El año entrante se discutirá la reforma de la justicia, en los tribunales se ventilarán casos como el de Uribe o Arias; en las Cortes, se discutirán temas como el aborto o el ‘fracking’, y se esperan las primeras decisiones de la Justicia Especial para la Paz.
Todos los ojos, en la justicia transicional
Se espera que en el primer trimestre, la Jurisdicción Especial para la Paz tome las primeras decisiones en dos de sus casos más avanzados: el de ejecuciones extrajudiciales y el de secuestro.
Es posible que en esos procesos se pueda dictar resolución de conclusiones, con lo cual se iniciaría el trámite para imponer sanciones a los responsables.
El 2021 también será clave para la Comisión de la Verdad, pues será su último año de vigencia y tendrá que entregar su informe sobre el conflicto armado en noviembre. Y se espera que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos priorice su trabajo en zona de influencia de Hidroituango y El Copey, Cesar.
La reforma de la justicia, de nuevo
En noviembre de este año, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, radicó su proyecto de reforma de la justicia, que es el intento número 19 por reformar ese sector desde el 2002. El próximo año se sabrá si esa reforma, que tiene cambios en la digitalización y descongestión de los despachos, logra ver la luz en el Senado. En el Congreso también se están tramitando proyectos de reforma de la justicia de la Procuraduría y otro de la Judicatura.
Glifosato, en el plan del Gobierno contra la coca
La meta de erradicación forzada de matas de coca superará el próximo año las 100.000 hectáreas, ya que este año se cumplió con una erradicación de 130.000. Sin embargo, una dificultad que tendrá que manejar el Gobierno es la resiembra, que hoy está en un 35 por ciento. De otro lado, el Gobierno insistirá en el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato, para lo cual tendrá que cumplir los requisitos que le impuso la Corte.
Violaciones a derechos humanos, en la mira
Aunque este año acabará con la tasa de homicidios más baja en 46 años, también crecieron los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes, así como los homicidios en los 170 municipios priorizados por el acuerdo de paz. El Gobierno, bajo la lupa de ONG nacionales y extranjeras de derechos humanos, tendrá el reto de garantizar la protección de líderes y desmovilizados, y la justicia, asegurar que no queden en la impunidad esos ataques contra esta población, que goza de protección especial.
Cambios en la investigación disciplinaria a funcionarios
En enero arrancará la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que reemplazará a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura en la tarea de investigar y sancionar a jueces, abogados y fiscales. Dos de sus siete magistrados iniciarán con serios reparos, pues Magda Acosta llega a un cargo en el que se reemplaza a sí misma, y Juan Carlos Granados afrontará un juicio en la Corte Suprema por el caso Odebrecht.
También comenzarán los cuatro años del periodo de la nueva procuradora, Margarita Cabello, quien reemplazará a Fernando Carrillo, y deberá encabezar reformas claves para cumplir con el fallo de la Corte IDH que estableció que la Procuraduría no puede inhabilitar ni destituir a funcionarios elegidos por voto popular.
Los procesos penales que se robarán la atención
En el primer semestre de 2021 se acaba el plazo que tiene la Fiscalía para decidir si acusa al expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos o si archiva su proceso. También podría haber fallos sobre las impugnaciones que varios exfuncionarios y políticos presentaron ante la Corte Suprema contra sus condenas de única instancia, como la de Andrés Felipe Arias, así como las de implicados en chuzadas, ‘parapolítica’ o ‘narcopolítica’.
En ese mismo tribunal se espera que, por fin, se tomen decisiones en casos como el del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el exmagistrado Gustavo Malo, cuyo juicios terminaron hace rato. De otro lado, la Fiscalía podría tomar decisiones en la llamada ‘Ñeñepolítica’.
Demandas decisivas en la agenda de las Cortes
La Corte Constitucional tendrá en su agenda la demanda que pide despenalizar el aborto; la que pide tumbar la ley de cadena perpetua contra violadores; otra que pide devolver las curules a las víctimas del conflicto, y una demanda contra una ley que regula el teletrabajo. También evaluará una demanda sobre baldíos y el Código Electoral. Además, deberá decidir si acepta la tutela de la Corte Suprema que habló de una violación sistemática a la protesta, y si tumba el fallo que ordenó eliminar el mural ‘¿Quién dio la orden?’.
En el Consejo de Estado se deberá decidir si se acepta la demanda que pide tumbar las normas que regulan el fracking. Esa corte también debe resolver la demanda sobre la elección del fiscal Francisco Barbosa y de la nueva procuradora, Margarita Cabello.
JUSTICIA