Los Navalny de América Latina

La noticia de la muerte de Alexei Navalny no sorprendió demasiado al mundo. La suerte del opositor ruso estaba echada desde que regresó a su país desde el exilio en Londres, y así quedó confirmado cuando el sistema judicial lo condenó a 19 años de prisión severa por supuesto extremismo, entre otros cargos. Desde enero de 2021 purgaba su condena en la cárcel conocida como ‘Lobo Polar’, bajo condiciones extremas en un lugar del Ártico ruso.

Como todo lo que rodea al gobierno del presidente Vladimir Putin, el misterio y las dudas envuelven este caso, y más aún luego de develarse que había negociaciones avanzadas para un canje de un sicario del espionaje ruso, Vadim Krasikov, por Navalny y dos estadounidenses.

Pero casos como el de Navalny no son la excepción, están presentes en muchos países del mundo, desde Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko, con más de 30 años en el poder y 1.400 presos políticos, anunció que irá por un nuevo mandato, hasta Latinoamérica, donde las dictaduras y el crecimiento del autoritarismo desnudan el deterioro más puro del Estado de derecho.

El fenómeno del preso político es difícil de cuantificar, porque existen varias maneras de definirlo, como explica la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. “Trabajamos sobre la base del derecho internacional, en primer lugar, al analizar que ha habido una persecución de opositores, es decir el derecho a participar en elecciones libres y justas, a la posibilidad de no elegir y ser elegido siendo restringida de alguna manera. También, con violaciones relacionadas con detenciones arbitrarias”.

En un reciente artículo, Miguel Ángel Martínez, analista y profesor de Estudios Políticos, contabilizó aproximadamente 1.700 presos políticos en la región, con base en reportes de organismos internacionales que verificaron los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en esta cifra se incluye, sorprendentemente, a Bolivia, donde Global Human Rights League identificó unos 279 encarcelados, hasta el 31 de octubre de 2023.

La ONG Prisioners Defenders estudia en forma minuciosa la situación en Cuba y actualiza diariamente la lista de presos políticos. Soporta su análisis en “pruebas jurídicas y testimoniales notorias, de primera mano, donde prevalece la ausencia total de violencia y delitos penales en sus actos” y establece tres categorías: convictos de conciencia, condenados de conciencia y otros presos políticos. 

Aunque la ONG aclara que la lista es muy restringida, pues solo contempla a quienes han sido reclamados por grupos organizados de derechos humanos, hay “miles de presos de conciencia y políticos que, de forma anónima, no son reclamados por organización alguna”.

En Cuba, las inéditas protestas antigubernamentales de 2021 pusieron nuevamente en el mapa las causas populares. No lograron cambiar mucho las condiciones de la isla, pero sí provocaron el incremento de presos políticos que tras la represión pasaron de 150 a 955 en diciembre de ese año.

En Nicaragua, los patrones represivos no han cedido. Luego de la excarcelación y posterior destierro de 222 presos políticos, en febrero de 2023, organizaciones de derechos humanos han seguido reportando allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y capturas. Según el Mecanismo de Reconocimiento para Personas Detenidas actualmente existen 121 personas reconocidas como presas políticas: 19 mujeres y 102 hombres y solo entre el 1 y 31 de enero de 2024 “se registraron seis detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos”. 

Esta lista se sostiene con la información de organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados defensores, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, aunque la organización aclara que solo “se incluye a las personas de quienes se obtuvo y autorización de sus familiares para su publicación”.

En Venezuela, el Foro Penal contabiliza hasta febrero de 2024 unos 264 encarcelados. Además, esta organización, a través de sus directores Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, aporta el ‘Manual de litigio estratégico. La lucha contra la represión política’: un texto pensado para abogados y activistas que “funciona no solo para Venezuela, sino para todos aquellos países con regímenes que (como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, China, etc.) usan la represión como una estrategia de control político”.

En diciembre de 2023 el régimen de Nicolás Maduro concretó un intercambio de prisioneros producto de una negociación política con Estados Unidos. Washington dejó en libertad a Álex Saab, presunto testaferro del mandatario venezolano, y Caracas entregó a 10 estadounidenses. Además, se acordó la liberación de al menos 20 venezolanos detenidos por razones políticas.

En un hecho más reciente, el 9 de febrero, la activista y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue arrestada bajo acusaciones de conspiración y hasta ahora su situación es incierta, pues aún no cuenta con una defensa privada. Junto a ella también retuvieron a cinco de sus familiares, a quienes luego otorgaron medidas sustitutivas de libertad.

Las detenciones arbitrarias, los allanamientos sin orden judicial y los retrasos en el proceso son prácticas comunes en países en dictadura. Pero también se presentan, con algunos matices, en países con gobiernos democráticos aunque con un claro deterioro del Estado de derecho.

A principios de este año, la justicia boliviana amplió por novena ocasión la detención preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien, en la crisis de 2019 y ante la renuncia de Evo Morales, asumió el poder como opción en el orden de sucesión establecido en la carta magna. Está condenada a 10 años por delitos como “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, y tiene activos otros procesos en la justicia ordinaria por terrorismo, sedición y conspiración. Está en la cárcel desde marzo de 2021 y ella se considera una prisionera política del gobierno del izquierdista Movimiento Al Socialismo, aunque tanto Morales como el actual presidente Luis Arce niegan la acusación.

En su informe anual, Human Rights Watch señaló que el Gobierno boliviano aplica en exceso la detención preventiva. Además del caso de la expresidenta, señala la detención del opositor Luis Fernando Camacho, preso desde 2022, y del líder cocalero César Apaza, liberado recientemente luego de someterse a un juicio abreviado en el que él denunció la vulneración de sus derechos.

Franco Albarracín, abogado boliviano especialista en derechos humanos, anota que en los países con democracias debilitadas se identifica mayores restricciones a la libertad de expresión y reducción del espacio cívico. “Hay un claro contexto de persecución política porque se producen detenciones por denunciar o tener creencias diferentes”, dice este experto.

Goebertus añade que “no necesariamente en todos los países donde vemos restricciones a la separación de poderes hemos identificado presos políticos, pero en todos los países donde hay presos políticos no hay separación de poderes”. Y para la representante de HRW se trata de un fenómeno cada vez más fuerte en A. Latina.

En Nicaragua los encarcelados bajo el régimen de Daniel Ortega están en condiciones inhumanas porque incluso se han reportado afecciones sanitarias debido a una plaga de chinches en varias cárceles. Y respecto a los procesos, la situación es igual de preocupante, pues desde mediados de 2023, los juicios contra los presos políticos se realizan mediante videoconferencias y ellos los presencian desde sus celdas sin la posibilidad de comunicarse con sus abogados, como denuncia la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). Esta organización denuncia también que hay vigilancia y persecución contra los pocos defensores que se arriesgan a asumir estos casos. Torturados, muchos sin acusaciones formales en su contra e incomunicados, los presos políticos de Nicaragua le permiten al régimen de Ortega mantener la intimidación constante contra sus opositores.

Desde su experiencia en la defensa de presos políticos, el abogado y miembro de la Organización Vente Venezuela Perkins Rocha denuncia que en el caso venezolano existe una diferencia en el sistema de represión de hace un año y el de ahora, que es mucho más “perverso, sofisticado y complejo” porque hay un mayor involucramiento del sistema judicial y los operadores de justicia.

“Se escoge a la persona o grupos de personas, la represión se ha hecho selectiva con una apariencia de legalidad. Y la fuente de las detenciones recae ahora en manos de abogados del Ministerio Público para que sea la Fiscalía la que justifique estos asuntos pública e internacionalmente”.

Ante la certeza de que el sistema judicial no responde por estar sometido al poder de turno, los presos políticos y defensores de derechos humanos acuden a instancias internacionales para visibilizar sus casos aunque pocas veces lo logran. “Hay que insistir y no abandonar”, dice Juanita Goebertus, de HRW, aunque reconoce también que “incluso países democráticos prefieren no tener el control del sistema interamericano y han dado pasos para erosionar su capacidad de tomar decisiones”. Y subraya: “Hoy puede ser un sector político el que es víctima de este tipo de actos, pero mañana, otro”.

El abogado Rocha, quien ha vivido de cerca la situación de los familiares de presos políticos, asegura que el proceso en todos sus momentos es doloroso y difícil de sobrellevar. “Con el tiempo se habla de adaptación, algo que parece realmente dantesco porque lo que se vive son niveles de tortura psicológica al inicio y luego físicas. Hay mucha incertidumbre al inicio de la detención y luego aparece el fiscal en conferencia de prensa para justificar con tramas como capítulos de una novela, pero en ese momento los familiares y los abogados respiramos profundamente con algo de alivio porque quiere decir que ya reconocen públicamente que el familiar o el defendido existe y no está desaparecido”.

Lograr la excarcelación tiene como punto más alto el reencuentro de las familias. Pero salir de la cárcel no les garantiza necesariamente libertad a los presos políticos. “Existe el miedo constante de una nueva detención y esa persona no se va a sentir totalmente libre. Mientras permanezca el gobierno que lo ha detenido de manera injusta, no podrá ejercer sus derechos, ni trabajar, ni hacer activismo con total libertad”, explica Albarracín.

Condenados al exilio, asimilando una libertad ficticia o tras las rejas, los presos políticos de América Latina simbolizan la resistencia contra el tiempo, el abandono y el silencio. Cientos de Navalny, al otro lado del mundo.

FABIOLA CHAMBI (*)

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