Violencia en el hogar, principal preocupación de Medicina Legal

Claudia Adriana García Fino es la segunda mujer que ha llegado a la dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y aunque su nombramiento se dio como resultado de la polémica salida del médico y experto en criminalística Carlos Valdés, en diciembre pasado, todos coinciden en que esta bogotana conoce la entidad como las palmas de sus manos y que es una experta en el análisis de las conductas violentas.

Esta médica especializada en medicina forense lleva 24 años en el instituto, donde ha ocupado diferentes cargos, el último de ellos subdirectora de servicios forenses. Tal vez por eso, y por su condición de madre de dos jóvenes, lo que más la impacta son los casos de violencia en los hogares, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia contra niños.

“La condición de mujer, de esposa, de mamá, le permite a uno tener una sensibilidad especial frente a muchas de las situaciones que uno vive en el instituto. Uno termina siendo mamá sobreprotectora cuando ve todos los días la violencia”, reconoce la directora, quien además se muestra preocupada por el “altísimo grado de intolerancia” que hay.

En entrevista con EL TIEMPO, la directora de Medicina Legal habla de su antecesor, de  sus propósitos en el instituto y analiza los diferentes fenómenos violencia y dice cuáles son los que más le preocupan.

En el doctor Carlos Valdés reconozco un hombre de altísima calidad científica que se retira de manera voluntaria en un acto loable de reconocimiento de una equivocación, con la intención de no perjudicar al instituto. Eso es una actitud de valentía y honestidad. En los 8 años que estuvo al frente del instituto fue mi maestro. Lo respeto y lo valoro.

En el fortalecimiento de la atención en dos aspectos: uno, que frente a los temas de violencia intrafamiliar, violencia de género y de delitos sexuales la atención sea articulada con las otras instituciones, para que se dé cumplimiento a medidas no solo en justicia sino en prevención y restablecimiento de derechos del núcleo central, que es la familia.

También vamos a continuar la búsqueda de desaparecidos. Con los acuerdos de La Habana, el instituto sigue siendo el soporte técnico-científico tanto para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas como para la Jurisdicción Especial para la Paz. Así debe ser porque el instituto tiene 105 años de experiencia técnico-científica y la experiencia de un país en conflicto. Los procedimientos en necropsias solo los tiene el instituto y los mejores equipos para el estudio de ADN los tenemos nosotros.

Hay un altísimo grado de intolerancia, y eso lleva a no ponernos en los zapatos del otro y a pasar por encima del otro.

En el comparativo de enero a abril de 2018 con el mismo período de 2019, el homicidio tiene una leve disminución de 1,54 %. Teníamos 3.694 casos en 2018 y en los 4 primeros meses de este año tenemos 3.637. Pero la causa de muerte, o sea por qué se mata a las personas, ahora es con medios muy agresivos, cada vez son más heridas por proyectil de arma de fuego, más heridas con arma cortopunzante.

Aunque hay una disminución en la violencia contra la mujer, los casos siguen siendo muchos. En los primeros 4 meses, 293 mujeres fallecieron por homicidio, frente a 318 del año pasado. Esa reducción no lo deja a uno tranquilo, en la medida en que las lesiones son más severas. Los homicidios se centran en la población de 15 (muy alto) hasta 35 años o 40 años; después disminuye un poco hasta los 59 años. Son muertes en edad productiva.

Aunque es preocupante que se presenten suicidios en cualquier edad, en niños, niñas y adolescentes uno termina sintiéndose responsable, porque es nuestra responsabilidad como sociedad, como educadores, como institucionalidad y, por supuesto, como familia. En 2018 teníamos 768 suicidios en los primeros 4 meses, y en el 2019 van 786, lo cual implica un aumento del 2,34 %. El suicidio es un poco más alto entre los 20 y 24 años, los que acaban de salir de la adolescencia, los que empiezan su adultez.

Las violencias no fatales empiezan en las casas. En los primeros 4 meses del 2018 tuvimos 79.829 casos, frente a 76.508 en el mismo periodo de 2019. Es una disminución de 3.321 casos. Dentro de estas se encuentra la violencia interpersonal, como la que se genera en las riñas en la calle. Se pasó de 35.503 en 2018 y 34.236 en 2019, para una reducción del 3,57 %.

También se redujo la violencia intrafamiliar, de 25.386 en 2018 a 23.950 en 2019; y las lesiones en transporte, que bajaron de 9.762 en 2018 a 9.341 en 2019. La mayor disminución está en las lesiones accidentales, como caídas en la casa, en el trabajo o los niños quemados accidentalmente. Aquí hubo 203 casos menos (de 954 a 751), para una reducción del 21,28 %.

Aunque hay una reducción, las cifras son alarmantes. Son 23.950 familias que han tenido este año un hecho de violencia, son familias en las cuales hay niños, ancianos y mujeres vulnerados. Si a los hechos de violencia intrafamiliar les sumas las valoraciones por delitos sexuales, en los primeros 4 meses fueron 8.230, nos da que 32.180 familias están sometidas a una violencia extrema. Esto no es el diagnóstico total, es el diagnóstico al que tiene el Instituto, porque de ahí para allá hay mucho que no se registra ni se denuncia.

En el transcurso de los años vienen en aumento. En menores de edad veníamos en 2016 con 18.416 valoraciones por delitos sexuales, en 2017 con 20.365 y en 2018 con 22.788. Si bien en los últimos 4 meses no ha habido aumento (-24 casos), vamos hacia un incremento.

El diagnóstico nos dice que debe haber 200.000 cuerpos por recuperar; entonces, cuánto nos vamos a gastar. Si ponemos todo el recurso del Estado y logramos recuperar 2.000 al año, son como 100 años. Por otro lado, tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones y reconocer que tenemos puntos de demora. Nuestro fin es organizar lo que hicimos desorganizado para poderles prestar un mejor servicio a las víctimas. Entonces, el banco de perfiles genéticos requiere impulsos, requiere más muestras de familiares, seguir incluyendo muestras de cadáveres y eso lo hacemos junto con las instituciones.

Desde el 2015, junto con la Fiscalía y el CICR, empezamos un proceso de intervención de cementerios. Ya se han hecho en Bocas de Satinga, Cimitarra, La Plata, Puente Nacional, Yarumal, Bojayá y Florencia. Esas intervenciones, a corte de 2018, nos habían permitido exhumar 564 cuerpos. De esos tenemos 82 plenamente identificados. Estos casos son muy complejos y lograr identificar 82 implicó tener un universo de muestras de perfil genético de familiares.

Desafortunadamente por la violencia que hemos tenido durante tantos años, en ciencias forenses el país ha logrado un desarrollo importante. Eso le ha permitido al instituto ser líder, tanto en lo científico como en conocimiento, en Latinoamérica y frente a países de Europa y Norteamérica. Cada médico forense en Bogotá hace un promedio de 180 a 200 necropsias médico legales al año, esa experiencia no la tienen en países europeos. Desde el punto de vista académico, para un médico forense extranjero la morgue de Bogotá puede ser muy enriquecedora. Aquí, en un día tenemos de 15 a 18 casos por diferentes causas de muerte.

Es claro que nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia. ¿Qué necesitamos? Que los recursos que hemos pedido para poder apoyar esta etapa del acuerdo de paz sean direccionados al instituto. El decreto de creación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos dice que el Gobierno fortalecerá al Instituto Nacional de Medicina Legal, esos recursos se necesitan para apoyar técnico-científicamente a la Unidad, a la JEP y a la gente vengan al Instituto.

En el 2018 aumentó 0,32 %. Nosotros teníamos asignado 218.000 millones para el 2018 y para 2019 aumentó 6,82 %, pero eso es insuficiente, escasamente funcionamos. Esto nos ha llevado a utilizar la imaginación para optimizar los recursos. El presupuesto que pedimos para suplir las necesidades del postconflicto es de 156.000 millones de pesos. Tenemos diagnosticado que para el apoyo a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos necesitamos 153 funcionarios más y para el apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz  173. Pero también necesitamos infraestructura como oficinas y equipos, y un laboratorio de genética exclusivo para esa tarea.

Guillermo Reinoso Rodríguez

REDACCIÓN EL TIEMPO