Madres, hermanas e hijas, las que buscan a las mujeres desaparecidas

Una de las grandes barreras a la hora de buscar a mujeres desaparecidas es que hace falta una mirada diferenciada de género. Para empezar, casi siempre la discusión sobre desapariciones se centra en la desaparición forzada, de la que son víctimas mayoritariamente hombres y que ocurre cuando la desaparición “es cometida por agentes estatales o por particulares que actúen en nombre del Estado o con su autorización, apoyo o consentimiento”. O, en el caso de Colombia (Ley 589 de 2000), cuando están involucrados actores no estatales que son partícipes del conflicto armado, como las guerrillas y los paramilitares. Según el informe ‘Forensis’, debido a que la desaparición forzada se ha usado como estrategia de confrontación armada, se calcula que como consecuencia del conflicto armado ha habido al menos 82.998 desapariciones en los últimos sesenta años.

Sin embargo, si bien la mayoría de las víctimas de desaparición forzada son hombres, hay una victimización secundaria de los familiares, en su mayoría mujeres, de la que poco se habla: “Tanto en la búsqueda de su ser querido desaparecido como en el arduo proyecto de rehacer sus vidas, las mujeres se enfrentan a innumerables instancias de discriminación, prejuicio y violencia derivada de su condición de mujeres” afirma Medicina Legal en su ‘Forensis’ de 2018. La desaparición forzada es, entonces, una forma de desaparición involuntaria que está casi siempre enmarcada en el conflicto armado y que, por lo tanto, suele excluir a las mujeres.

Por eso es urgente que se pueda analizar este delito por fuera del marco de la guerra armada para que, como dice el ‘Forensis’ 2018 de Medicina Legal, se pueda “dar cuenta de cómo en contextos de migración, desaparición en principio voluntaria, e inclusive las accidentales, las dinámicas de desigualdad entre los sexos pueden hacer más vulnerables a las mujeres y niñas a redes de trata de personas, esclavitud doméstica o sexual o a que, en el contexto del delito de desaparición, se sumen otras violencias como la sexual”.

Por otro lado, todas las mujeres víctimas de desaparición, tanto las que huyen de sus contextos voluntariamente como las que son desaparecidas por terceros de manera involuntaria, son especialmente vulnerables a la violencia sexual y los abusos de género. Pero, a pesar de esto, muchos de los protocolos forenses adoptan una perspectiva neutral al género y no ofrecen garantía de que se busquen puntualmente indicios de violencia machista en los cuerpos de las mujeres que luego de haber desaparecido aparecen como víctimas de feminicidio. Según Medicina Legal, “en el caso de las mujeres reportadas como desaparecidas que posteriormente aparecen muertas, se realiza la correspondiente necropsia médico-legal, llevando a cabo una valoración integral del cuerpo”.

Hasta el 6 de agosto de 2021, el Registro Nacional de Desaparecidos (RGN) reportó 911 mujeres desaparecidas. En total, desde 2017 se han registrado 5.760 casos. Este sistema de información señala que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos con la tasa más alta de casos de este tipo. (Vea aquí los datos completos) Además, los informes ‘Forensis’ del 2018 y el 2019 muestran que el sábado suele ser el día con más desapariciones y que ha habido más casos de niñas y adolescentes que de niños y adolescentes.

La violencia intrafamiliar y doméstica, los embarazos no deseados, las redes de trata y otros peligros relacionados con la desigualdad de género y las violencias machistas hacen que el índice de las niñas y adolescentes desaparecidas sea mayor que el índice del género opuesto en las mismas edades.

El confinamiento acentuó las dinámicas sociales complejas que afectan de manera diferencial a las mujeres. En los hogares se incrementó un 228 % la violencia intrafamiliar; allí, las mujeres representaron el 86,08 % de las víctimas, y en los territorios se presenció un recrudecimiento de la violencia de los grupos armados, desplazando a miles de personas (alrededor del 80 % mujeres) según la ONU. Entre estas violencias, las defensoras de derechos humanos han pagado el precio más alto, con un incremento de 3,42 % en el número de conductas vulneratorias en un país que se lleva el 53 % de todos los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y temas medioambientales en el mundo. A eso se le suma la situación de las mujeres migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela (que muchas veces desaparecen al ser víctimas de trata de personas) que enfrentan barreras de a ayudas vitales como los servicios psicosociales, de salud y de seguridad.

