Tras intervención inédita en osario común, JEP recupera 42 restos que serían de desaparecidos

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Esta diligencia fue producto de una medida cautelar ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP para proteger los cementerios de Norcasia, Samaná y Victoria (Caldas) y ante la falta de un instrumento forense para aplicar en la recuperación de cuerpos en osarios colectivos, la magistrada Reinere Jaramillo ordenó este ejercicio piloto en Samaná, a partir del cual se construirá una metodología que pueda ser replicada en otros puntos del país.
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​Según recordó la JEP, mediante un comunicado de prensa, los osarios colectivos han sido identificados como un escenario complejo para la recuperación de víctimas de desaparición forzada en Colombia pues, como se evidenció en Samaná, los cuerpos de las víctimas fueron depositados sin llevar un control y registro organizado y en muchos casos, fueron mezclados con restos de personas identificadas, exhumadas y que nunca fueron reclamadas.

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La recuperación que adelantó la JEP se hizo entre el 17 de abril y el 3 de mayo, y estuvo liderada por expertos forenses del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) que hace parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP –que funciona como su Fiscalía-. También participó la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS). Entre todos intervinieron un área de 16.502 metros cuadrados, con 2.25 metros de alto, que comprendía el osario colectivo del cementerio San Agustín.

En la intervención se recuperaron 171.806 estructuras óseas correspondientes a partes aisladas de cuerpos, que pertenecerían a 831 personas, aunque en el análisis detallado de cada estructura solo se pudo identificar 113 cuerpos completos de personas, de los cuales en 42 tenían signos de violencia y se presume que podrían pertenecer a personas fallecidas y desaparecidas en razón del conflicto armado.

Según se explicó, las más de 170 mil estructuras analizadas pueden corresponder a personas con muerte natural que cumplieron su límite de tiempo legal de sepultura y fueron trasladadas a dicho osario, o personas registradas como ‘NN’. 

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Sobre las 42 estructuras con signos de violencia asociada al conflicto armado se expuso que “se trata de 31 cráneos, además de un bloque anatómico (un individuo) y 10 estructuras óseas aisladas que podrían, o no, registrar nexo genético con el bloque anatómico o los 31 cráneos”.

En cuanto a los restos que no serían de personas desaparecidas con ocasión del conflicto, serán depositados en un Santuario de la Memoria, y quedan al cuidado de la istración del cementerio y de la Alcaldía municipal al no ser consideradas estructuras de interés forense porque no presentan traumas o indicios de muerte violenta.

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Si bien la recuperación de las estructuras que podrían ser de víctimas de desaparición fueron recuperadas, el proceso que viene para lograr su identificación es crucial para saber quiénes eran esas personas, tarea que le corresponde a Medicina Legal, que pondrá en marcha el procedimiento médico-legal y de identificación forense que involucra la extracción de perfil genético, migración al Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas (BPGPD), y cruces/búsquedas con perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas.


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