Comunidades indígenas y afro han recibido más de 70.000 has de tierra

Comunidades indígenas y afrodescendientes de 24 departamentos de Colombia se han beneficiado con la entrega de tierras que viene adelantando la Agencia Nacional de Tierras para saldar la deuda histórica de despojo del territorio que han sufrido las comunidades ancestrales a lo largo y ancho del territorio.

“En dos años de gobierno, desde la Dirección de Asuntos Étnicos hemos entregado más de 70.000 hectáreas a comunidades negras e indígenas, con una inversión que asciende a 348.050 millones de pesos, impactando a comunidades de 24 departamentos con la entrega de 276 predios”, informó Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Muchas de estas comunidades han protagonizado luchas históricas por la recuperación del territorio que estuvo en manos de sus ancestros y que, en múltiples oportunidades, fueron despojados”.

En algunos casos, la lucha ha sido por la legalización de los títulos, donde también hay avances.

“En los últimos dos años, la Agencia Nacional de Tierras, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, ha formalizado cerca de 728.000 hectáreas productivas beneficiando a comunidades indígenas y afro con el propósito de reconocer y garantizar sus derechos territoriales teniendo en cuenta el enfoque diferencial”, precisó el director de la ANT.

En el proceso se han beneficiado familias de departamentos como Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guajira y Meta, entre otros.

Es el caso de las comunidades Kogui, Wiwa y Arhuaca del municipio de Dibulla, en el occidente del departamento de la Guajira, que, casi dos décadas después de ser víctimas de los paramilitares y las guerrillas de las Farc y el Eln, lograron ampliar el territorio de su resguardo con la entrega de 490 nuevas hectáreas de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que el 26 de septiembre del 2024 falló a favor de la comunidad el litigio por la tierra, en tiempo récord, la ANT procedió a legalizar la ampliación del resguardo, que pasó de 407.839 hectáreas que tenía en 2023 a 408.329 este año.

Para las comunidades indígenas y afrodescendientes, decisiones como esta, que no es la única, significan la posibilidad de gobernar y ejercer soberanía sobre su territorio, pues los títulos de la tierra son inalienables, imprescriptibles e inembargables, con protección Constitucional.

En el departamento del Cauca, por ejemplo, 40 mujeres afrodescendientes de tres veredas del municipio del Patía se beneficiaron con este proceso de formalización y ahora tienen el título colectivo.

Ellas se juntaron y lograron que 99,9 hectáreas que alguna vez fueron de sus ancestros volvieran a la comunidad gracias a los títulos tramitados por la Agencia Nacional de Tierras.

“Esos terrenos han sido ancestrales, por distintos motivos la gente nativa vendió las tierras, pero volvimos a recuperar el territorio que era de nuestros antepasados y hoy tenemos la titulación colectiva”, explicó Anaceli Mosquera Correa, la líder del grupo de mujeres afrodescendientes del Patía.

Además, esta comunidad de mujeres recientemente recibió apoyo de la ANT en insumos y ganadería (novillas para la cría) para fortalecer sus procesos productivos. “Gracias a ese apoyo, a futuro, vamos a tener cómo generar ingresos para la seguridad alimentaria de cada una de nuestras familias”, dijo Mosquera Correa.

Hoy, con sus familias, trabajan por su seguridad alimentaria. “La titulación también les garantiza a las comunidades la seguridad jurídica sobre su territorio ancestral”, informó Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, subdirector Técnico de la subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, al señalar que “tienen el mismo carácter de los parques nacionales y de otras figuras jurídicas del Estado Colombiano. Es de carácter colectivo”.

La subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras soporta el trabajo técnico para la entrega de tierras y legalización de títulos en asuntos como la constitución y ampliación de resguardos indígenas y la delimitación y titulación a comunidades negras.

Antes de que el título salga a favor de las comunidades, se adelanta un trabajo de seguridad jurídica encaminado a la protección y clarificación que permite avanzar en procesos de ampliación y saneamiento de los títulos para las comunidades indígenas y afrodescendientes. “El trabajo que se realiza es especializado y garantiza la protección constitucional de los derechos de las comunidades hacia el futuro”, precisó Mazabuel.

Todos los días, el personal de la Agencia Nacional de Tierras está recorriendo el territorio y coordinando con las comunidades acciones múltiples que al final permitirán aumentar la entrega y legalización de tierras.

En Arauca, por ejemplo, realizaron la caracterización a las comunidades Cibariza y Calafitas 1 del resguardo Valle del Sol, pueblo U’wa que permitirá titular 148 hectáreas promoviendo la cooperación comunitaria en sus actividades productivas.

En Putumayo, se está trabajando en la constitución del Resguardo Tssenene del pueblo Cofán en Puerto Asís. Fueron más de veinte años para lograr el reconocimiento de las 25 hectáreas para 29 familias y más de 115 habitantes.

En Nechí, Antioquia, el equipo de Asuntos Étnicos se reunió con el Consejo Comunitario Coafrodelce, una asociación de comunidad afro víctima del conflicto armado, para censar 158 personas de 42 familias y avanzar en la titulación colectiva de 200 hectáreas.

En Putumayo, la Agencia Nacional de Tierras participó de la Mesa Permanente de Concertación con 15 pueblos indígenas para mostrar avances en los procesos de legalización, ampliación y constitución de resguardos, de los cuales hay 157 procesos en trámite.

José María Conchacala Mojica, coordinador General de Territorio Ancestral del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, está feliz porque su comunidad terminará el 2024 con más tierra de la que tenía el resguardo el año pasado, gracias al trabajo de recuperación en el que han persistido durante décadas.

Se trata de comunidades del municipio de Dibulla, en el occidente del departamento de la Guajira, que históricamente han perdido territorio por el accionar de los paramilitares y las guerrillas de las Farc y el Eln.

Hoy, gracias a su persistencia, acaban de ampliar el territorio del resguardo en 490 hectáreas de tierra, legalizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Es la quinta ampliación del resguardo que logran gracias a una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que el 26 de septiembre del 2024 falló a favor de la comunidad el litigio por la tierra, pero en especial porque rápidamente la Agencia Nacional de Tierras acató la orden judicial y adelantó el proceso para legalizar la ampliación del resguardo. Pasaron de 407.839 hectáreas que tenían en 2023 a 408.329 este año.

“Como pueblo indígena, recuperar el territorio es una prioridad, porque este territorio es de nosotros. Por eso, cada vez que compramos o los campesinos nos venden voluntariamente, adelantamos el proceso para que se legalice la ampliación”, explicó Conchacala Mojica.

“Hemos trabajado en conjunto, ya ha habido avances de los procesos en que hemos estado en temas de recuperación y ahora estamos trabajando la sexta ampliación. Seguimos avanzando”, agregó.

Para las comunidades Kogui, Wiwa y Arhuaca no se trata solo de la recuperación física de la tierra. La recuperación está centrada en sitios sagrados y enfocada en el tema ambiental, el agua y la flora.

“Nosotros estamos visionados en recuperación de sitios sagrados que son una zona de importancia, por eso vamos comprando en zonas estratégicas y solicitamos a la agencia que nos amplíe y lo seguiremos haciendo”.