Para Tania Mogollón, del colectivo Mujeres por Barrancabermeja, las adolescentes muchas veces huyen de sus hogares por el mismo maltrato intrafamiliar ejercido por sus padres o sus parejas. Durante el confinamiento, la violencia en los hogares tuvo un incremento exponencial que puede terminar en que la mujer, en un intento de salir de esa situación, caiga en manos de otro agresor. El confinamiento también hizo que las búsquedas se hicieran más difíciles y gran parte de las búsquedas tuvieron que hacerse a través de las redes sociales.

Una constante en estas historias es que cuando madres o hijas de una víctima de desaparición alertan a las autoridades, estas no se las toman en serio. El trato condescendiente obedece a prejuicios con el género: creen que las denunciantes están exagerando y que las víctimas se fueron con una amiga o con un hombre.Con estas barreras se encontró Yesenia Rivera cuando denunció la desaparición de su madre, Luz Leidy Vanegas: “Una cosa que me pareció muy particular ese día, cuando puse la denuncia, es que si bien él me la tomó y escribió lo que yo dije en el momento, el policía judicial me decía: ‘Ey, pues yo igual te tomo la denuncia, pero ella de más que está por ahí pasando la rabia y aparece. No tienes que preocuparte’. Entre comillas: diciéndome que no iban a hacer nada. Yo les decía que estaba desaparecida. Que eso no era normal. Yo sé que hay personas que salen con rabia, o que salen un fin de semana y no pasa nada. Pero uno más o menos conoce a sus personas cercanas y sabe quiénes hacen ese tipo de cosas y quiénes no. Y yo sabía que no era el caso”.

También sucede que, incluso cuando hay funcionarios o funcionarias dispuestas a ayudar, no tienen la capacidad para hacerlo. En la historia de la desaparición de Luz Leidy hay otro ejemplo de esto: “Al otro día, ya de día, fuimos al Gaula, en la oficina de desaparecidos, y ahí hablamos con otra señora y ella terminó ahí sí como de completar la información y nos pidió más datos. Ella sí nos dijo: ‘Esto no es normal’. ¿Cuál fue uno de los problemas? Que como estábamos a principio de año, los funcionarios estaban de vacaciones colectivas. Entonces había muy pocos funcionarios para atender los casos. Ella nos decía: ‘Nada más somos como tres personas para atender todos los casos; se puede demorar, pero hacemos todo lo posible’. Ya luego nos asignaron fiscal”, denuncia la Yessenia.

Pero como el funcionario estaba en vacaciones, vino a saber del caso varios días después, no inmediatamente. “Nosotras dizque dándole la esperita de los dos tres días para que él llegara, tomara el archivo, leyera qué tiene pendiente. Y cuando fuimos allá a la oficina de él, sin que nadie nos llamara o dijera que fuéramos, nos dimos cuenta de que él se dio cuenta del caso porque nosotras fuimos. Mi tía y yo fuimos a preguntar: ‘Bueno, ¿qué se va a hacer con el caso?’. Entonces él nos dijo: ‘Ah, espere un momentico’; se sentó, él estaba leyendo el caso viendo qué era”.

No solo la atención es escasa e ineficiente, también está llena de indolencia. Nathalie Amaya, la madre de Lynda Michelle, cuenta que cuando por fin le notificaron en Medicina Legal que creían tener el cuerpo de su hija, lo hicieron sin siquiera ofrecerle una disculpa por el dolor que habían causado: “El camino a Medicina Legal fue eterno. Me recibió la misma persona que siempre me dijo que allá no estaba mi hija, pero esta vez me dijo que creía que sí. En ese momento solo pedí ver el cuerpo. Yo no sabía si tenía más dolor o más impotencia de saber que lo único que hicieron con mi dolor fue patearlo de aquí para allá, sin hacer absolutamente nada. Pudieron evitarme demasiadas cosas y no lo hicieron. Hasta el día de hoy, Medicina Legal no se ha pronunciado al respecto.

Las reporteras de esta investigación acudieron a Medicina Legal para preguntarles por las irregularidades cometidas en el caso de Lynda Michelle. Esta fue su respuesta: “En este caso, las actividades de investigación y esclarecimiento de los hechos están siendo realizadas por la Fiscalía General de la Nación; así mismo, durante el proceso judicial, el juez determinará si existieron o no irregularidades al respecto, de conformidad con el informe pericial emitido por la entidad, a fin de tomar las medidas que correspondan”.

Búsquedas urgentes. En Colombia existe el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU): “Herramienta que se activa para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas. Su objetivo es que las autoridades judiciales ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a su localización”. Cualquier persona puede pedir la activación del MBU. Es un trámite gratuito y, contra la creencia popular, no hay que esperar 48 horas para que una persona pueda considerarse desaparecida.

El MBU se puede y debe activar de manera inmediata. Para hacerlo solo es necesario informar de los hechos a un juez o fiscal y “suministrar los datos que permitan identificar a la víctima: nombre, documento de identificación, lugar de residencia, rasgos y características físicas, prendas de vestir, elementos de uso personal que portaba en el momento de la desaparición y demás datos que permitan su individualización”.

Aunque teóricamente el MBU suena muy bien, en la investigación hecha para este reportaje hemos evidenciado que sus bondades no se traducen en la práctica. Nos comunicamos con la Fiscalía para preguntarles si el MBU se activó en los recientes casos mediáticos de Lynda Michelle, Daniela Quiñones y Luz Leidy Vanegas. Contestaron así: “El Mecanismo de Búsqueda Urgente fue activado por la Dirección Seccional Bogotá en favor de la menor Lynda Michelle Amaya, y por la Dirección Seccional Medellín se activó en favor de Luz Leidy Vanegas. En cuanto a Daniela Alexandra Quiñones no fue activado, ya que la Dirección Seccional Caldas abrió la correspondiente investigación como víctima del delito de feminicidio”.

También les preguntamos qué otros protocolos activa o sigue la Fiscalía para dar con personas dadas por desaparecidas, y nos respondieron que, una vez la Fiscalía General de la Nación avoca conocimiento de la presunta desaparición de una persona, se les oficia a las siguientes entidades: al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para el respectivo registro en el Sirdec, el cual es un sistema que lleva el registro de los desaparecidos.

Por último, les preguntamos si hay diferencias en el operar de la Fiscalía General de Nación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas cuando ocurren en el marco del conflicto armado y cuando no. A esto respondieron: “El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) no es un proceso penal, sino una herramienta concebida por el legislador para tutelar la libertad e integridad personal, prevenir el delito de desaparición forzada y encontrar a las personas vivas en el menor tiempo posible, por lo que de aperturarse una noticia criminal por el delito de desaparición forzada, la Fiscalía General de la Nación procederá al ejercicio de la acción penal de acuerdo con lo que en derecho corresponde”. Es decir que los protocolos son los mismos en todos los casos.

Un hecho evidente a lo largo de este reportaje es que cuando las mujeres son víctimas de desaparición involuntaria es muy probable que también hayan sido víctimas de violencia de género. Cuando una mujer desaparece, las probabilidades de que su pareja o expareja hombre esté involucrado con la desaparición son altísimas. Pero cuando un hombre desaparece, las posibilidades de que su pareja mujer esté involucrada son mínimas y quizás su búsqueda tendrá que enfocarse en otros motivos como la guerra armada o la extorsión a manos de bandas criminales. En dos testimonios incluidos en este trabajo periodístico, las madres cuentan que su principal sospechoso en ambos casos fue un hombre. Ambas estaban en lo cierto, y sus hijas fueron víctimas de violencia sexual.

En su testimonio, Yesenia Rivera, hija de Luz Leidy Vanegas, afirma que tiene una sospecha similar: “El principal sospechoso para nosotros, como familia, es la pareja de mi mamá. ¿Por qué? Por las circunstancias de la desaparición. Porque la última persona con la que estuvo fue él, porque si bien mami salió sola, y mi hermanito vio en ese momento que ella salió sola, le pudieron mandar a hacer algo. Era muy particular, sobre todo al principio, cuando salíamos a buscar porque él decía que él la estaba buscando, pero nunca salía a buscar con nosotros. Y a veces decía o había ciertas cosas en las que se contradecía. Y en medio de todo lo que pasó, hay ciertas actitudes que uno dice: tiene que ser él”.

Esto nos lleva a pensar que si no se busca a las mujeres con perspectiva de género, será imposible encontrarlas. El ‘Forensis’ de 2018 señala que “debería incorporarse una perspectiva de género en todas las medidas, sea de índole legislativa, istrativa, judicial u otro tipo, que tomen los Estados para abordar la cuestión de las desapariciones forzadas”. Nos preguntamos entonces si los mecanismos institucionales de búsqueda efectivamente tienen algún tipo de perspectiva de género, como lo recomienda el ‘Forensis’.

Nos comunicamos con Medicina Legal para preguntar si dicha perspectiva de género ya es aplicada en lo concerniente a las labores de Medicina Legal frente a mujeres dadas por desaparecidas. Esto respondieron: “Hemos desarrollado estrategias para la incorporación de los enfoques diferenciales en la presentación de los servicios forenses, incluyendo estas necesidades en el , atención y adecuado registro. Cabe resaltar que cada enfoque se integra de manera transversal a los procesos y procedimientos forenses bajo las funciones misionales del Instituto descritas en la Ley 938 de 2004 (título III, art. 36) y busca también contextualizar de manera adecuada intersecciones entre diferentes enfoques”.

Que una mujer desaparezca es una tragedia, y que aparezca viva es una gran fortuna. La aparición de cualquier mujer desaparecida debería ser un motivo de celebración. Sin embargo, lo que hemos podido observar en medios de comunicación y redes sociales es que la sociedad castiga a las mujeres que no fueron víctimas de desaparición involuntaria y aparecen vivas.

En junio de 2020, el movimiento político Estamos Listas inició una campaña de búsqueda ante la desaparición de Karina Rivas, una activista del movimiento político que estaba postulándose como concejala en Medellín. La promesa de campaña de la candidata se basaba en reducir las inequidades de las mujeres afrodescendientes, raizales, negras, caribeñas y palenqueras, y después de cuatro días de desaparecida, Karina publicó un video en el que anunciaba que estaba viva. El grupo editorial Semana publicó que su desaparición se debía a que “se encontraba en una finca donde no tenía señal”, y otros medios reseñaron que “estaba perdida” porque se había ido de rumba. Así, los lectores en redes sociales no demoraron en sacar conclusiones simplistas y revictimizantes. Gihomara Aristizábal Morales, voluntaria de búsqueda en Estamos Listas, alerta que la ciudadanía y los medios suelen culpar a la mujer desaparecida, asumiendo los motivos de su desaparición y exponiendo a sus familias.

El caso de Karina nos permite evidenciar el estigma social que se les aplica a las mujeres cuando aparecen –violentadas o no– después de una desaparición, justificando la agresión por cómo estaba vestida o por frecuentar cierto espacio social. Al ser Karina una activista afro por los derechos humanos, algunas personas la acusaron por salir a beber un viernes en la noche y les resultó alarmante que dejara a su bebé en casa mientras ella se “iba de fiesta”. Como si tener una vida social no fuera compatible con su liderazgo y su maternidad.

Este tipo de comportamiento es casi que la norma cuando las mujeres aparecen vivas. En los meses pasados, cuando la familia de Daniela Arboleda, desaparecida en Medellín, anunció en redes que la habían encontrado, algunas personas hicieron comentarios como el siguiente: “Qué estaría haciendo que no echan el cuento completo”. En febrero de 2021 desapareció Vanessa Valencia en Cali. Según sus familiares, estaba en estado de embarazo, así que las autoridades la buscaban de manera prioritaria. Días después la mujer apareció deambulando, desorientada, y al hacerle exámenes médicos, se observó que hacía varias semanas que ya no estaba embarazada. Al saberse esto, la opinión pública dio un vuelco radical y se acabó la empatía. Empezaron a verse comentarios como este: “Haciendo dramas para engatusar a los novios. Cojan oficio, no se dediquen a explotar a los falsos padres de falsos bebés. ¿Cuánto dinero cuestan esas búsquedas?”.

Lo cierto es que culpabilizar a las mujeres es una práctica tan antigua como las mismas sociedades, donde resulta más práctico pedirle a la víctima una explicación que exigir justicia y esclarecimiento a las autoridades encargadas de investigar y judicializar a los agresores.

Ante la negligencia y la indolencia de las autoridades, las familias son las que terminan realizando las búsquedas. Explica la psicóloga Ana Carolina Calvo: “Recuperar el cuerpo es recuperar el vínculo. Las familias que están en búsqueda están despersonalizadas, viven en piloto automático, guiadas por la angustia y el dolor. La mente no puede asimilar eso de golpe. Se desconectan de la realidad y todo gira en función de buscar a la persona. Hay un brote de esperanza: la quiero encontrar viva. Pero luego hay un momento en que, viva o muerta, necesitan encontrarla y saber qué pasó con ella”. Las familias asumen las funciones del Estado, y el impacto que esto tiene en sus vidas es devastador.

