Qué le espera a Mario Montoya en la JEP tras versiones que lo inculpan

Con el crudo relato del coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incrimina al excomandante general del Ejército (2006-2008) Mario Montoya Uribe en el caso por 'falsos positivos', este último enfrenta un panorama complicado en la justicia transicional. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad y de  Responsabilidad de la JEP escuchó en versión voluntaria a Rincón Amado a finales del año pasado, luego de que en octubre se sometió a esa justicia y  pidió perdón a las madres de jóvenes ejecutados extrajudicialmente por de la Fuerza Pública y que luego fueron presentados como bajas en el conflicto.

Y así lo hizo y con su declaración quedó mal librado Montoya. De él, en dicha versión, Rincón señaló que: "Exigían era muertes en combate, y como lo manifestaba en sus programas el comandante del Ejército, eran litros de sangre, tanques de sangre: ‘a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate’. Y los muertos en combate era a como diera lugar”.

Rincón Amado, en su declaración, explicó que ese "a como diera lugar" significaba que no importaba si eran guerrilleros o civiles ajenos a las confrontaciones armadas. También dijo que el comandante de la unidades que no reportara muertes en combate recibía represalia como la baja o traslados. 

El coronel Rincón Amado fue condenado en la justicia ordinaria a 46 años de prisión por el asesinato de cinco jóvenes de Soacha, que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate por la brigada móvil 15 del Ejército con asiento en Ocaña, Norte de Santander,. En esa unidad militar, Rincón se desempeñó como jefe de operación de un batallón adscrito.

Esa declaración en contra del general (r) Montoya, al igual que Rincón, vinculado al caso, sirve de acervo para el momento que este sea escuchado por los mismos magistrados que escucharon al coronel, es decir, los togados de la Sala de Reconocimiento Catalina Díaz y Óscar Parra.

Estos primeros oficiales que han rendido versión voluntaria, como Rincón, son mandos medios y bajos. Esa fue la estrategia que escogió la JEP para tratar estos casos. Ese insumo luego servirá para contrastar la versión de los máximos responsables, como Montoya, el oficial de mayor rango que se ha sometido en la JEP, que es la prioridad dentro de la justicia transicional.

El sometimiento de Montoya, sindicado en diferentes casos de 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército entre el 2007 y 2008, quedó en firme en abril de este año. Con este, suscribió un acta a decir la verdad, pero para él la verdad es que no tienen ningún tipo de responsabilidad de estos hechos.

El general (r) ha insistido en su inocencia, con lo cual, con este tipo de versiones que lo inculpan en 'falsos positivos' tendría que afrontar un juicio adversarial, ya no en las salas que llevan el caso, sino en el Tribunal para la Paz que tiene como propósito juzgar y sancionar a los máximos responsables, estándar internacional para los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En ese juicio la acusación en contra de Montoya estaría a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación, que tendrá que presentar ante la sección de ausencia de reconocimiento de responsabilidad, primera instancia para este caso en el Tribunal para la Paz, todas las pruebas que lo incriminen, incluida la versión de Rincón. 

Ya en esta etapa, la defensa del general podrá controvertir todos esos elementos probatorios y también pedir la práctica de pruebas para sustentar que no tuvo nada que ver con los 'falsos positivos'. 

El excomandante del Ejército Montoya se salvó en 2016 de una imputación de cargos por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

La Fiscalía lo citó a imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá por ‘falsos positivos’ perpetrados entre 2006 y 2007. La diligencia se alcanzó a programar para el 31 de mayo de 2016, pero nunca se realizó.

Como comandante del Ejército, según esa investigación, el general Montoya Uribe no solo no tomó las medidas para evitar que sus hombres cometieran ‘falsos positivos’, sino que habría promovido esa práctica criminal en varias divisiones del país.

Esa es la tesis con la que la Fiscalía llamó en su momento al oficial en retiro vinculándolo a, al menos, diez casos de homicidio, entre ellos algunos de los casos registrados en Soacha (Cundinamarca) y que destaparon el escándalo.

Igualmente, los fiscales consideraron que Montoya, como comandante del Ejército entre febrero del 2006 y noviembre del 2008, no dio instrucciones para poner controles y restricciones a la política de premios, condecoraciones y permisos que se daban a las unidades militares que más bajas producían. Y que además fue uno de los principales promotores para que se privilegiaran las bajas en combate sobre la capturas (el llamado body count).

La audiencia finalmente no se realizó por solicitud de la defensa de Montoya que pidió que el oficial fuera escuchado en interrogatorio. Y el caso quedó en un despacho de la Fiscalía delegada ante la Corte hasta su traslado a la JEP en abril de este año.

Dentro de este caso en la justicia transicional son investigados en esta primera etapa oficiales del Batallón de Artillería No 2 (La Popa), la Brigada Móvil 15, el Grupo Gaula Casanare, la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército.

Dentro de este caso en la justicia transicional ya fueron acreditadas 176 víctimas, quienes conocen en video 60 versiones voluntarias para que presenten sus observaciones. También en este caso fueron identificados oficiales implicados de seis unidades militares.

Estas son: Batallón de Artillería No. 2 La Popa- BAPOP, Décima Brigada Blindada de la Primera División, en la región del norte del Cesar; Brigada Móvil No. 15, Segunda División y Batallón de Infantería No.15 “Francisco José de Paula Santander”, en el Catatumbo; Brigada 16, Gaula Casanare, Cuarta División (entre 2002-2008) en Casanare; Batallón de Artillería No. 4, “Jorge Eduardo Sánchez”, Cuarta Brigada, Primera División (hasta julio de 2005) y Séptima División (posteriormente), en la región del Oriente antioqueño; la Brigada 7, Cuarta División en Meta y la Brigada 9, Quinta División, en Huila.

Desde el 22 de agosto hasta el 13 de junio pasado, el mayor número de los 91 oficiales que han sido escuchados provienen del Batallón de Artillería No. 2 La Popa con 37. Han sido escuchados no solo en la sede de la justicia especial en Bogotá, sino también de Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Yopal. 

Para este segundo semestre, Montoya está previsto que sea uno de los 81 oficiales que deben rendir versión ante la JEP. Para estas, de acuerdo con el auto 080 de 2019, las víctimas ya podrán ver en directo las versiones, en una sala de audiencias especial.

Luego de las versiones voluntarias, vendrá una audiencia pública en la que las víctimas serán protagonistas al presentar sus observaciones frente a lo que relataron los oficiales vinculados al caso.

Con esto, los despachos de los magistrados contrastaran toda la información y profiera un "escrito de determinación de hechos y conductas" que presentará a los responsables identificados del caso para que reconozcan o no su responsabilidad. 

Este caso, en para la Sala de Reconocimiento terminará el caso con la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y, luego de la cual, esa instancia emitirá una Resolución de Conclusiones. 

Luego de esto, para quienes no reconozcan responsabilidad se irán ante el Tribunal para la Paz, para enfrentar un juicio adversarial, como el que se prevé asumirá el general Montoya. 

REDACCIÓN PAZ

Twitter: @PazyJusticiaET