Unión Europea estudia 7 medidas migratorias para indocumentados: más controles y expulsiones aceleradas, las claves

La Comisión Europea propuso este miércoles que los Estados de la Unión Europea (UE) tengan la posibilidad de enviar a terceros países a los migrantes que hayan recibido una orden de devolución, en el marco de una legislación para acelerar e intensificar los retornos.

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Esa opción figura en una propuesta de reglamento para establecer un sistema común para las devoluciones de migrantes, que Bruselas presentó coincidiendo con los cien días del segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario.

"Solo una de cada cinco personas a las que se les dice que deben abandonar la UE se va. Esto no es tolerable", dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, que presentó la propuesta junto con la vicepresidenta comunitaria para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

La legislación contempla la posibilidad de enviar a terceros países a los migrantes que han recibido una orden de retorno.

Esa posibilidad exige un acuerdo o convenio con el país al que se devuelva el migrante (a nivel bilateral o europeo), así como condiciones para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Ahora bien, los menores no acompañados y las familias no podrán ser enviados a ese tipo de centros.

El comisario europeo precisó que es "totalmente distinto" del modelo que buscaba Reino Unido con Ruanda o que tiene Italia con Albania porque los centros que plantea Bruselas estarían destinados no a solicitantes de asilo sino a migrantes que han recibido la orden de abandonar la UE.

Aunque los Estados seguirán emitiendo sus propias decisiones en ese ámbito, la propuesta introduce una euroorden de retorno que complementará las decisiones nacionales.

Ese tipo de órdenes europeas figurarán en el Sistema de Información de Schengen. De esa manera, si un migrante huye del país donde se emitió una orden y aparece después en otro Estado miembro, la decisión de retorno será directamente ejecutable en el segundo.

Los migrantes deberán cooperar en todas las etapas del procedimiento, incluida la necesidad de facilitar información y documentación y de permanecer en el territorio del país.

Las consecuencias en caso de no cooperación pueden incluir la reducción o rechazo de prestaciones o la confiscación de los documentos de viaje, así como prohibiciones de entrada a la UE.

Una persona que permanezca en la UE de manera ilegal recibirá una orden de expulsión por retorno forzoso cuando no coopere, huya a otro Estado miembro (incluso durante el periodo en que se permite su salida voluntaria), cuando no abandone el territorio europeo en la fecha prevista o si es un riesgo para la seguridad.

La normativa establece, para evitar los movimientos entre Estados , que se podrá exigir a los migrantes informar con regularidad a las autoridades sobre su paradero, residir en el lugar designado por estas o depositar una garantía financiera.

Cuando haya riesgo de fuga, la detención se podrá extender hasta los 24 meses (frente a los 18 meses en la actualidad).

En esa categoría entrarán por ejemplo los migrantes que hayan cometido un delito grave.

Los Estados estarán obligados a controlar todo posible riesgo de seguridad que planteen los nacionales de terceros países, a través de una serie de normas.

En estos casos se prevén los retornos forzosos, las prohibiciones de entrada en la UE y periodos de detención que, a decisión de un juez, podrán ser extendidos más allá de los 24 meses.

Para hacer los retornos efectivos, la propuesta quiere hacer que la reisión sea una parte integral del proceso, para lo que establece un enfoque común, con un formulario estándar y un sistema de seguimiento.

El Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo deberá llegar a un acuerdo sobre la propuesta presentada, algo que el comisario Brunner confió este martes en que ocurra "con celeridad".

No obstante, el 'dossier' enfrenta ahora una compleja tramitación legislativa que, en el caso del Parlamento Europeo, sacará a la luz la doble mayoría a la que puede recurrir al Partido Popular Europeo: desde la mayoría proeuropea tradicional a su izquierda hasta los grupos ultraconservadores y de extrema derecha, con una visión más radical de la gestión migratoria.

La propuesta es "un paso en la dirección correcta", pero "sólo una pieza del puzzle de la estrategia completa para frenar la migración ilegal", dijo este martes el jefe de filas de los ultraconservadores europeos, Nicola Procaccini, que dijo que confía en que el PPE recurra a su mayoría con la derecha del hemiciclo para negociar el reglamento de retornos. "Depende de ellos", manifestó.

Desde los grupos progresistas, los socialdemócratas la consideran una "prueba de fuego" para la nueva Comisión Europea y aseguraron que trabajarán por un enfoque "sostenible, digno y viable" para los retornos de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE.

"Si el PPE está dispuesto a tener un debate basado en hechos sobre los retornos, podemos hablar. Si siguen diciendo que sólo quieren sacarlos y llevarlos a centros donde no tienen derechos y fuera de la UE, un acuerdo con nosotros será complicado", predijo el líder de los Verdes, Bas Eickhout.

Por su parte, la eurodiputada que negociará el 'dossier' en nombre de la Izquierda, Estrella Galán (Sumar), tildó la propuesta de "anacrónica, inoperativa y cruel" y dijo que da "barra libre a la persecución sistemática de seres humanos cuyo único delito es no haber podido llegar a Europa por una vía legal u optar a un permiso de residencia".