Procuraduría pide imputar a Farc por esclavitud y tortura en medio de secuestros

En sus observaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el caso de secuestros de las Farc, subcaso bloque Nororccidental, la Procuraduría General de la Nación pidió que se impute a los máximos comandantes del Bloque Noroccidental de esa exguerrila por crímenes de lesa humanidad como esclavitud, violencia sexual, tortura y desaparición forzada cometidos, entre otros, en contra de menores de edad, mujeres y adultos mayores.

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En el documento de observaciones el procurador delegado ante la JEP Jairo Acosta Aristizábal aseguró que hay una necesidad latente de que las víctimas sean exaltadas.

“Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad, fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables. Se han convertido en caminantes perpetuos, siguen reclamando restitución de tierras o indemnizaciones: reclaman lo que es suyo. El riesgo ante esta deuda, aún vigente, es que como sociedad y Estado volvamos a fallarles”, sostuvo Acosta.

Según informó el órgano de control, las versiones de comparecientes y víctimas en este caso identificaron 454 hechos cometidos por el bloque Nororccidental, esos crímenes agrupan un total de 1.200 víctimas, entre las cuales hay 167 mujeres, 895 hombres, tres personas con orientación sexual e identidad de género diversa y al menos 38 niños, niñas y jóvenes.

Los crímenes más reiterados fueron la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, delito en el cual se agruparon 134 víctimas; le siguió el homicidio de 66 personas.

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Un ejemplo de los tratamientos crueles fue lo que vivió la víctima identificada como OJDC, quien, reseñó la Procuraduría, fue utilizado como escudo humano y luego fue abusado sexualmente.

Frente a los homicidios, la Procuraduría puso de presente que se identificaron por lo menos 15 casos donde las víctimas secuestradas fueron ejecutadas. Ese fue el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Marquetalia, Caldas, quien fue asesinada y ultrajada por varios hombres armados después de que celebrara una reunión política en una escuela veredal.

De hecho, para el Ministerio Público el homicidio fue un tratamiento recurrente contra las víctimas secuestradas por el bloque Noroccidental.

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“Estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que el homicidio de personas en cautiverio era un asunto del que la dirección tenía conocimiento o al menos debía tenerlo, por lo cual deberá determinarse cómo operó este patrón en particular, quiénes autorizaron el asesinato de personas en cautiverio y cuáles frentes tuvieron participaron en esto”, señaló la Procuraduría en un comunicado de prensa.

En cuanto a las formas de ejecución de los secuestros, el 36 por ciento de los mismos se ejecutaron bajo la modalidad de retención en vías, mientras que un 17,84 por ciento se ejecutaron por invasión a la propiedad privada.

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Los municipios con mayor cantidad de víctimas secuestradas por dicho bloque fueron: Tierralta (123), Jardín (49), Mutatá (48), Quibdó (44), Dabeiba (40), Samaná (38), Medellín (35) Guatapé (34) y Sonsón (30), siendo Antioquia, Córdoba y Chocó los departamentos más afectados.

De acuerdo con el Ministerio Público, en este caso varias víctimas denunciaron que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa, por lo cual la Procuraduría solicitó a la JEP la incorporación del crimen de esclavitud en la imputación hecha a excombatientes de las Farc.

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