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Más de 2.700 personas han sido excluidas definitivamente de la JEP
En el listado hay corruptos y parapolíticos, entre otros.
Por no cumplir con las condiciones para entrar o permanecer en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los cinco años que lleva en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha rechazado o expulsado de forma definitiva a 2.772 personas que habían tocado la puerta de esta justicia transicional, surgida del acuerdo de paz firmado con las extintas Farc.
Según se informó, entre los excluidos hay exparamilitares, personas procesadas por corrupción, entre otros que no cumplían con los factores de competencia para entrar a la JEP, presentaron sus solicitudes por fuera de los tiempos, o que, una vez dentro del sistema transicional, incumplieron sus obligaciones con la paz.
Por ejemplo, se señala que algunos no brindaron aportes tempranos, oportunos y exhaustivos a la verdad que superen lo establecido por la justicia ordinaria.
¿Quiénes han quedado por fuera?
Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta. Foto:Archivo
Información de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) señala que el mayor porcentaje de procesos rechazos son 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y de otros grupos armados al margen de la ley.
Como la JEP es un tribunal transicional creado tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, su competencia se limita a exguerrilleros de ese grupo, policías o militares, y de forma voluntaria, terceros civiles o agentes estatales no uniformados.
En otros casos, la Sala ha determinado que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano. Por ejemplo, se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las ex-Farc y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social.
Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de de la Fuerza Pública estaban por fuera de la competencia de la JEP.
Frente a los que se quisieron ‘colar’ en la JEP, solicitando su sometimiento por delitos comunes como casos de corrupción o relacionados con narcotráfico, la SDSJ rechazó a 582 terceros civiles y a 84 agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública.
Los análisis para la expulsión de estas más de 2.700 personas han incluido la contrastación y verificación de las solicitudes, el seguimiento de los criterios de competencia y la consideración del régimen de condicionalidad.