'Manduco', uno de los excombatientes asesinados en Ituango

En junio del año pasado, cuando todos los colombianos vivían la incertidumbre de los primeros meses de la pandemia, a los desmovilizados de las Farc que iniciaron su proceso de reintegración a la vida civil en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, en la vereda Santa Lucía de Ituango (Antioquia), los rondaban miedos mucho más reales.

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Para ese momento ya eran 12 los exguerrilleros asesinados en esa región de la que rara vez se acuerdan el Estado y los colombianos, pero que nunca, para su desgracia, ha salido del mapa de los grupos armados ilegales: sean las Farc y los 'paras' de antes o las disidencias, las nuevas bandas y las avanzadas del Eln de hoy.

Ituango es la puerta de entrada, desde Antioquia, hacia el Nudo de Paramillo y se proyecta hacia el sur de Bolívar. Coca, armas y oro ilegal se han movido por allí durante décadas, y la única manera de que el resto del país vuelva sus ojos hacia allí es con muertos de por medio: la masacre del Aro, de 1997 —en la que perdieron la vida más de 17 campesinos en estado de indefensión— o apenas en julio pasado: el desplazamiento de 4.000 personas por cuenta de combates entre las disidencias de las Farc y el clan del Golfo.

Ante la incapacidad de cumplir con el compromiso de proteger a los desmovilizados, el Gobierno tuvo que mover el ETCR hacia Mutatá, tras acordarlo con los exjefes de la guerrilla desmovilizada. Entre los muertos que llevaron a ese 'trasteo' de la paz estaba Manuel Antonio González Buelvas, que en las Farc era conocido como 'Yair Cartagena', pero a quien desde siempre, acá y allá, le dijeron 'Manduco'.

Hijo de Élmer Arrieta, un mando del frente 18, 'Manduco' decidió irse para la guerrilla a tratar de encontrar al padre que nunca había conocido. Sus familiares dicen que tenía miedo de que lo mataran antes de que pudiera encontrarlo, pero finalmente fue su padre, también desmovilizado, quien tuvo que enterrarlo.

El 13 de diciembre del 2019, mientras conducía su motocicleta, fue ultimado a tiros en el sector Resplandores, a quince minutos de la cabecera municipal de Ituango, Antioquia. Regresaba de prestar un servicio como mototaxista, oficio al que se dedicaba para obtener ingresos extra y sostener a su compañera, también exguerrillera, y a su hija de diez meses.

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Su cuerpo tuvo que ser recuperado por los mismos exguerrilleros de la zona. Ninguna autoridad oficial se atrevió a realizar el levantamiento del cadáver, argumentando “la falta de garantías y seguridad en el sector”. La misma falta de garantías y seguridad que hoy, como hace 30 años, sigue asustando en Ituango.

Antes de irse con la guerrilla fue campesino. Jornalero. Cuando tenía 3 años, en 1991, sus abuelos paternos quedaron a cargo de su cuidado y lo criaron para trabajar la tierra en un pueblito de Córdoba. Allí lo dejó su padre, Manuel Antonio González Benítez, alias Élmer Arrieta, para irse con las Farc. Allí se quedó sin sus progenitores y esa fue la excusa para justificar su desinterés por el estudio.

Le decían ‘Manduco’ porque era un niño inquieto. Un manduco es un garrote o una pieza de madera en forma de un bate utilizada antiguamente para golpear la ropa al momento de lavarla. Pero también, dice su familia, era de pocas palabras y silencios. Muchos silencios.

“Salió a la mamá, que era muy callada. Si usted le hablaba, él le contestaba, pero no era una persona de poner mucha 'conversa'. Lo que sí es que era muy trabajador materialmente, como campesino. Se sabía defender en el monte”, afirma ‘Élmer Arrieta’, su padre, quien fue candidato por el Partido Farc —ahora Comunes— a la Asamblea Departamental de Antioquia.

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“Yo le hice muchos ofrecimientos cuando dijo que se quería unir al frente. Le dije que se fuera con la hermana o a trabajar en una finca. Le dije que estudiara. A mí me decía que lo iba a hacer, como que no quería contradecirme, pero siempre pedía ingresos (a la guerrilla) por otros lados hasta que lo consiguió”, recuerda. Se reencontraron en el monte, quince años después de dejarlo en Córdoba.

Padre e hijo pertenecieron al frente 18 de las Farc, que delinquía entre Antioquia y Córdoba y hacía parte del Bloque Noroccidental. Pero ellos no caminaban juntos.

‘Manduco’ o ‘Yair Cartagena’ era escolta de Román Ruiz, jefe del frente 18 que cayó en mayo del 2015 en una ofensiva conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Inteligencia de la Policía.

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Tras la caída de Román Ruiz, fue enviado a la zona donde estaba su padre. Y cuando se hizo la dejación de armas y tuvieron más tiempo para hablar, emprendieron la búsqueda de la mamá del muchacho, de la que él casi no sabía nada. A ella, la madre, la conoció un año antes de ser asesinado.

Se dedicaba a la ganadería en uno de los principales proyectos productivos que tenían los desmovilizados en el lugar. Quiso entrar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) como escolta, pero no lo consiguió en aquel primer intento.

“Era una persona sin vicios, un muchacho muy sano que le estaba metiendo el hombro al proyecto de ganadería”, dicen sus compañeros del espacio territorial.

Sobre el asesinato, la comunidad de Santa Lucía y los firmantes de paz que habitaban el territorio plantearon dos hipótesis: la primera es que querían enviarle un mensaje a Élmer, quien ya se había retirado del espacio tras enterarse de que era objetivo de los grupos armados que delinquen en la zona. O sea, de las disidencias de las Farc y del clan del Golfo.

Y la segunda, que tomó más fuerza, es que su trabajo como mototaxista lo puso en desgracia frente a uno de los grupos ilegales. Pero nunca fue amenazado y por eso su muerte violenta fue tomada como un claro mensaje de intimidación para que el ETCR se desplazara de la zona. Y así pasó.

Este hombre, nacido el 18 de septiembre de 1988, hijo de uno de los excomandantes que ahora se dedica a hacer pedagogía de la paz en Antioquia, fue asesinado a sus 31 años, a tan solo unos metros del espacio donde había comenzado su reincorporación. Sin embargo, es uno de los pocos asesinatos de firmantes de paz con avances en su esclarecimiento.

El 11 de marzo del 2020, tres meses después de la muerte, la Fiscalía le imputó cargos a José Daniel Vélez Valencia, alias el Flaco, sicario del ‘clan del Golfo’, quien fue condenado a 19 años de prisión por este y otros hechos delictivos en Ituango. Además, el 24 de agosto del mismo año, se acusó a León Darío Úsuga Manco, alias ‘el Negro’, señalado jefe de la subestructura Edwin Román Valle, del mismo clan.

“Yo creo que como campesino estaba soñando hacer su proyecto de vida con su compañera, con la niña… Él estaba buscando salir adelante”, dice 'Élmer'. Y señala la ironía de haber temido que a su hijo lo mataran cuando decidió irse al monte con él para vivir la guerra, haber salido ambos a salvo de esa etapa oscura y, sin embargo, haber tenido que enfrentar su muerte cuando ambos le habían apostado, por fin, a vivir en paz.

LUISA MARÍA VALENCIA*

Especial para EL TIEMPO