JEP concede libertad al exgobernador Salvador Arana, condenado por parapolítica

En la mañana de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, por sus aportes a la verdad sobre los hechos por los que fue condenado y procesado, sucedidos entre 1996 y 2006.

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Es de recordar que en 2009 la Corte Suprema de Justicia condenó a Arana, a quien consideró un "paramilitar puro" que llegó a la Gobernación, a 40 años de cárcel por sus nexos con los paramilitares; de hecho, en 2020 su isión en la JEP generó choques entre la alta corte y la JEP.

La condena que ya cumple el exmandatario es por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz Salgado, y concierto para promover grupos armados al margen de la ley en concurso heterogéneo. Así mismo, por el delito de peculado por apropiación cometido a favor de Edwar Cobos Téllez alias Diego Vecino.

Además de su condena por esos hechos, en su contra hay dos resoluciones de acusación por falsedad ideológica en documento público, relacionado con contratos en Tolú; y por concierto para delinquir agravado.

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Y aunque en 2021 estuvo a punto de ser expulsado de la JEP, al final el exgobernador prendió el ventilador y comenzó a develar los nexos con las Auc que impregnaron al departamento. 

De hecho, entre otras cosas le entregó a la jurisdicción especial de paz un listado de 29 personas que, según él, se relacionaron con los paramilitares. En ese listado aparecen los nombres de  gerentes de influyente empresas, congresistas, gobernadores, procuradores, abogados, ganaderos, rectores universitarios y hasta coroneles de la Policía.

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De acuerdo con lo informado ahora por la JEP, en libertad Arana deberá seguir compareciendo ante esta justicia de paz y cumplir con los estándares de verdad, reparación y no repetición.

Además, aclaró que la libertad que se concede no implica que la definición de su situación jurídica sea definitiva, pero sí su salida de la cárcel de La Dorada, Caldas, en donde se permanecía y a la que se remitirá la boleta de libertad.

En una resolución de 90 páginas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP señaló que Arana Sus ha hecho aportes de verdad en los casos por los que es procesado, como el homicidio del exalcalde de El Roble, pero también ha hablado de casos por los que no había sido procesado.

En este segundo grupo, ha entregado información sobre el homicidio, el 29 de agosto de 2001, de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, quien investigaba la mascare de Chengue, Sucre, cometida el 17 de enero de 2001 y en la que fueron asesinados al menos 24 campesinos por parte del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. 

También habló del homicidio del alcalde de Tolú Jairo Romero Bonilla, ocurrido el 22 de marzo de 2001; de la desaparición forzada de Álvaro Ignacio Ordoñez, alcalde de la Villa de San Benito Abad, en marzo de 2001; del robo de ganado, para financiar a los paramilitares, a la familia Jiménez Polanco, que luego fue asesinada; y del asesinato, el 27 de agosto de 1997, del campesino José Argilio Pérez.

Así mismo, el exgobernador ha hecho aportes sobre la manera como se dieron los vínculos entre la Fuerza Pública y los paramilitares en Sucre, sobre las relaciones de paramilitares con actores políticos, al punto de tener candidatos propios a las elecciones en ciertos municipios y territorios; y de nexos de terceros civiles con las Auc.

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Por todo esto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que Salvador Arana Sus cumplió con todos los requisitos legales y jurisprudenciales para merecer el beneficio la libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA).

"Ha hecho aportes importantes para entender las relaciones que distintos actores han tenido en distintos momentos con el aparato criminal en la región del Caribe colombiano correspondiente a los municipios de Montes de María y municipios cercanos de los departamentos de Bolívar, Córdoba y de Sucre, especialmente entre 1996 y 2006. Estos aportes contribuyen a tener una comprensión más amplia de lo ocurrido y se espera que puedan servir para impulsar el esclarecimiento de la verdad en otros casos, develar y llamar a otras personas ante la JEP y remitir compulsas ante otras autoridades competentes", destaca la providencia judicial. 

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