Siete mandos del Bloque Noroccidental de las exFarc reconocieron responsabilidad por secuestros

A la Jurisdicción Especial para la Paz llegó una carta firmada por siete exintegrantes del 'Bloque Noroccidental' de las extintas Farc-EP, aceptando por escrito la imputación que les hizo este tribunal por los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en el secuestro.

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Los imputados son el comandante del 'Bloque Noroccidental' Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo o El Viejo; Jesús Mario Arenas, alias Marcos Urbano, jefe del Frente Urbano Jacobo Arenas; Rodolfo Ruiz Restrepo, alias Víctor Tirado, del Frente 57; Pedro Baracutao, del Frente 34; Martín Cruz Vega, alias 'Rubin Moro', cabecilla del Frente Aurelio Rodríguez; Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias 'Anderson', del Frente 36; y Jhoverman Sánchez Arroyave, alias 'Rubén Cano', del Frente 58.

Es la primera vez que exintegrantes de este bloque, que operó en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, aceptan la imputación de la JEP, que los consideró máximos responsables de los delitos cometidos durante el secuestro.

Fueron considerados autores directos de desapariciones forzadas, homicidios, violencia sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos, desplazamiento forzado y atentados contra la dignidad personal de las personas que tuvieron en cautiverio.

El paso siguiente será una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que cara a cara con las víctimas harán un mea culpa detallado y explícito de la ejecución de esta política criminal ordenada por el antiguo secretariado.

Tres de los casos más sonados que se le atribuyen a este bloque son el secuestro del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, asesinados por sus captores para impedir una operación de rescate, así como el del excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien duró ocho años en la selva.

La magistratura encontró que las razones que motivaron los secuestros fueron forzar el intercambio por guerrilleros presos, para fines económicos y ejercer control territorial. 

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El bloque fue creado en 1993 y tuvo asignadas dos tareas claves. La primera, controlar los territorios de Medellín, Urabá y la frontera con Panamá para ir cercando a Bogotá. La segunda, conseguir dos millones de dólares anuales para financiar a la guerrilla, una misión criminal para la que se valieron del secuestro extorsivo y el narcotráfico.

Cuando el bloque pisó Medellín, fue la primera vez que el conflicto se trasladó a terrenos urbanos. Su presencia motivó operaciones del Ejército -que después les pasaron factura por las graves violaciones a los derechos humanos- como la Operación Mariscal y Orión, esta última en la comuna 13. 

Según las cuentas de la JEP, el bloque tuvo 3.145 combatientes y 923 milicianos. Tuvo enfrentamientos cotra el Eln, el Epl, el Ejército y paramilitares de la casa 'Castaño'.

El reconocimiento de su responsabilidad se da en el marco de la investigación del Caso 01, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, sobre los secuestros de las extintas Farc-EP y que hasta el momento. 

A la fecha, han sido imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad 32 exintegrantes de la antigua guerrilla: siete del último Secretariado, 10 exmandos medios del Comando Conjunto Central, ocho del 'Bloque Occidental', y siete del 'Bloque Noroccidental'. 

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia