Tribunal británico pone contra las cuerdas a Juan Carlos I de España

La justicia británica juzgará al rey Juan Carlos I de España, pues rechazó el argumento de inmunidad de Estado que habían esgrimido sus abogados para evitar que prosiguiera una demanda de su examante Corinna Larsen por acoso, seguimiento ilegal y difamación.

(Le puede interesar: Rey emérito de España se queda sin inmunidad de la justicia británica)

Según ella, el rey emérito la acosó directamente y a través de allegados suyos para que le devolviera 65 millones de euros que él le había regalado en 2012. Su negativa habría generado amenazas, vigilancia y todo tipo de presiones, lo que le provocó un estado de ansiedad, pérdida de clientes y tratamientos médicos.

(Lea aquí: España: fiscalía archiva investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos)

En la demanda, de veinte páginas, Larsen lo responsabiliza de “seguimiento abierto y encubierto”, y asegura que en la persecución contra ella intervino el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, adscrito al Ministerio de Defensa, que actúa bajo la supervisión y el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial españoles.

La causa que llevó al rey emérito a saltar a la primera plana de los medios de comunicación, y que terminó en su exilio, fueron esos 65 millones de euros que Larsen no quiere devolver. Juan Carlos I habría cobrado una comisión por intermediar en la construcción por empresas españolas de la vía férrea del tren de alta velocidad que conduce de Medina a La Meca, en Arabia Saudí. El rey le transfirió luego ese dinero a ella como regalo, según explicó la denunciante.

De acuerdo con el diario El País, que cita a una persona que tuvo altas responsabilidades en los gobiernos de la época, “Juan Carlos I estaba totalmente entregado a Corinna y hacía planes para pasar el resto de su vida con ella. Los 65 millones de euros que le transfirió en 2012 (...) no serían así un generoso ‘regalo de gratitud’, como ella dijo, sino un traspaso dentro de la pareja para sufragar su futura convivencia, aunque se negara a devolvérselos cuando rompieron”.

El anterior rey saudí, Abdulaziz, envió a Juan Carlos I a su cuenta secreta en Suiza, en el banco Mirabaud de Ginebra, 65 millones de euros el 8 de agosto de 2008. Pasaron luego a manos de Larsen. El supuesto cobro de comisiones del rey por la obra de la vía férrea fue recientemente archivado por la Fiscalía General del Estado español, junto con otros presuntos delitos. Según esta máxima instancia acusadora, en todo caso, las irregularidades que se han podido llevar a cabo o están prescritas o no pueden ser perseguidas porque se cometieron cuando Juan Carlos I era jefe del Estado y gozaba de inmunidad.

(Le puede interesar: El divorcio de la infanta Cristina: un nuevo golpe a la monarquía española)

La demanda de Larsen fue presentada en diciembre de 2020, y en ella, además de daños perjuicios, pidió que el rey emérito no se le acercara ni se comunicara con ella por ningún medio. Según se afirma en la demanda, Juan Carlos I también la habría difamado porque dijo que ella lo había robado.

La justicia británica no entró a estudiar estas acusaciones de Larsen. El magistrado Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, precisó que “es terreno común aceptado por las partes que, con el único propósito de debatir la cuestión de la inmunidad, este tribunal asume que lo descrito en el escrito de acusación es cierto.

Pero en esta fase, ni existen pruebas que demuestren los incidentes detallados ni ha habido una investigación”. El juez, pues, se limitó a valorar la inmunidad propuesta por los abogados del rey. Según dictaminó, “ninguno de los fundamentos para defender la existencia de inmunidad de Estado ha logrado demostrarse, y, por tanto, la demanda debe seguir adelante”.

Fue en vano el intento de los abogados de Juan Carlos I que, desde 2021, trataron de convencer a la justicia británica de que este tenía la calidad de soberano y miembro de la familia real. James Lewis, abogado de Larsen, sintetizó la resolución del juez: “Nadie entiende que Juan Carlos I mantenga el rango de jefe de Estado después de su abdicación. Se trata de un título honorífico, como el que retienen los expresidentes de Estados Unidos”.

El juez Nicklin, al referirse a la inmunidad invocada, agregó: “Si aceptara ese argumento, mañana el acusado podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Y no debería hacer frente a ningún proceso penal o civil en esta jurisdicción”.

(En otras noticias: Las últimas andanzas del rey Juan Carlos I de España)

El presunto acoso, según el tribunal, “no entra en el ámbito de la actividad gubernamental o soberana”. Nicklin concluyó: “El acusado no es ni soberano ni jefe de Estado de España. Desde su abdicación, no tiene derecho a inmunidad personal”.

Triunfaron los argumentos de los abogados de Larsen: después de su abdicación el 18 de junio de 2014, Juan Carlos I carece de la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado bajo la legislación británica.

La base jurídica sobre la que sustentaron su argumento los abogados del rey emérito, durante dos sesiones preliminares celebradas a finales de 2021, fue la Ley de Inmunidad de Estado de 1978 (State Inmunity Act), cuyo texto central señala que, además de los representantes diplomáticos, se acogerán a la inmunidad garantizada por la ley “el soberano u otro jefe de Estado”, así como “los de su familia que formen parte de su hogar”. Pero el juez no atendió el argumento. Para él, ni el rey emérito goza de inmunidad desde su abdicación a favor de su hijo Felipe VI, ni sus actos privados, como los contenidos en la demanda de Larsen, “entran en la esfera de actividades gubernamentales o soberanas”.

Larsen no ha cesado de denunciarlo en varias entrevistas y afirma que el acoso comenzó cuando salió a la luz pública su relación tras el viaje que realizaron juntos a Botsuana. El asunto se conoció cuando el rey sufrió un accidente mientras cazaba elefantes, acompañado por ella. Juan Carlos I fue internado en una clínica de Madrid y, días después, pidió perdón a los españoles por lo sucedido. El flamante viaje de caza se había efectuado cuando España aún resentía la depresión económica iniciada en 2008. Fue el principio de su abdicación.

Según Robin Rathmell, abogado de Larsen, “la sentencia demuestra que este acusado no puede esconderse detrás de ningún cargo, poder o privilegio para evitar este procedimiento. Juan Carlos de Borbón y Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta en cuanto particular”. Sostuvo que “los terribles hechos de este caso finalmente serán llevados ante la justicia”.

El rey emérito se libró de acciones penales en España. Cubierto por su inmunidad, logró esquivar a la justicia. Una inmunidad que, paradójicamente, ahora no le funciona en el Reino Unido. La justicia británica, pues, podrá juzgarlo por los supuestos delitos cometidos contra Larsen.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID