Esta semana, previsiblemente el miércoles 15 o jueves 16 de noviembre, el actual presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, dará continuidad a su mandato por un nuevo periodo de cuatro años. Pero para llegar a ese momento atravesó una carrera de obstáculos, llena de piruetas, negociaciones, pactos antes impensables y hasta masivas protestas callejeras que alborotaron el clima político.

Sánchez renovará su mandato tras haber obtenido el respaldo de los partidos separatistas de Cataluña y del País Vasco, al que a última hora se sumó Unión Canaria. Y de esta manera obtendrá 179 votos en el Congreso de los Diputados, un número suficiente para constituir gobierno y un giro a su favor con el que superará en cantidad de votos a su copartidario Felipe González en 1986 y José Luis Rodríguez Zapatero en sus dos mandatos de 2004 y 2008.

Aunque el Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales, su líder Alberto Núñez Feijóo no obtuvo el respaldo suficiente de los diputados del Congreso para convertirse en presidente, pues el régimen constitucional español contempla el modelo parlamentario, que permite al Congreso decidir quién es el futuro presidente.

Así, como una paradoja electoral, Sánchez entrará a gobernar en el país sin haber ganado las elecciones generales del pasado 23 de julio.

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Si bien no es extraño que después de unos comicios los líderes más optados negocien y establezcan alianzas que les sumen votos en el Parlamento, lo inédito en este caso es el pacto que Sánchez cerró con los independentistas catalanes que habían celebrado un referendo anticonstitucional el 1.º de octubre de 2017.

En repetidas ocasiones, tanto Sánchez como Núñez Feijóo –los dos opcionados después de las elecciones de julio– anunciaron que no llegarían a ningún acuerdo con el independentismo catalán para obtener la presidencia. Feijóo alcanzó a sondear la posibilidad de un pacto con los catalanes, pero la línea dura de su partido –encabezada, entre otros, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– frenó la iniciativa. Sánchez, en cambio, persistió en el propósito hasta conseguirlo.

De hecho, aunque el líder socialista se cuidó de involucrarse directamente en la negociación y señaló que se trataba de un acuerdo entre partidos, es decir, entre el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y Junts per Catalunya, en España todos señalan directamente a Sánchez.

Y es que si bien el Partido Nacionalista Vasco se sumó a última hora al pacto de gobierno para facilitar la investidura de Sánchez, el factor determinante de las negociaciones siempre fueron los siete votos de los parlamentarios de Junts per Catalunya en el Congreso, el partido liderado por Carles Puigdemont, antes presidente de la Comunidad de Cataluña.

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El líder independentista tensó la cuerda hasta el último minuto para suscribir el acuerdo de respaldo a los socialistas, pero desde antes las negociaciones estuvieron centradas principalmente en lograr el compromiso de Sánchez de conseguir la amnistía a los encausados por el llamado procés, un referendo convocado en 2017 por Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente de Cataluña en ese momento, y que llevó a las urnas a los catalanes para decidir la independencia de la región, pese a las advertencias de que violaba la Constitución esgrimidas por el gobierno de entonces, liderado por el conservador Mariano Rajoy.

Tras un polémico conteo que le dio una ventaja al secesionismo, Puigdemont declaró la independencia de Cataluña y luego la suspendió momentáneamente. Pero Rajoy intervino el gobierno regional, el Tribunal Constitucional anuló el referendo de independencia y la justicia española llevó a varios dirigentes separatistas a la cárcel, mientras que otro puñado –entre ellos Puigdemont– huyó de España y aún recaen sobre ellos órdenes de captura.

Así, el acuerdo alcanzado entre el Psoe y Junts contempla la aprobación de una ley de amnistía para los encausados y la constitución de una mesa de negociación con la intervención de ambos partidos, y con la presencia de un verificador internacional, que estudie la problemática catalana. Una ley planteada como requisito imprescindible para mantener el apoyo al próximo gobierno.

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Además, recoge la necesidad de que se tomen medidas contra la judicialización de la política. El texto, igualmente, recoge la necesidad de que se amplíe la participación de Cataluña en las instituciones europeas y organismos internacionales, y la disposición de que los diputados de Junts votarán a favor de la investidura de Sánchez en el Parlamento.

El documento, además, incluye la propuesta de celebración de un nuevo referendo de autodeterminación sobre el futuro de Cataluña, amparados por el artículo 92 de la Constitución, que señala que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Aunque la consulta debe ser convocada por el rey a propuesta del presidente del gobierno y debe ser autorizada por el Congreso.

Los independentistas también piden que se lleve adelante la cesión a la Generalitat (Gobernación catalana) de todos los impuestos que se pagan allí, algo que no sucede con las demás comunidades autónomas españolas.

Lo cierto es que el acuerdo ha levantado una verdadera oleada de reacciones en contra. A lo largo de la semana, diversas manifestaciones multitudinarias se concentraron frente a la sede del Psoe y frente a las oficinas de la Unión Europea en Madrid. Varias de ellas terminaron en disturbios, con lanzamientos de gases lacrimógenos, humo y algunos detenidos. En la concentración del jueves, a la que acudieron unas 8.000 personas según la delegación del Gobierno, la policía detuvo a 24 personas.

Los opositores al pacto consideran que este atenta contra la igualdad de los españoles y socava las bases del Estado de derecho. Argumentan, además, que el artículo 92 de la Constitución no ampara un posible referendo, lo que también ha expresado el propio Tribunal Constitucional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Díaz Ayuso, por ejemplo, sostuvo que el acuerdo entre Junts y el Psoe es “un cheque en blanco que ha colado una dictadura”. Mientras que las principales asociaciones de magistrados consideraron el jueves en un comunicado que partes del acuerdo de los socialistas con Puigdemont suponen una “quiebra de la separación de poderes”, además de traslucir “desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial” en España.

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Los críticos, además, manifiestan que en la actualidad la reivindicación de independencia carece de apoyo ciudadano en Cataluña, dado que Esquerra Republicana, Junts y CUP obtuvieron menos del 30 por ciento de los votos en las elecciones generales de este año.

La futura ley de amnistía también genera división dentro del mismo Partido Socialista de Sánchez. En un duro reproche, el expresidente Felipe González manifestó que “la amnistía no merece la pena por siete votos”. Y el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró que las “ansias” por gobernar no deberían llevar a un acuerdo con una persona que pretende “acabar con la Constitución y con la unidad del país”.

Sánchez, por su parte, reclamó este sábado a la derecha que “acepte el resultado de las urnas”, en vez de convocar protestas contra su investidura, y aseguró que gobernará cuatro años más “para todos los españoles”. Además, lamentó que “un pasado que creíamos superado” resuene de nuevo “con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada”.

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Para este domingo está convocada una nueva manifestación en contra del acuerdo. Mientras que la próxima investidura de Sánchez, en todo caso, se celebrará en un ambiente político tenso e inmerso en enfrentamientos, y marcado nuevamente por los independentistas.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO 

MADRID