Estos son los escándalos de corrupción que salpican el entorno de Boric en Chile

El entramado de corrupción conocido como Caso convenios se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, que llegó al poder el año pasado bajo la promesa de renovar las viejas prácticas de la política, no solo con rostros nuevos, sino con una forma de ejercer de forma más trasparente y conectada con las necesidades de la gente.

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No obstante, hace un mes, cuando se conoció sobre la adjudicación de un millonario contrato a Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada oficialista Catalina Pérez en la región de Antofagasta (norte), todo parece demostrar que el hecho, lejos de ser aislado, se convirtió en la punta de un iceberg que se ha venido derritiendo y ya abarca investigaciones en casi una decena de regiones de Chile, en las que se han identificado prácticas similares con los recursos entregados a fundaciones por el Ejecutivo.

“No pongo las manos al fuego por nadie y casos de estas características, no estamos exentos de que sucedan”, sostuvo Boric al ser consultado hace unos días por el escándalo que salpicaba a Revolución Democrática, uno de los partidos que integran su coalición de gobierno.

Y los 530.000 dólares que le fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva, las autoridades pusieron la lupa sobre al menos 10 organizaciones sin ánimo de lucro que recibieron recursos para realizar labores que no estaban asociadas a sus especialidades, y cuyos vínculos se extendían a delegados presidenciales, ministros y asesores del Gobierno.

“El gobierno del presidente Boric hizo campaña electoral diciendo que venían a renovar la política, que venían, literalmente, con una moral distinta. Hoy día se encuentran sumergidos en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país, donde se comprobó un verdadero mecanismo que consistía en crear nuevas fundaciones a las cuales se le entregaban fondos millonarios a través de adjudicaciones directas”, señala a EL TIEMPO Juan Antonio Coloma, diputado del partido de oposición Unión Democrática Independiente (UDI).

Desde el partido de la coalición gobiernista del Frente Amplio, salpicado en el Caso Convenios, aseguran que el escándalo se ha enfrentado con “proactividad y severidad” ante la gravedad de las acusaciones.

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“Hemos expulsado a las personas directamente involucradas, suspendido los derechos políticos de la diputada Catalina Pérez y tomado medidas vinculadas a la formación política para evitar que este tipo de cosas nos vuelvan a suceder”, le itió a este diario el diputado Jaime Sáez, de Revolución Democrática.

Tras la ola de escándalos, el gobierno de Boric anunció la creación de una comisión para investigar entre el Estado y las fundaciones, y generar mecanismos para combatir la corrupción entre la clase política y las entidades privadas sin ánimo de lucro.

El organismo estará presidido por la directora de la ONG Chile Transparente, María Jaraquemada, quien, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que las recientes polémicas tienen un impacto tanto en el Gobierno como en los partidos involucrados. “Hay que destacar que los partidos políticos tienen una muy baja confianza ciudadana hace muchos años atrás y por lo tanto, esto lo que hace es que no permite que mejore esta situación”, aseguró la abogada.

Para Jaraquemada, en Chile se pueden perfeccionar los mecanismos de entrega de recursos porque muchas veces otorgan mucha discrecionalidad y poca transparencia y rendición de cuentas, lo que no permite que haya mayor control social y que se puedan prevenir las irregularidades.

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“No es que en Chile haya prácticas que permitan legalizar la comisión de delitos o irregularidades, lo que sí hay es que efectivamente hay una institucionalidad o ciertas prácticas para hacer transferencias de recursos a organizaciones de la sociedad civil que pueden ser aprovechadas por personas que quieran, en el fondo, realizar irregularidades o cometer algún tipo de delito”, señaló.

Aunque Chile ha sido considerado uno de los países con menos índices de corrupción en América Latina, junto a Uruguay, esa percepción empezó a cambiar a partir del año 2015 y se estancó en 2017.

Los millonarios contratos estatales cedidos a un círculo cercano del Ejecutivo no son algo exclusivo del actual Gobierno. Uno de los convenios investigados se firmó durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, en cuyo mandato se aprobó la regulación que estaría abriendo las puertas a subvenciones irregulares a entidades privadas.

A esto se suma la investigación a la fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2018 y que habría recibido de manera irregular cerca de 465.000 dólares para un programa que buscaba prevenir la violencia en niños y adolescentes en la región de Biobío (sur).

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“Si se detecta alguna sospecha, el Gobierno regional debería abrir una investigación istrativa y determinar si las ayudas constituyen o no una irregularidad. Por el momento, eso no es claro”, aseguró la vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo. Entretanto, la popularidad del presidente Boric sigue a la baja y suma apenas un 28 por ciento, según la encuesta Cadem. Su favorabilidad ha caído de forma consecutiva durante tres semanas con una desaprobación del 68 por ciento.

Un oscuro panorama al que se suman las críticas de sectores de la oposición que le cuestionan a Boric su gira a Europa, para participar en la Cumbre UE-Celcac, en momentos de máxima tensión en el país sacudido por las viejas prácticas políticas que su gobierno había prometido erradicar.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

PARA EL TIEMPO

SANTIAGO