Fin de ciudadanía por nacimiento y despidos masivos: así avanzan demandas contra órdenes de Trump en EE. UU.

Como se anticipaba, el presidente Donald Trump no ha perdido un solo minuto desde su llegada a la Casa Blanca el pasado lunes para poner a rondar su agenda y comenzar a cumplir las promesas que hizo durante la campaña.

Hasta el momento, lo ha hecho a través de órdenes ejecutivas, que si bien tienen el efecto de una ley, también cuentan con algunas limitaciones. Bien sea por las dificultades para volverlas operativas o porque son contrariaras a la Constitución o a normas vigentes en Estados Unidos.

(Le recomendamos: Trump firma orden para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento: ¿qué cambiará en Estados Unidos?)

Por el momento, el presidente republicano ha expedido 46 órdenes ejecutivas, una de las cuales anuló, además de otras 77 medidas que entrarán en función y que fueron tomadas por el expresidente Joe Biden. Es decir, en total van mas de cien en sus primeros dos días en el cargo, lo cual constituye todo un récord en términos de la historia moderna de ese país.

Así las cosas, y como se esperaba, la llegada al poder de Trump desató toda una especie de "resistencia" entre sectores de la sociedad civil y algunos estados de mayoría demócrata que han comenzado a recurrir a las cortes para intentar frenar algunas de las órdenes ejecutivas más polémicas.

Aunque se prevé que serán muchas más, en los primeros tres días de su mandato ya van más de una docena que giran en torno a tres áreas particulares: el fin del derecho a la ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos, la reclasificación de empleados federales a una categoría que permite destituirlos con mayor velocidad y la creación del nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental, que encabeza el magnate Elon Musk.

Una cuarta línea de batalla también ha comenzado a tomar forma con relación a la orden dada por Trump para usar a las Fuerzas Armadas en la frontera sur con México.

Cuatro de las primeras demandas contra las decisiones ejecutivas, le apuntaron a una de las primeras medidas de Trump con la que, en teoría, acaba con el derecho a la ciudadanía que tienen todas las personas que nazcan en territorio estadounidense sin importar su origen o si sus padres residen legalmente en el país.

Según Trump, si bien la enmienda 14 de la Constitución otorga ese derecho, su intención nunca fue extenderlo a hijos de ilegales o personas que residen legalmente en el país, pero con permisos temporales como visas de trabajo, estudio o turismo. 

La medida ordena a las autoridades federales cancelar la entrega de documentos como pasaporte, números de seguridad social y partidas de bautismo a todo niño que nazca en el país a partir de febrero de 2025 y advierte que no reconocerá este tipo de documentos si son expedidos.

(Siga leyendo: Trump critica a obispa que ofició su ceremonia de investidura por pedir misericordia para los niños inmigrantes y la comunidad LGTBI)

Las demandas, elevadas en cortes diferentes, son similares pero atacan el tema desde diferentes ángulos.

La más grande es la que interpuso el Fiscal General de Nueva Jersey este martes, y a la que ya se sumaron otros 17 estados del país, además de cuatro estados adicionales que elevaron una querella semejante ante otra corte.

"El Presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o un estatuto debidamente promulgado. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer", dice la denuncia.

Otra, presentada por la Unión Americana para las Libertades Civiles (UCLA por su sigla en inglés) y grupos proinmigrantes, alega que Trump, no solo está ignorando la Constitución y saltándose al Congreso, sino desechando más de 150 años de precedentes judiciales.

Y una adicional fue elevada en Boston por representantes de una mujer embarazada que dará a luz próximamente y cuyo hijo se verá afectado por la determinación.

En su conjunto, todas apuntan al texto de la enmienda 14 de la Constitución, donde el derecho está consagrado y las interpretaciones legales que se han hecho de la enmienda a lo largo de sus años desde su expedición en 1868.

Dado que las reformas constitucionales en EE. UU. son casi imposibles -se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y luego el voto afirmativo del 75 por ciento de los estados-, la apuesta de Trump parece ser una reinterpretación de la enmienda a través del proceso judicial.

"El derecho a la ciudadanía es mucho más profundo y fundamental al funcionamiento del país que casi cualquier otra cosa. Mucho más profundo que la interpretación que acabó con el derecho al aborto en el país. Y sí, podrían tumbarlo, pero con eso no solo estarían borrando con el codo el precedente de más de un siglo sino modificando como tal la Constitución", afirma Hiroshi Motomura, profesor de derecho de la Universidad de California.

(Además: Trump amenaza a Rusia con más sanciones si rechaza negociar un alto al fuego con Ucrania)

Lo más complejo, en este caso es que las demandas con toda seguridad llegarán a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra y que actualmente es controlada por 6 jueces conservadores (entre 9 que la componen) y donde tres fueron nombrados por Trump.

Las tres demandas interpuestas contra el Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE por su sigla en inglés), alegan, en líneas generales, que el presidente Trump creo una nueva institución sin mandato del Congreso y la transparencia requerida.

"El Departamento de Eficiencia Gubernamental no es un departamento federal. Los representantes electos en el Congreso no lo han establecido ni han financiado tal empresa. DOGE es, en cambio, una operación en la sombra dirigida por multimillonarios no electos que pueden obtener enormes recompensas financieras de esta influencia y ", dice una de ellas.

