El rey Juan Carlos I busca regularizar su situación fiscal

El rey emérito de España, Juan Carlos I, da un paso adelante ante la autoridad fiscal española para regularizar su compleja situación tributaria. Se trata de una declaración voluntaria, preparada por su abogado, en la que el exmonarca explica el uso de tarjetas de crédito provenientes de supuestos fondos opacos, pertenecientes al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

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El propósito de la declaración es la de legalizar ante la Agencia Tributaria gastos por 120.000 euros, realizados a través de tarjetas de crédito, que también habrían usado familiares suyos como su esposa, la reina Sofía. En la investigación, que de otra parte adelanta actualmente la Fiscalía del Tribunal Supremo, no figuran ni Felipe VI ni la reina Letizia.

La declaración de Juan Carlos I ante la autoridad fiscal, sin embargo, no hace referencia a sus posibles bienes en el extranjero ni a la donación de 65 millones de euros entregada a su examante Corinna Larsen. Estos dos últimos hechos continúan bajo investigación de las justicias española y suiza.

La ley española obliga a todos los ciudadanos a declarar los bienes que poseen en el extranjero, bajo el llamado formato 720, y su ocultación genera consecuencias legales. Aunque dicha norma está demandada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las sanciones excesivas que establece, su aplicación continúa firme en España desde su expedición por el gobierno de Mariano Rajoy.

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El abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, recurre al formato 720 para regularizar el uso de los 120.000 euros, ocultos hasta ahora ante la Hacienda española. El dinero habría salido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien lo habría dejado a disposición de Juan Carlos I para sus gastos personales y los de su familia.

Sanginés-Krause, inversionista de 61 años y graduado con honores por la Universidad de Harvard, es amigo del rey emérito. Sus operaciones financieras se efectuaban a través de otra cuenta, vinculada al teniente coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, también cercano a Juan Carlos I y excolaborador suyo.

En paralelo a la declaración voluntaria de Juan Carlos I ante Hacienda, el asunto continúa bajo investigación judicial. La fiscalía del Tribunal Supremo trata de precisar si tales tarjetas fueron un regalo del empresario mexicano o si obedecen a pagos por comisiones al rey emérito durante años en que hubo una importante inversión española en México. Tanto Sanginés-Krause como Murga Mendoza ya han declarado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La reina Sofía habría comprado con las tarjetas tiquetes aéreos a Londres, su lugar de residencia tras su distanciamiento de Juan Carlos I.

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La regularización voluntaria presentada por el rey emérito, al igual que para el resto de ciudadanos españoles, genera una inspección para que Hacienda determine si hubo un presunto fraude fiscal o se trata de un caso de blanqueo de capitales. Puede generar una multa por tratarse de una declaración extemporánea, más el pago por intereses de mora.

El exmonarca enfrenta tres investigaciones por parte de la justicia española: una, por el supuesto cobro de comisiones ilegales en construcción de la infraestructura para el tren de alta velocidad entre Medina y La Meca en Arabia Saudita, que fue adjudicada a un consorcio español; otra, por las tarjetas puestas a disposición de la casa real por el empresario mexicano; y una última que trata de precisar si cuenta con sociedades registradas en el paraíso fiscal de Jersey, acusación que ha negado.

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El intento de regularización de los gastos del rey emérito ha despertado reacciones políticas. Para Unidas Podemos, uno de los partidos del gobierno de coalición, es una muestra de que ha defraudado. Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP), alaba el papel histórico de Juan Carlos I, sin entrar en detalles. El presidente Pedro Sánchez, en contraste, no se ha pronunciado al respecto.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID