El país reclama con urgencia vía libre a la reforma judicial

Con el fin de reflexionar y debatir sobre los desafíos y avances en un asunto crucial para el país como la reforma a la justicia y cómo esta puede transformar el sistema judicial colombiano para hacer realidad los principios de justicia, equidad y democracia, este fin de semana se realizó el foro ‘Reforma a la Justicia’.

Como anfitrión de este evento, liderado por el Congreso de la República y EL TIEMPO, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, comenzó por valorar el esfuerzo por modernizar el sistema judicial y reducir la impunidad, en el que la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley de reforma a la justicia, por medio del cual se busca garantizar una justicia penal más pronta, eficaz, ajustada a las necesidades de los ciudadanos y que asegure en todo momento los derechos de las víctimas.

“El sistema penal acusatorio, implementado con la Ley 906 de 2004, ha enfrentado retos significativos, incluyendo la congestión judicial y la alta impunidad; el 70 por ciento de los delitos quedan en la impunidad, lo que evidencia la urgencia de reformar el sistema para garantizar la justicia y la reparación integral a las víctimas”, dijo Verano.

A su vez, Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, manifestó que la necesidad de contar con una justicia ágil y efectiva no solo permitirá devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino consolidar a la Rama Judicial como lo que es: un pilar fundamental del poder público en Colombia.

“Quiero destacar el esfuerzo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, que han aportado su conocimiento y experiencia a esta reforma, evidenciando su compromiso institucional de colaboración armónica con el Congreso de la República”, enfatizó Cepeda, quien agregó que espera que este proyecto sea aprobado en los primeros meses de 2025 en la Cámara de Representantes, y que desde el Senado tienen el compromiso de acompañar la reforma hasta su promulgación.

Por su parte, Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, recordó que desde 1989, con las buenas reformas que se introdujeron en la Carta Política de 1991, eran los temas que hoy siguen siendo de discusión, controversia y de anhelo de reforma a la justicia para satisfacer un principio básico de los ciudadanos del país.

“Temas como congestión judicial y demora en los procesos, alto índice de impunidad, limitado a la justicia, corrupción en el sistema judicial, desarticulación entre las entidades del sistema, la crisis carcelaria... todos esos temas reflejan la necesidad urgente no solo de reformas estructurales, sino también de reconocer que hay que darle más recursos a la justicia”, recalcó Cabello.

El primer , moderado por Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO, contó con la participación de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación; Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Diego Corredor, presidente de la Sala de Casación Penal, y Fernando Bolaños, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Para la Fiscal General, este proyecto apunta a un tema muy central: la eficiencia de la justicia. “Estamos acostumbrados a tener procesos penales tremendamente dilatados y demorados. Las personas acuden a formular una denuncia y son llamadas insistentemente a que la amplíen, a que aporten elementos de prueba; pasan años y no saben qué sucede con su denuncia y por eso tenemos esa sensación de que la justicia no avanza”.

A su turno, Gerson Chaverra anotó que con la reforma se pretende levantar una limitación legal que hay respecto de un sinnúmero de delitos como la extorsión, el terrorismo y su financiación, que tienen prohibición de la figura negociada, de terminar anticipadamente por razón de los preacuerdos o los allanamientos. “La figura de permitir las negociaciones en este tipo de delitos, sin duda, va a ayudar a desestructurar y a procesar estructuras criminales”, advirtió el Presidente de la Corte Suprema

Diego Corredor, por su parte, hizo énfasis en que esta iniciativa de reforma fue consensuada y además sintonizada con los representantes de la Rama Judicial a nivel regional.

“La Corte Suprema de Justicia desde hace un par de años ha venido entrando en o permanente con los tribunales y jueces de la provincia, y en esos diálogos hemos podido captar esas preocupaciones que han dificultado la pronta y cumplida justicia en todo el país y a raíz de eso hemos llegado a las conclusiones que hoy aparecen reflejadas en este proyecto de ley”, aseguró el Presidente de la Sala de Casación.

A su vez, Fernando Bolaños llamó la atención sobre la necesidad de hacer una labor pedagógica para que los ciudadanos puedan ir entendiendo cuáles son las bondades de un sistema de justicia premial y que fue el que Colombia adoptó al traer el sistema acusatorio con principio adversarial.