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‘Hay que mirar la lucha contra los narcóticos de una manera integral’
La subsecretaria estadounidense Heide Fulton habla sobre la estrategia antinarcóticos con Colombia.
En el 2015, 177 de 905 programas de lucha antidrogas tuvieron cero pesos de ejecución. Foto: Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO
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Hace una semana estuvo en el país Heide Fulton, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EE. UU.
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Fulton, en este momento, es la mandamás en la istración de Joe Biden en lo que se refiere a políticas antidrogas y su implementación a nivel internacional.
El eje de su visita fue una reunión de alto nivel con las contrapartes colombianas para revisar los esfuerzos antinarcóticos y definir el camino por seguir. Del encuentro salió una nueva estrategia acordada por ambos países, que ha sido vendida como “integral” y enfocada en el desarrollo de regiones afectadas por el flagelo, la defensa del medioambiente y un componente de erradicación, seguridad y aplicación de ley.
En entrevista con EL TIEMPO, Fulton explica esos acuerdos y las metas que se trazaron. Queda claro de esta conversación que con la llegada de Biden a la presidencia las prioridades han cambiado. Aunque Fulton dice que la erradicación seguirá siendo importante, es también contundente al afirmar que, por sí sola, no acabará con el problema. Sostiene, a su vez, que se están desarrollando nuevas matrices ya no enfocadas únicamente en las estadísticas sobre crecimiento de cultivos ilícitos, sino en el progreso en el terreno con las comunidades.
De paso, Fulton dice que la fumigación aérea en pequeñas cantidades puede ser una herramienta importante, pero la decisión de utilizarla es una que le corresponde al Gobierno colombiano.
En su último viaje a Colombia, usted habló de una nueva estrategia para combatir el narcotráfico en el país. ¿En qué se diferencia la nueva aproximación de lo que se venía haciendo o se ha hecho en el pasado?
Tuve la oportunidad de viajar a Colombia para participar en el grupo de trabajo bilateral sobre drogas, y en ese foro discutimos y acordamos una nueva aproximación integral para la lucha contra los narcóticos, y la meta es vincular de manera efectiva la presencia del Estado, la seguridad, el desarrollo y la implementación de las leyes para que podamos reducir la producción de coca de una manera sustentable. Y para eso acordamos tres pilares.
La subsecretaria Heide Fulton estuvo en Colombia y visitó al Bajo Cauca. Foto:Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Colombia
El primero es una estrategia integrada para reducir la oferta. Otro es un énfasis en desarrollo, seguridad y justicia, y el tercero es la protección ambiental. La erradicación de cultivos sigue siendo central en la estrategia, pero esto es un problema complejo que ha evolucionado, y tenemos que tener una aproximación que ataque el problema desde diversos ángulos.
Venimos trabajando con Colombia en la implementación de tres proyectos, en Cáceres (Antioquia), en Tumaco (Nariño) y en Sardinata (Norte de Santander). Estos proyectos resaltan cómo queremos ejecutar ahora esta nueva aproximación.
En Cáceres venimos desarrollando una programación secuencial, incrementado la presencia de la policía estatal, fortaleciendo la relación entre las autoridades y la comunidad, trabajando en desminado, formalizando la titulación de tierras para incentivar el crecimiento de cultivos lícitos; mejorando la infraestructura, como carreteras, para tener mejor a los mercados; entrenando a agricultores y fiscales, procesando crímenes ambientales y mejorando servicios locales.
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Lo nuevo es que es secuencial y la integración de estos elementos para atacar todo el espectro del problema y ayudar a las comunidades a que evolucionen hacia la producción de cultivos lícitos.
En la estrategia llama la atención el énfasis en la protección del medio- ambiente. ¿Qué llevó a darle prioridad a este aspecto?
El énfasis en los crímenes ambientales está porque muchas de estas organizaciones criminales que son responsables por la producción y el tráfico de cocaína son también responsables por la destrucción del medioambiente, la deforestación, la minería ilegal y polución. La idea, por supuesto, es proteger estas áreas, pero también ejercer más presión contra estos grupos, haciéndoles entender que por eso también deben responder.
Todo el mundo coincide en que se requiere un enfoque integral que ataque el problema desde la raíz e incluya un componente de seguridad y otro de desarrollo económico para que existan alternativas. Pero ambas cosas requieren de mucho tiempo y la inversión de masivas sumas de dinero. A lo largo de las décadas lo que hemos visto es que la intención está allí, pero nunca existe el tiempo o los fondos suficientes para cambiar la dinámica en el largo plazo. ¿Qué de esta nueva estrategia le hace pensar que ahora será diferente?
Lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante un problema muy grande y la naturaleza de ese reto ha cambiado con los años, al igual que la naturaleza de los grupos criminales.
Lo que hemos visto en este año y medio es que la producción de narcóticos ha seguido creciendo y los criminales se están aprovechando de la pandemia y de los otros retos que tiene el Gobierno, como la crisis económica, la crisis migratoria, las protestas internas y también transición en las políticas de EE. UU. Lo que hemos venido haciendo es dar un paso atrás y mirar cómo ha cambiado el reto, qué complejo es y con qué contamos, qué podemos hacer de una manera coordinada para obtener mejores resultados. En la medida en que el problema cambia, también hay que ajustar.
¿Esta estrategia de la que habla ya está acordada con el Gobierno colombiano o apenas está en una fase de planeación?
Lo que hemos acordado es el marco de esta estrategia. Tenemos una relación robusta con el Gobierno colombiano y estamos trabajando en metas específicas para llevar el Diálogo de Alto Nivel entre ambos países, y allí será el momento en que discutiremos puntos más específicos, como a dónde dirigir los recursos para implementar el plan. En el proceso de paz se identificaron ciertas zonas del país, y la idea es aplicar este enfoque en ellas.
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¿Tiene esta estrategia metas específicas en materia de erradicación? En el pasado la valoración sobre si se ha sido exitoso o no depende de las estadísticas sobre crecimiento o disminución de hectáreas sembradas...
Es una buena pregunta. La erradicación es importante, pero no se puede enfrentar un problema tan complejo concentrándose en un solo aspecto. Lo que queremos es atacarlo desde todos los ángulos.
Hay que hacer erradicación, pero también asegurar que esas ganancias sean sustentables en el futuro y se traduzcan en oportunidades para que estas personas puedan abandonar los cultivos ilícitos y hacer la transición a los lícitos.
Estamos desarrollando nuevas matrices que son más amplias y nos permitirán establecer cómo está evolucionando la situación en las comunidades y si estamos progresando o no. No se puede atacar el problema y luego pasar juicio basándose solo en un número. Hay que mirar esto de una manera integral para asegurarnos de que estamos obteniendo resultados y que estos se pueden sostener.
Un problema del que no se habla mucho en este contexto es el de la demanda. En su país sigue existiendo un gran mercado para la coca que genera millones de dólares y hace más difícil desestimular la producción...
Claro. Lo miramos tanto en EE. UU. como en Colombia porque en realidad la mejor manera de atacar este problema es prevenir el surgimiento de nuevos consumidores. La istración Biden está impulsando una serie de iniciativas para enfrentar ese componente, que es esencial.
En su último informe, la Casa Blanca dice que hubo un nuevo incremento del 15 por ciento en la producción y áreas cultivadas. ¿Cómo se explican ustedes estos aumentos no obstante los grandes esfuerzos que se hacen en erradicación?
Como le decía, hay varios factores que están pesando, como la pandemia, la situación económica, etc. Nosotros queremos ayudar a que se puedan implementar los acuerdos de paz, pero sabemos que es difícil. Las comunidades que se suscribieron a los programas del Gobierno quieren ver resultados, y por eso queremos trabajar con el Gobierno para dirigir los recursos a donde más tienen impacto, mejorar la presencia del Estado y ayudar en la transición.
Por esa misma época se generó una gran controversia porque las cifras que produce la ONU hablaban de un descenso del 7 por ciento, y las de ustedes, de un aumento del 15. ¿Por qué esa disparidad y qué están haciendo para corregirla?
Cuando hablamos de estadísticas hay que entender que hay varias metodologías para llegar a ellas. Hemos estado conversando con el Gobierno para entender el proceso. Ese fue un tema de la reunión bilateral.
Buscamos tener más armonía. Si las estadísticas van en dirección contraria, eso pone en duda cualquiera número, sea el de EE. UU. o de la ONU, y por eso es importante ser lo más precisos que podamos y vamos a seguir compartiendo información y desarrollando una estrategia para eso no se presente.
Sé que cuando estuvo en Colombia usted dijo que la decisión de fumigar le correspondía exclusivamente al Estado colombiano. Pero le pregunto por otra que sí le corresponde a EE. UU. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó una medida que prohíbe el uso de fondos de EE. UU. para la fumigación. El ministro de Defensa dijo que eso era un error y pidió excluirla. ¿Apoya esa medida o cree que puede terminar siendo un obstáculo?
Desde la perspectiva del Ejecutivo, no estamos en posición de pasar juicio sobre una legislación que está pendiente. Ese lenguaje del que usted habla lo aprobaron en la Cámara, pero no ha pasado por el Senado.
Pero, independiente de eso, nosotros consultamos estrechamente con el Congreso para entender sus objetivos y visiones y también para decirles qué tipo de fondos necesitamos para cumplir con nuestras metas.
Y seguiremos consultando con ellos para ver cuáles son sus intenciones y, por supuesto, acataremos el mandato que salga del Legislativo. Pero lo que dije en Colombia sigue siendo cierto. En una aproximación integral, la erradicación aérea es quizá un componente menor pero necesario. A la larga, obviamente, la decisión de hacerla o no le corresponde a Colombia.
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SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
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