Los retos de Colombia para recibir la ayuda económica de Estados Unidos

Pocos días después de anunciar su intención de designar al país como Aliado Principal Extra Otán, el presidente Joe Biden y el Congreso estadounidense dieron un nuevo espaldarazo a Colombia al autorizar el desembolso de 471,3 millones de dólares para gastar a lo largo del año fiscal 2022.

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Se trata del paquete de recursos más grande que se aprueba para el país en la última década y el cuarto más voluminoso desde que se autorizó el Plan Colombia en el año 2000.

Un claro gesto sobre la importancia que EE. UU. le da a Colombia y que demuestra, de paso, que las rencillas que existieron por la intervención de políticos colombianos en las elecciones del año pasado para favorecer a Donald Trump, al parecer, han quedado en el pasado.

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Así mismo, despeja dudas sobre la supuesta intención de Biden de “abandonar Colombia”, premisa que utilizó el expresidente republicano para ganarse el voto de los colombianos en la Florida.

“Con la asignación del presupuesto más alto de la década para Colombia por parte del presidente Biden se ratifican las excelentes relaciones de cooperación entre nuestros dos países y se confirma que somos el aliado más importante de EE.UU. en el Hemisferio”, dijo el presidente Iván Duque al comentar la noticia y agregó que esta “importante contribución se verá reflejada en inversiones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la atención de los más vulnerables”.

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Como en anteriores ocasiones, la ayuda está dividida en cuatro grandes bloques. El primero, por unos USD $ 221 millones, está dirigido al desarrollo económico. Entre ese monto, 18 millones de dólares irán para biodiversidad y 23 millones para comunidades afro e indígenas.

El segundo, de unos 40 millones de dólares se concentrará en el apoyo a las fuerzas armadas y un tercero, de 21 millones de dólares para el desminado. El cuarto, por USD $ 189 millones es el que se dedicará específicamente a la lucha contra el narcotráfico. Pero en este último se presentaron algunos cambios.

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Según el Congreso de EE. UU., 40 millones de dólares de esos recursos se deben dirigir a la seguridad rural en zonas cocaleras que han sido escogidas para desarrollar programas de desarrollo alternativo. Así mismo, otros USD $ 37,5 millones se asignarán a la protección de los derechos humanos, mientras que 19,5 millones irán para el fortalecimiento del aparato judicial.

El resto en esta partida estaría enfocado en la erradicación de cultivos ilícitos. En otras palabras, un poco más de la mitad de los recursos para la lucha contra el narcotráfico están encaminados a programas diferentes a la erradicación.

El paquete de asistencia, al igual que en versiones pasadas, incluye una lista de condicionamientos a la ayuda.

Entre estas se destaca que el 20 por ciento de la ayuda antinarcóticos, es decir unos 40 millones de dólares, requieren de una certificación del Departamento de Estado de Estados Unidos previo a su desembolso en la que constate que el país está implementando una estrategia para reducir los cultivos de una manera sustantiva pero sostenible que incluya ofrecer garantías de seguridad en zonas cocaleras.

Y también que esa estrategia respete los acuerdos que se firmaron con las Farc en el 2016.

El 20 ciento de los fondos dirigidos al Ejército (USD $ 8 millones), depende de otra certificación enfocada en derechos humanos.

Asimismo, Estados Unidos pide que se esté procesando y castigando a militares responsables de abusos de derechos humanos y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esté sentenciado a responsables de violaciones a los derechos humanos privación de su libertad. Además, que se esté protegiendo a comunidades vulnerables e investigando las amenazas y ataques contra líderes sociales y activistas.

Por primera vez en la historia, la ayuda incluye un condicionamiento dirigido a la Policía Nacional. De acuerdo con la ley, el desembolso de otro cinco por ciento de la ayuda antinarcóticos (unos USD $ 10 millones) requiere de una nueva certificación del secretario de Estado en la que constate que Colombia está enjuiciando y castigando al personal de la policía que “ordenó, dirigió o utilizó fuerza excesiva y otras actividades ilegales contra manifestantes en las marchas del 2020 y 2021”.

Así las cosas, un aproximado de 58 millones de dólares estaría condicionado a algún tipo de certificación.

Sin embargo, según el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, gracias a su gestión diplomática y en coordinación con la istración Biden, se logró excluir del texto final la Ley de disposiciones adicionales que eran “lesivas para los intereses de Colombia en materia de seguridad y para el prestigio de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia”.

Entre ellas, la prohibición de asistencia al Esmad, un reporte sobre los militares retirados de Colombia, como consecuencia de lo ocurrido con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse; y otra disposición que planteaba una retención del 30 por ciento de la ayuda antinarcóticos, sujeta a la certificación anual de derechos humanos.

Cabe aclarar, que EE. UU. nunca ha proporcionado asistencia al Esmad, pues sus intereses en el país no incluyen el control de motines. Pero fuentes legislativas le dijeron a este diario que la intención de condicionar por primera vez parte de la ayuda para la policía es, precisamente, elevar el estándar en esta unidad.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON