Polémico indulto a presos causa salida de la ministra de Justicia en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este fin de semana la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, apenas una semana después de la polémica suscitada por los indultos presidenciales a 12 condenados por las revueltas sociales de 2019 y a un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que luchó contra la dictadura.

Asimismo confirmó el cese de su jefe de gabinete y principal asesor, Matías Meza-Lopehandía, un abogado especializado en derechos humanos y pueblos indígenas que lo acompañaba desde la campaña electoral.

Se trata de la segunda gran crisis de gobierno que afronta el mandatario desde que asumió el cargo en marzo de 2021.

Tanto Ríos como Meza-Lopehandía proceden de Convergencia Social, partido que se define como "feminista, socialista y libertario" y que forma parte del Frente Amplio, la coalición de formaciones de la izquierda que sostienen al presidente.

En un breve comunicado, el mandatario argumentó que la renuncia de Ríos, con la que ya se especulaba desde la tarde del viernes, se debe a la confusión que se produjo a la hora de "ejecutar mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos".

"Cuando en política suceden situaciones de estas características debemos asumir las responsabilidades", zanjó desde el Palacio de La Moneda el mandatario, quien el viernes se reunió a última hora con Ríos y la ministra de Interior, Carolina Tohá, también crítica en la gestión de los indultos.

En sustitución de Ríos asumirá la dirección del ministerio el abogado Luis Cordero Vega, que "se integrará al equipo de gobierno durante los próximos días, ya que a la fecha se encuentra fuera del país".

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La segunda gran crisis del gobierno Boric en apenas diez meses estalló el viernes después de que el 30 de diciembre se anunció la concesión del indulto a 13 personas, entre ellas el antiguo guerrillero Jorge Mateluna, y creció a lo largo de la semana después de que se hizo público el currículo de uno de los detenidos por las revueltas, que acumulaba cinco condenas por delitos menores y 26 causas.

Mateluna penaba en prisión por su participación en un atraco a una sucursal bancaria tras ser condenado en un proceso plagado de irregularidades y marcado por la insistencia del reo en que fue confundido con otro.

Nada más conocerse la noticia, el partido ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), formado en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), criticó con dureza al presidente y anunció el abandono de la mesa transversal de seguridad, formada por el gobierno para buscar soluciones al tema que mas preocupa a los chilenos.

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Un esfuerzo que lideraba la ministra de Interior, quien entró en el gobierno en septiembre tras la primera gran crisis y que representa un ala más temperada, de corte socialista.

A la presión al gobierno se sumó durante la semana el partido de oposición conservador Renovación Nacional (RN), que amenazó con presentar una acusación constitucional contra la ministra por los indultos y por los errores al anunciar los mismos.

En una primera comunicación, se anunció que los indultados eran 11, diez presos del estallido y el frentista. Pero tras minutos de confusión y tensión entre La Moneda y Justicia, y con la oposición ya en armas, se corrigió el comunicado y se confirmó que los indultados eran trece, incluido el de Luis Castillo, el manifestante de las cinco condenas.

La ministra portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, alimentó este lunes aún más la polémica al dejar entrever que el presidente se fio de la palabra de sus asesores y firmó los documentos sin estudiarlos a fondo.

Vallejo dijo que la decisión sobre los indultos presidenciales hubiera sido “distinta” si el mandatario, al que desde la oposición se le exige que los anule, “hubiera tenido todos los elementos a la vista”.

La salida de la ministra, no obstante, no calmó a la oposición, pues este lunes la coalición opositora Chile Vamos presentó ante la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra la exministra de Justicia por los polémicos indultos.

La primera crisis de gobierno de Boric tuvo lugar tras el triunfo del rechazo en el plebiscito para cambiar la constitución celebrado el 4 de septiembre y entonces cayeron dos de sus más estrechos colaboradores, la ministra de Interior, Izkia Siches, y el de relaciones con el Gobierno con el congreso, Giorgio Jackson.

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Además, supuso un giro hacia la izquierda de corte más moderado, creando las primeras fisuras en la colación de gobierno. Una tendencia hacia el diálogo que parece ahora más dominante.

"Invito a todas las fuerzas políticas a que podamos concentrarnos en las necesidades urgentes de nuestro pueblo y legislar rápidamente el paquete de medidas económicas que presentamos el día de ayer, aprobar la designación de un fiscal nacional que garantice la institucionalidad para poder perseguir y combatir la delincuencia con toda la fuerza del derecho, avanzar en una reforma de pensiones que ha esperado ya demasiado tiempo", concluyó Boric.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE