No aceptan en la JEP a Monsalve, testigo clave contra Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de entrada que desde mayo de este año había enviado Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar preso en la cárcel La Picota que fue empleado de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, donde supuestamente se organizaron los 'paras' del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Su caso estaba siendo estudiado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que según la resolución conocida en exclusiva por EL TIEMPO, negó la isión a la jurisdicción puesto que Monsalve solicitó su entrada como exmiembro de la Banda Criminal (bacrim) 'los Rastrojos', algo que se escapa de la competencia de la JEP.

Según la resolución de la JEP, si bien "la violencia que padeció Colombia a lo largo de muchos años ha sido  una de las más complejas en lo que respecta a la variedad de quiénes han sido partícipes de la misma" no existe una remisión normativa que diga que la JEP puede ser el juez natural de los de las Bacrim.

La JEP continúa diciendo que esto es tan contundente que recientemente se creó un marco normativo destinado a facilitar el sometimiento de estas estructuras criminales, "a través de beneficios penales propios que reflejan claramente el trato diferenciado que se les da a este tipo de estructura", dice el documentado, refiriéndose a la llamada 'ley de sometimiento de bandas', promulgada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. 

Por ello, puntualizó la justicia especial de paz, "quienes actuaron como de bandas criminales quedan excluidos de la competencia personal de la JEP", puesto que, consideró, "itir su sometimiento a la JEP desnaturaliza el espíritu" del acuerdo de paz.

Si bien la JEP no itió el sometimiento de Monsalve, sí consideró que el fenómeno paramilitar no es ajeno al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repeteción (SIVJRNR) creado con el acuerdo de paz, por lo que dijo que es permisible para los ex de grupos de grupos de autodefensas acudir a la Comisión de la Verdad para aportad verdad de lo acontecido con el fenómeno paramilitar como detonante de la violencia en Colombia.

Contra la decisión de dejar por fuera de la JEP a Monsalve quedan los recursos de reposición y apelación.

Aunque los civiles con investigaciones o condenas por hechos relacionados con el conflicto armado no quedaron obligados a presentarse a la JEP, los magistrados de este sistema judicial han sido sorprendidos por una avalancha de particulares –muchos de ellos exfuncionarios del Estado–, que quieren acudir a esta.  Hasta octubre, 478 civiles habían radicado solicitudes de isión en la justicia para la paz, según documentos obtenidos en exclusiva por EL TIEMPO.

Juan Guillermo Monsalve tiene especial relevancia en el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia al expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Esto porque en 2014, en un debate en el Congreso sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia, el senador Iván Cepeda presentó dos declaraciones, una de Pablo Hernán Sierra García y otra de Juan Guillermo Monsalve Pineda, ambos exparamilitares que señalan a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe de haber participado en la conformación del Bloque Metro de las Auc. Uribe respondió que Cepeda había ido por las cárceles de Colombia y Estados Unidos “ofreciendo dádivas” a cambio de testimonios en su contra y luego lo denunció por un supuesto complot en su contra. 

Sin embargo, en febrero la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia que hizo Uribe por falsos testigos contra Cepeda, considerando que las actuaciones del senador del Polo se ajustaron a la ley. Además, consideró que quien habría intentado desviar testimonios habría sido el expresidente Uribe. 

Y en octubre de este año la Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra Uribe por presunta manipulación de testigos después de encontrar que, supuestamente, personas cercanas al expresidente estaban presionando a Monsalve para que se retractara de las afirmaciones en las que había relacionado a Uribe con las autodefensas. 

Según la Corte, el abogado Diego Cadena, quien presta sus servicios a Uribe, habló con el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel el 22 de febrero, al parecer con consentimiento del Senador del Centro Democrático.

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