicas realizadas, los responsables, las propuestas de sanción, y de haber analizado las contribuciones a la verdad y la reparación, el Tribunal para la Paz ordenará una audiencia de verificación.

En esta audiencia participarán las víctimas acreditadas del Caso 01, los comparecientes y el Ministerio Público. Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.