Así cuentan las mujeres su experiencia de la búsqueda: “Durante esos primeros días, nosotras buscamos mucho por cuenta propia. Si bien en la Fiscalía nos dijeron que se activaba el Mecanismo de Búsqueda Urgente, como con las características que nosotras dimos, si aparecía algo en la red de ellos, como de hospitales y eso, pues nos avisaban. Pero igual, como sabemos cómo son los procesos acá, nosotras por nuestra propia cuenta igual salíamos a buscar todos los días a un sitio diferente. Entonces fuimos a varios hospitales de Medellín.” Cuenta Yesenia Rivera, hija de Luz Leidy Vanegas. Añade: “Cuando digo ‘fuimos’, siempre hablo en plural porque en todo estábamos mi tía Diana y yo, siempre a todo nos fuimos las dos. Fuimos a Medicina Legal, fuimos a Quebrada, cerca de la casa; fuimos a varios sitios de la ciudad que frecuentan habitantes de la calle, fuimos a Moravia, al bosque. Zonas a donde yo nunca me había ido a meter en la vida, y eso me llevó a meterme por allá. Conocí muchas cosas que uno dice: por Dios, ¿esto existe? Aunque sabía que existía, nunca lo había visto así con mis propios ojos. También fuimos por el centro, por Ciudad Gótica, por la Minorista.

¿Qué no nos andamos?”. Nathalie Amaya, la madre de Lynda Michelle, también resolvió asumir la búsqueda de su hija ante la apatía del Estado: “Yo estaba sentada en la carrera 11B con calle 3.a , frente a una panadería que se llamaba El Triunfo, viendo la Navidad de los indigentes: muchísima droga, ruido, escombros, tragos baratos, niños corriendo que viven su vida en ese lugar. Ahí entendí que tenía que comprar mi consumo, así yo no consumiera, para pasar inadvertida”.

Algo importante de resaltar es que las familiares que buscan a víctimas de desaparición, hombres o mujeres, suelen ser mujeres como madres o hijas. Uno de los casos más emblemáticos en Colombia es el de las Madres de los Falsos Positivos, o Mafapo, quienes, al buscar a sus hijos, destaparon uno de los casos más escabrosos de ejecuciones extrajudiciales en la historia de Colombia. Otro ejemplo clásico es el de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, una asociación formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos y desaparecidas.

Las Madres de la Plaza de Mayo tuvieron un impacto político internacional muy importante y se centraron en la idea de que “no hay muertos, hay desaparecidos”, y esto permitió que se pudiera juzgar a muchos represores de la dictadura, porque, al no aparecer los cuerpos, los crímenes no prescriben. La presidenta de la fundación en los años 80, Hebe de Bonafini, dijo: “Les prometimos a los hijos que no los íbamos a abandonar y no los hemos abandonado. Les prometimos que no iba a haber un solo militar que pudiera salir a la calle a poner un cartel o una foto... y no han podido. Llenamos la ciudad con las fotos de nuestros hijos, con sus hermosos rostros, con sus hermosos ojos, con sus sueños y con sus esperanzas, sin nombres, porque las Madres, en un acto absolutamente revolucionario, ‘socializamos la maternidad’ ”.

En México, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo, y en cada una de esas fechas, todos los años, las madres de las y los desaparecidos convocan protestas públicas en todo el país para exigir la aparición con vida de sus hijas e hijos bajo consignas como: ‘Hija, escucha, tu madre está en la lucha’ o ‘¿Por qué los buscamos? Porque los amamos’. En México hay más de 70 colectivos de madres buscadoras, y algunos de estos grupos, como el Colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, o las Madres Buscadoras de Sonora, se organizan para buscar huesos en los desiertos del norte del país, con la esperanza de identificar los restos y avisarles a las familias. Según la periodista Paola Díaz, “son grupos pequeños los que cada fin de semana salen a buscar, con sus propios recursos, pagando la gasolina, la comida y todo lo que se requiera”. Entre 2019 y 2020, el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró 79 restos.

Son las mujeres, madres e hijas, las que buscan y encuentran. Emprenden búsquedas sistemáticas y persiguen a las autoridades para que hagan su trabajo y recogen las principales pistas. Pero, al hacerlo, tienen que cambiar sus vidas. Renunciar a sus trabajos. Viven violencias como extorsión o desplazamiento, que resultan en daños irreparables en sus familias y comunidades.