'Desestabilizar de cualquier manera nuestro trabajo es desestabilizar el cumplimiento del acuerdo de paz': presidente de la JEP

el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) magistrado Roberto Vidal en entrevista con EL TIEMPO se refirió a la tención que en la actualidad tiene la jurisdicción con el gobierno, tras la propuesta que en los últimos días lanzó el comisionado de Paz, Otty Patiño, de cerrar la JEP e instaurar otro tribunal de cierre del conflicto.

(Lea también: Tensión entre Gobierno y Poder Judicial escala: JEP pide respetar su jurisdicción ante propuesta del comisionado de paz de cerrarla).

Es un tema con implicaciones serias sobre el cumplimiento del acuerdo de paz, para la autonomía de la JEP como alta corte y para el proyecto transicional del acuerdo de 2016. Hay una discusión clara y pública, que además se ha llevado al Congreso, sobre el cierre de Justicia y Paz -creada tras la desmovilización de los paramilitares-, pero es preocupante que se quiera conectar esa discusión, así como la de las nuevas fórmulas transicionales en las negociaciones en curso de ‘paz total’, con una idea de cerrar la JEP.

Pero nunca se había hablado de un cierre de la JEP, cuando tenemos una temporalidad tan definida. Ahora se trata de justificar el cierre de la JEP con todos los debates de los procesos de la jurisdicción y con las conversaciones con otros actores armados en la ‘paz total’.

Es preocupante la destinación diferente que se le dio a recursos que llevamos 2 años gestionando, que son absolutamente necesarios y que sustentan las obligaciones del Gobierno en términos de aplicación de los proyectos restaurativos y las sanciones, que tienen Conpes y hasta artículos en el Plan Nacional de Desarrollo. Hace un mes el Gobierno toma esta decisión y eso nos afecta mucho. 

Son 450.000 millones de pesos que iban a ser garantizados de acá al final del periodo de gobierno con los cuales se iba a financiar la sostenibilidad de los proyectos restaurativos. Ahora que los recursos gubernamentales desaparecen, nos dejan en el limbo.

Empiezan a aparecer todas las alarmas que se habían establecido en el acuerdo que había firmado el Gobierno con el fiscal de la Corte Penal Internacional (I), en el cual se había comprometido a no interferir en el funcionamiento de la JEP, a no cuestionar su estructura y a ofrecer los recursos necesarios para su operación. Sobre los tres puntos vemos alertas. Esto no se trata solo de las obligaciones genéricas del Estatuto de Roma, es que hay un acuerdo firmado en 2021 entre el gobierno y la I. Además, hace 3 meses ante el Consejo de Seguridad de la ONU el Presidente sale a la comunidad internacional e insiste en que el Gobierno se encargará de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz y ahora esto lo contradice. Lo que está pasando no solo prende alarmas de la JEP sino las de la I y del Consejo de Seguridad.

Pueden ser muy diversas, pero lo claro es que de la situación virtuosa de tener un Estado comprometido con el cumplimiento de los acuerdos y el derecho internacional, de repente una decisión como la que se anuncia podría ponernos otra vez como un Estado que no cumple, como un proyecto fallido.

El mensaje para el Gobierno es que la JEP es sin duda alguna la columna vertebral que sostiene el cumplimiento de los acuerdos de paz. Primero, en la misión judicial que tenemos, pero también en muchos sectores: nosotros somos garantes de los derechos de víctimas, estamos protegiendo a los comparecientes, buena parte de la estabilidad de los acuerdos de paz pasa por la JEP. Desestabilizar de cualquier manera nuestro trabajo es desestabilizar el cumplimiento del acuerdo de paz, con efectos imprevisibles pero sin duda negativos.