Otra sostiene que dado que el DOGE operará como un comité de asesoría federal debe está guiado por las leyes que exigen esté integrado una representación balanceada de la sociedad, mantenga minutas de sus reuniones y permita el del público a sus encuentros.

El presidente Trump también está enfrentando obstáculos legales por una orden ejecutiva que restablece el "Anexo F", que permite reclasificar a decenas de miles de empleados federales como empleados políticos, lo cual facilita su despido.

El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que representa a empleados de 37 agencias y departamentos, impugnó la orden en una demanda presentada el lunes por la noche, argumentando que priva a los empleados federales de ciertos derechos de debido proceso y es "contraria a la intención del Congreso".

El Congreso permite que un presidente elimine las protecciones laborales de los trabajadores federales si lo justifican las "condiciones de buena istración", según la demanda. Pero, luego añade que la orden ejecutiva de Trump no alcanza ese umbral.

"Esta orden trata de istrar pruebas de lealtad política a los empleados comunes de la fuerza laboral federal que juraron defender la Constitución y servir a su país", dijo la presidenta nacional del NTEU, Doreen Greenwald, y una de las lidera la demanda.

Por ley, los presidentes de Estados Unidos tienen potestad para nombrar de manera directa a unos 4.000 empleados (nombramientos políticos) para las diversas agencias del Gobierno. Pero, lo que busca Trump con esta reclasificación es expandir ese cupo a más de 60.000 para poder llenarlos con personas afines a su ideología, algo que también intentó durante su primera istración, pero que fue frenado por decisiones judiciales.

Dado que en esta ocasión las cortes le son más favorables, el desenlace podría ser distinto y con profundas implicaciones para la carrera del servicio público en EE. UU.

(Le puede interesar: Este es el plan que tiene el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para sacar del poder a Nicolás Maduro / Análisis de Mauricio Vargas)

En el frente migratorio hay otras dos órdenes ejecutivas frente a las que ya se preparan demandas. Una de las primeras decisiones de Trump fue declarar a Estados Unidos en emergencia nacional por la crisis de inmigrantes en México alegando, entre otras cosas que no solo crean una amenaza a la seguridad nacional sino un riesgo a la salud dado que los inmigrantes podrían trasmitir enfermedades a la población.

De esa orden ejecutiva, que le otorga al presidente gran poder en varios frentes, emanaron otras decisiones. Entre ellas, una que suspende todas las solicitudes de asilo y refugio y otra otorga a los a los militares un papel explícito en el control de la inmigración y ordena al Departamento de Defensa que elaborara un plan “para sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los Estados Unidos repeliendo formas de invasión”.

Ambas, de acuerdo con abogados, son problemáticas. 

En el caso de la primera, y dado que EE. UU. es parte de convenios internacionales que lo obligan a procesar asilos y refugios y normas internas que garantizan ese derecho, Trump tendrá que justificar la interrupción antes las cortes. Especialmente ahora que no existe una amenaza de salud concreta como lo fue el covid-19 -que le permitió tomar medidas similares- y cuando los cruces o encuentros con ilegales en la frontera están en uno de sus punto más bajo en décadas. 

De acuerdo con cifras oficiales, los encuentros se han reducido a menos de mil diarios, un número inferior al que se registró en cualquier punto de sus cuatro años anteriores como presidente.

La segunda orden, dirigida a los militares, es igualmente controvertida pues chocaría con una ley de 1870 llamada Ley Posse Comitatus, que generalmente limita el uso de tropas federales regulares con fines policiales internos.

"Esto es realmente peligroso y desacertado, pues la orden parece pedir a los militares que traten la frontera no como un asunto policial o de la aplicación de la ley sino como una campaña militar a gran escala", afirma Elizabeth Goitein, directora del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Se trata de un tema muy sensible en EE. UU., pues si bien los militares han sido desplegados en el pasado al interior del país para enfrentar desafíos, existe mucha prevención frente a darles patente de corzo en misiones domésticas. La orden de Trump no es clara en si tendrían poder para arrestar a inmigrantes y otras acciones ofensivas.

De allí que las demandas todavía están en el tintero mientras emerge claridad sobre las intenciones del presidente.

De acuerdo con diversos expertos, aunque muchas de las decisiones tomadas por Trump son serias y tendrán profundo impacto también son estratégicas y en algunos casos la intención es solo alborotar el avispero, enredar a sus oponentes y proyectar decisión.

"En algunos casos es hasta irrelevante si las decisiones de Trump resisten la revisión judicial. Es una especie de campaña de conmoción y asombro por orden ejecutiva que envía un mensaje a sus opositores y a sus partidarios de que ha regresado. Trumpintentará cumplir sus promesas de campaña, y lo hará de manera agresiva", sostiene Matthew Dallek, historiador político de la Universidad George Washington.

Para Thad Kousser, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en San Diego, incluso, si los tribunales o un próximo presidente anularan algunas de sus medidas, Trump ya ganó a punta de impacto así se trate, de momento de una victoria temporal.

(Más: Retomar cooperación penal y abrir mesa de diálogo, las cartas del chavismo tras la llegada de Trump)

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington