¿Tiene futuro idea del presidente Petro de un solo tribunal de cierre para los crímenes del conflicto, que incluya a narcotraficantes?

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este 11 de julio, el presidente Gustavo Petro planteó revivir el ‘fast track’ para “cambiar normas” y acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, e insistió en algunas de las ideas que viene mencionando desde hace meses, como la de tener un tribunal de cierre único para los temas del conflicto.

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"Al fragmentar los procesos, la verdad quedó fragmentada y se debilitó", dijo el mandatario, quien habló de tener un sistema único para que todos los sectores tengan un solo tribunal de cierre de verdad, justicia, reparación y reconciliación “es la única manera de ponerle fin al conflicto”, añadiendo que en ese tendrían cabida “incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto".

Si bien la idea del Presidente de tener un solo tribunal de cierre no es nueva, pues es algo en lo que ha venido insistiendo, sigue generando cuestionamientos de analistas.

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Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, consideró que puede interpretarse lo dicho por Petro de varias formas. La primera, dijo, es que la “preocupación que tiene el Presidente es la misma que tenemos los colombianos, sobre la necesidad inaplazable de buscar la paz, y desde luego, eso implica que sea con todos los grupos armados, vinculados con el conflicto armado y no con cualquier organización delictiva, para que esa búsqueda de la paz no sea fragmentada. Esta es una mirada política y ciudadana que coincide”.

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Pero así mismo, en una mirada jurídica y con los límites legales que existen, “crear un solo tribunal de cierre implica desconocer el propio acuerdo de paz del 2016 que dio vida a la JEP, así como desconocer las competencias de Justicia y Paz, y de la justicia ordinaria. Considero que es poco viable, implica reformas constitucionales y legales, pero sobre todo, necesita un respaldo político mayoritario que el Gobierno no tiene; además el tiempo corre en contra de esta pretensión”, dijo el profesor.

Burbano añadió que hay expectativa ciudadana en que “la JEP cumpla con su trabajo y sea apoyada por el Gobierno y no lo contrario”.

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Además, el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre cuestionó que pareciera no haber coherencia entre la esta propuesta de un único tribunal de cierre y la Ley 2272 de 2022, también llamada Ley de paz total, “que distingue claramente entre grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se puede adelantar diálogos, negociaciones y llegar a un acuerdo de paz; y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con quienes se pueden adelantar acercamientos y conversaciones, para buscar su sometimiento a la justicia ordinaria”. Burbano añadió que bajo las leyes nacionales e internacionales, los tribunales de cierre no pueden acudir a amnistías generales.

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Por su parte, Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le dijo a EL TIEMPO que “la JEP es el tribunal de cierre frente a los actores que le toca, como también lo es Justicia y Paz frente a lo que le corresponde”. 

En ese sentido, el presidente de la jurisdicción creada con el acuerdo de paz para juzgar a ex de Fuerza Pública y exguerrilleros, agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública, y terceros civiles que acudan voluntariamente, insistió en las competencias claras que ya hay en los tribunales del país.

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De otra parte, Vidal señaló que los grupos armados ilegales con los cuales se están adelantando acercamientos de paz o que tienen expectativas de negociaciones van a requerir fórmulas de justicia transicional, “¿cuál es el tratamiento jurídico que va a recibir esa gente? esa es una pregunta que está sobre la mesa, que está en el Congreso, que está en el Gobierno… Lo que tenemos hoy es importante pero tiene unas competencias muy delimitadas, la JEP no es el sitio en el que podamos cubrir a todos los actores, ni podemos cubrir a más de los que tenemos”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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