'La JEP seguirá desenterrando la verdad que han pretendido esconder': magistrado Ramelli

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está batiendo una tormenta desde diferentes frentes. Por un lado, las críticas del uribismo que les pidió la publicación de los 6.402 nombres de las víctimas de los 'falsos positivos' y cuestiona su celeridad. Por el otro, la presión de los comparecientes de las extintas Farc, quienes a propósito de unas declaraciones del presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli, vieron amenazados los compromisos judiciales firmados en los acuerdos de paz del 2016.

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Este sábado 7 de diciembre se conoció un comunicado que envió a la comunidad internacional Rodrigo Londoño, cabeza del antiguo secretariado de la guerrilla, elevando a esta instancia su preocupación por las decisiones de la jurisdicción. La misiva se remitió días después de que el presidente Ramelli sugiriera que, de agotarse el plazo del tribunal (15 años), los expedientes podrían terminar en la justicia ordinaria.

"Parece que la magistratura de la JEP se ha propuesto la derrota moral de los firmantes, antes que garantizar un proceso judicial justo, ágil e imparcial, olvidando que la justicia transicional y restaurativa nació de un Acuerdo político y prospectivo", se lee en el documento. 

En respuesta, el magistrado también hizo público un oficio que radicó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y la Corte Penal Internacional defendiendo el trabajo de la JEP. 

Con un tono vehemente, aseguró que esa Corte "no puede pasar por alto el dolor de las víctimas y sus demandas de verdad como pretenden algunos sectores, que desde la política quieren que desvíe su mandato", refutó el magistrado Ramelli. 

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Las pretensiones a las que se refiere tienen que ver con la solicitud de una única resolución de conclusiones que incluya todos los graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto presentada por los exFarc. Pero también por exigencias desde la otra orilla, la Fuerza Pública, a través de sectores políticos que piden una pronta solución a su situación jurídica.

"Es importante recordar que los beneficios para quienes se someten a la JEP están supeditados a sus aportes a la verdad, la no repetición y a que sus respuestas a las víctimas sean satisfactorias", recordó el presidente.

Y agregó que el tribunal "seguirá desenterrando la verdad que han pretendido esconder y esclareciendo patrones macrocriminales desconocidos por el país".

En este camino, resaltó la importancia de la coordinación con las otras ramas del poder público y los comparecientes: agentes del Estado, terceros civiles y firmantes del acuerdo, quienes se comprometieron a aportar a una verdad exhaustiva y sin dilaciones.

Ramelli volvió a poner el tema sobre la mesa de la estricta temporalidad y aseguró que la conclusión fructífera de las investigaciones de los 11 macrocasos compromete "no solo a la jurisdicción, sino al Estado y a las víctimas".

Además, dio su palabra que quienes cumplan con el esclarecimiento de los hechos y la reparación tendrán derecho a una sanción propia que resuelva su situación jurídica. "No es suficiente asumir responsabilidades de manera general mientras se evaden a las víctimas", enfatizó.

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Finalizó destacando el apoyo de Naciones Unidas, los países garantes y la Corte Constitucional a su tarea. "También la Corte Penal Internacional y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han destacado los resultados judiciales y exigido respeto por su autonomía y mandato legal", concluyó. 

SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia