JEP pide investigar por paramilitarismo a un excomandante de las FF.MM.

La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó que 16 de la Fuerza Pública por permitir y colaborar de manera activa para teñir de legalidad una falsa desmovilización de integrantes del Epl y de las Farc que realmente engrosaron la filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

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De esta manera, dijo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP se habría promovido el fortalecimiento y expansión del paramilitarismo en Colombia, facilitando a las Accu y a las Auc llevar a cabo incursiones criminales, incluso con participación del Ejército, en el Urabá, Meta y Guaviare en donde fueron asesinados integrantes de la Unión Patriótica.

Por esa razón, la Sala compulsó copias para que 16 de la fuerza pública sean vinculados al Caso 08 de la JEP, que es uno de los más recientes, que investiga los crímenes cometidos por de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.

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De las 16 personas involucradas, resalta el nombre del general en retiro Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Batallón Junín para 1996 y quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2013 y 2014. Igualmente, se encuentran René Sanabria Amaya, comandante de Inteligencia de la Brigada XI para 1996; Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada XVII para 1996 y 1997 y Eduardo León Figueroa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez (Bivel) entre noviembre de 1995 y octubre de 1996.

La decisión también cobija a Francisco Leonardo Ortiz Chavarro, comandante de la Brigada XI para 1996; Jorge Luis Mejía, comandante de Inteligencia de la Brigada XVII entre 1996 y 1997; Manuel José Pérez, comandante del Bivel entre septiembre de 1996 y noviembre de 1997; Nemesio Tafur Cardoso, agente de control en 1995 y subjefe de inteligencia del Bivel entre agosto de 1995 y julio de 1996.

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Además, están Emiro José Barrios, jefe de la Sección de Operaciones del Bivel entre noviembre de 1995 y octubre de 1996 y Segundo comandante de dicho Batallón para la misma fecha y Javier Gutiérrez de la Hoz, comandante de Pelotón de esa unidad en agosto de 1996 y a Hander Miguel Jaramillo Urrego, también miembro de pelotón del batallón entre agosto de 1995 y agosto de 1996.

La decisión también cobija a Carlos Alberto Santos Forero, miembro de pelotón del Bivel entre febrero de 1995 y julio de 1997; a Carlos Alberto Parra Trujillo, comandante del Batallón Contraguerrillas 35 ‘Coronel Jaime Díaz’, entre mayo de 1996 y mayo 1998; y quien estuvo en este cargo por unos meses en 1995 Jorge Enrique Bohórquez Cubillos.

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Y, finalmente, están Óscar Armando Valencia Barón, comandante de Policía de Apartadó en 1996 y Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, comandante de Policía del Departamento de Córdoba hasta agosto de 1996.

La decisión de 60 páginas señala que tanto los de la cúpula de las Brigadas XI y XVII, así como de los Batallones 33 de Infantería ‘Batalla Junín’; 47 de Infantería Francisco de Paula Vélez y Contraguerrillas 35 ‘Coronel Jaime Díaz’ legalizaron desmovilizaciones falsas de los frentes Pedro León Arboleda, Manuel Elkin González y Bernardo Franco del Epl y de de los frentes 5, 18, 34 y 58 de las Farc.

Se menciona que, por ejemplo, las ceremonias de desmovilización del segundo semestre de 1996 como un “producto de negociaciones, pactos y acuerdos entre los comandantes de los frentes guerrilleros, tanto individualmente, como de manera colectiva, con las ACCU”.

En el caso de la ceremonia de Cedro Cocido, dice la JEP, “fueron formados y presentados como desertores 44 del frente Pedro León Arboleda que ya se habían entregado a las ACCU el 30 de julio de 1996, entre ellos, Juan de Dios Úsuga, alias ‘Geovanny”, quien era el hermano de alias Otoniel.

Según la JEP, a pesar de haberse hecho esto público, fueron recibidos por parte del Gobierno y así quedó acreditado en el certificado 036 de la misma fecha expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas y en múltiples fotografías, que se suman a versiones recibidas por la justicia transicional de estos combatientes que reconocieron haber sido beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de guerrilleros desmovilizados y en proceso de reincorporación siendo paramilitares.

La evidencia llevó a la JEP a decir que el proceso de crecimiento y expansión de los grupos paramilitares tuvo un importante apoyo con el ingreso que a estas estructuras de quienes desertaron de las guerrillas.

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De hecho, los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y de Elkin Casarrubia, por ejemplo, “dan cuenta de la importante participación de los desmovilizados de estas guerrillas en el proceso de incursión y constitución del Bloque Centauros en los Llanos Orientales y la comisión de múltiples crímenes y masacres, entre ellas en Mapiripán, Caño Jabón, La Primavera, Lejanías, El Castillo y Puerto Lleras, entre 1997 y 1999”.

"Para este Despacho, y por todo lo expuesto con anterioridad, sería difícil desconocer que el crecimiento y expansión a nivel nacional de los grupos paramilitares, no tuviera una importante contribución como resultado del ingreso a dichos grupos de aquellos que desertaron de la guerrilla para el caso de las Farc o abandonaron las banderas de la organización delincuencial Epl", dice la decisión.

@JusticiaET