El separatismo catalán, en manos de la justicia

Con la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Alemania, luego de cruzar en carro la frontera con Dinamarca, el cuadro principal del separatismo catalán queda reducido a una foto en prisión.

Puigdemont había huido de la justicia española en octubre, tras declarar la independencia de Cataluña, en un acto contrario a la Constitución española, y se refugiaba en Bélgica. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó una orden europea de detención el viernes, cuando Puigdemont se encontraba en Finlandia, donde dictó una conferencia.

Aunque durante varias horas no se supo públicamente su paradero, el domingo por la mañana fue detenido en una carretera que lleva a Hamburgo, poco después de cruzar la frontera alemana. Su intención era regresar por tierra a Bélgica. Ahora, la justicia alemana deberá decidir su extradición. Este lunes tendrá audiencia ante un juez.

Este golpe pone a los secesionistas en una crisis que ya asomaba con los tres intentos fallidos para obtener la presidencia de la Generalitat desde el 21 de diciembre.

Primero fue el propio expresidente Carles Puigdemont, quien al haber huido en Bélgica, no podía acudir a una investidura que exigía su presencia física.

Después pasó el relevo a Jordi Sánchez, segundo de la lista Juntos por Cataluña, cuya situación legal le impidió convertirse en candidato a la presidencia regional. Está preso en Madrid, al igual que otros dirigentes separatistas.

Y el tercer intento recayó en el político Jordi Turull, que fracasó en una primera oportunidad por no sumar los votos parlamentarios suficientes. Cuando intentaba presentarse por segunda vez, el Tribunal Supremo ordenó su detención. Ahora está en la cárcel, acompañado por otros detenidos, entre ellos la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell.

El partido aliado de Juntos por Cataluña, ERC (Esquerra Republicana), compone la otra parte de la crisis, pues su máximo dirigente, Oriol Junqueras, está detenido en Madrid. Además, la segunda figura del partido, Marta Rovira, huyó a Suiza.

La tercera fuerza separatista, la CUP, por su parte, se ha mostrado reticente a apoyar a alguien distinto de Puigdemont. Una de sus máximas líderes, Anna Gabriel, también se fugó de España hace unas semanas ante su inminente detención por orden de la justicia española.

Las cabezas del separatismo español están, pues, presas, fugadas o próximas a ir a la cárcel. La crisis interna plantea así dos posibilidades: buscar antes de dos meses un nuevo candidato sin cargas judiciales que pueda ser presidente de Cataluña o no presentar ninguno. En el último caso, habría una nueva convocatoria a elecciones regionales el 22 de mayo, una situación que no parece interesar ni a los separatistas ni a los grupos constitucionalistas, ambos cansados del juego electoral.

Para llegar a un candidato triunfante de Juntos por Cataluña se requieren voluntades complejas: mantener la adhesión de ERC y tratar de convencer a la CUP. El problema es que este último grupo político no está dispuesto a apoyar a nadie que no sea francamente partidario de la separación y milite en la línea rupturista con el gobierno de Mariano Rajoy.

La dificultad está en que un nuevo candidato no tendría mucho margen para repetir el discurso de la secesión territorial si quiere evitar problemas legales. Juntos por Cataluña, ante ello, tendría que buscar a cambio el apoyo de Podemos. Esta organización política de izquierda, sin embargo, ha padecido una pérdida de popularidad en España, que se atribuye a su falta de claridad política y a sus pasos en falso ante el problema catalán. Podemos, pues, apoyaría a un candidato de Juntos por Cataluña que disimule el independentismo, pero que sea tremendamente crítico con la política de Rajoy.

Mientras ello ocurre en el bloque separatista, los constitucionalistas aguardan con voces dispares. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) se inclina por el diálogo entre todas las fuerzas políticas; Ciudadanos y el Partido Popular (PP) solo ven la salida del problema catalán en la aplicación severa de la ley y la Constitución. Y Podemos juega en el límite del bloque constitucionalista, pues no está interesado en respaldar las posturas de partidos de derecha o centroderecha.

La situación en Cataluña ha conducido a una realidad de bloqueo institucional que se trata de subsanar istrativamente desde Madrid. Con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que permitió la intervención del Gobierno nacional, no ha habido hasta ahora parálisis alguna en la región catalana. Pero, en cualquier caso, el sentido común parece provenir de la propia ciudadanía: que este problema lo arreglen los políticos porque ellos lo crearon.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO