Europa va camino a la ley de que ‘el que contamina paga’

El que contamina paga. A partir de ese concepto tan sencillo, Europa creó hace años un sistema de comercio de emisiones de gases contaminantes (ETS) que hace que miles de empresas tengan que pagar según la cantidad de toneladas de gases contaminantes que emiten y así comprar ‘derechos’ de contaminación.

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El dinero, que recauda la Comisión Europea (CE) en nombre de los 27 Estados de la Unión Europea (UE), repercute en los presupuestos nacionales para inversiones contra la crisis climática. Hasta octubre del año pasado, la recaudación llegó a los 11.000 millones de euros.

Sin embargo, es claro que la contaminación no es exclusiva de las empresas. Las últimas medidas para reducir las emisiones contaminantes en la UE prevén que todo el transporte, también el privado, pague por lo que contamina. Eso haría que cada europeo propietario de un carro tuviera que pagar una tasa especial, probablemente anual, según las emisiones contaminantes de su auto.

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La normativa actual para los vehículos nuevos permite que emitan un máximo de 95 gramos de carbono por kilómetro y la CE quiere una reducción del 55 por ciento para 2030 y la prohibición total de la venta de carros nuevos con motores de combustión para 2035. Las furgonetas, que pueden emitir hasta 147 gramos de carbono por kilómetro, también deberán abandonar los motores de combustión en 2035.

El sistema, que haría que los autos pagaran por las emisiones contaminantes que generan, permitiría que esa nueva carga fiscal cayera solo sobre los propietarios de carros y, entre ellos, que fuera más cara para quienes tuvieran vehículos más grandes porque son generalmente los que más contaminan.

No obstante, la norma discutida en profundidad por los ministros de Medioambiente de la UE genera choques. Fuentes comunitarias explican que países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania están totalmente en contra. Alegan que pagarían más las personas más pobres, aunque en realidad pagaría más quien tuviera un carro más grande.

No lo dicen, pero están en contra porque intentan proteger las fábricas de autos que tienen en su territorio por temor a que no sean capaces de hacer la transición hacia el auto eléctrico lo suficientemente rápido para no verse afectadas por la prohibición de vender autos de combustión a partir de 2035.

Del otro lado están Alemania y los países escandinavos. Estos, tradicionalmente más sensibilizados en la lucha contra la crisis climática, consideran que el impuesto lo pagarán quienes más tienen y estiman que el dinero que se recaude serviría también para compensar a los más necesitados.

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Un diplomático escandinavo le explicó a EL TIEMPO que el sistema de comercio de emisiones es un aliciente para que los Estados de la UE tomen medidas para asegurar la neutralidad climática.

Los gobiernos también chocan por la fecha en la que en Europa dejarán de venderse carros con motores de combustión. Algunos países, como Hungría e Italia, quieren retrasar esa prohibición. Pero otros, como Finlandia o los Países Bajos, que apenas tienen fábricas de autos, quieren adelantarla a 2030, mientras que los grandes constructores de carros en Europa, como Alemania y España, parecen conformes con la fecha de 2035 porque estiman que sus fábricas tendrán suficiente tiempo para hacer su transición.

El vicepresidente de la CE, responsable de la lucha contra la crisis climática, Frans Timmermans, reconoció diferencias entre los 27 gobiernos europeos, pero advirtió que el sistema de comercio de emisiones para autos sería uno de los mejores instrumentos para cambiar el comportamiento de los ciudadanos. Timmermans recordó que el sector del transporte es uno de los pocos en Europa que sigue aumentando sus emisiones contaminantes.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS

En Twitter: @IdafeMartin