Las razones por las que la lucha contra la corrupción está estancada en América

El Índice de Percepción de la Corrupción de 2022 reveló que dos de cada tres países en el mundo tienen un problema grave de corrupción y que en el 95 por ciento de estos solo se han logrado mínimos avances en esta materia desde 2017.

EL TIEMPO habló con Luciana Torchiaro, consejera Regional para América Latina y El Caribe de Transparencia Internacional, organismo encargado de desarrollar el informe, sobre la situación que afronta la región, una de las más corruptas a nivel global, y las sugerencias que deberían tener en cuenta países como Colombia para contrarrestar el fenómeno.

El Índice mide la percepción de corrupción en el sector público. Esto significa que no estamos viendo temas de crimen organizado, lavado de dinero o evasión fiscal. El índice se compone de 13 fuentes que provienen de instituciones de alto renombre internacional como el Banco Mundial, la fundación Freedom House o el World Justice Project. Los aspectos que se tienen en cuenta son: el soborno, el a la información, los niveles de transparencia, la calidad de las instituciones públicas y los sistemas de rendición de cuentas.

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El más reciente informe revela un estancamiento severo en materia de lucha contra la corrupción en la región. Podemos decir que 27 de 32 países se encuentran estancados en esta materia en la región.

La falta de avances tiene que ver con diferentes factores. Por ejemplo, que el cumplimiento de la ley es muy bajo y que en la mayoría de los países hay una tendencia muy grande a concentrar el poder en los Ejecutivos, lo que impide a otras instituciones del Estado ejercer su contrapeso al poder de forma independiente.

Otro elemento que se ha acentuado en los últimos años es lo que llamamos la ‘restricción del espacio cívico’ y que tiene que ver con violaciones a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación.

De acuerdo a nuestra evaluación, 124 países de 180 se encuentran estancados en la lucha contra la corrupción en el mundo. Por lo tanto, es una tendencia que se observa a nivel internacional y está vinculada con la erosión de la democracia que aqueja a varios países.

No hay que poner tintes de derechas o izquierdas en este momento. Creo que en los últimos años hemos visto de forma consistente que los gobiernos no tienen voluntad de luchar contra la corrupción, tienen otras prioridades, a pesar de que esta lucha es fundamental para poder avanzar en la construcción de sociedades más inclusivas, más democráticas y para garantizar el respeto del medioambiente. Básicamente, carecemos de voluntad política. Sí hay leyes y son relativamente buenas, pero no se implementan.

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El más crítico es Venezuela, con 14 puntos. Le siguen Haití, con 17 puntos; Nicaragua, con 19; Honduras, con 23; y Guatemala, con 24.

La situación de Centroamérica es particularmente alarmante. En el caso de Nicaragua, es un país que en los últimos 10 años ha bajado 10 puntos y, por ende, es uno de los que ha declinado significativamente. El país ha consolidado una dictadura, los niveles de opacidad son abismales y el poder lo concentra de forma absoluta la pareja Ortega- Murillo. Es un país en el que el sistema funciona dentro de un marco de corrupción.

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En El Salvador, también vemos tendencias muy alarmantes en los últimos años. El gobierno de Nayib Bukele ha logrado cooptar diferentes instituciones del Estado. La independencia de los fiscales es prácticamente inexistente y los niveles de transparencia y el derecho al a la información están muy vulnerados en el país. También vemos que las medidas que toma el presidente para combatir a las pandillas carecen de transparencia, de rendición de cuentas y son violatorias de los derechos humanos, lo que es completamente contraproducente para cualquier tipo de esfuerzo anticorrupción.

En el caso de Guatemala, vemos un deterioro significativo y es de hecho el quinto país más corrupto de la región. Observamos una cooptación de élites políticas y económicas, e incluso del crimen organizado, de las instituciones del Estado. Es particularmente alarmante la cooptación en el ministerio Público, que en los últimos dos años ha criminalizado y ha apresado a fiscales y a activistas y periodistas.

La crisis de Perú se debe a diferentes factores. No podemos embotellarla en un solo tema, pero, ciertamente, el país viene atravesando una inestabilidad política importante en los últimos años con seis presidentes en seis años y medio, de los cuales cinco fueron investigados por corrupción.

La corrupción es parte del problema y la lucha contra la corrupción también tiene que ser parte de la solución. Esto implica más transparencia, más participación, más rendición de cuentas y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En la era Jair Bolsonaro, Brasil experimentó un retroceso grave en materia de lucha contra la corrupción. Muchas instituciones que antes eran independientes, como la Policía Federal o el ministerio Público, se vieron avasalladas por el Ejecutivo. El expresidente y su entorno también están siendo investigados por casos de corrupción.

Lo destacamos porque Brasil acaba de renovar su liderazgo (Luiz Inácio Lula da Silva) y tiene el desafío de reconstruir sus instituciones democráticas y su andamiaje anticorrupción. Si lo logra, puede ser un buen ejemplo para la región e incluso para el sur global, por su peso a nivel internacional.

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Tal como en el caso de Brasil, Colombia tiene un gobierno relativamente nuevo, lo que abre muchas oportunidades para poder promocionar e implementar una agenda anticorrupción, que parece ir completamente alineada con las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

No hay que olvidar que Colombia enfrenta desafíos similares al resto de los países de la región. El país todavía tiene pendiente fortalecer la independencia de su sistema de justicia para poder disminuir los niveles de impunidad y lograr sancionar a los corruptos. Otra de las deudas pendientes es la protección de quienes denuncian corrupción. Esto es fundamental.

Uruguay tiene un puntaje de 74, lo que lo asemeja a los países que están mejor catalogados de la Unión Europea. Luego de su dictadura, Uruguay logró establecer y consolidar su democracia y, a diferencia de muchos, es un país en donde existe un consenso entre los diferentes actores sobre en qué tipo de sociedad quieren vivir, lo que ha permitido que pueda consolidar su democracia.

En ese sentido, es un país en donde los equilibrios de poderes se respetan y tiene una justicia independiente que, lamentablemente, en la mayoría de los países de la región no existe. Esto va acompañado de otro elemento y es que Uruguay es una sociedad más equitativa.

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La corrupción parece un tema muy abstracto, pero en realidad es una cuestión que afecta a todas nuestras sociedades. Cuando en un acto corrupto se desvían fondos que están destinados a salud, a educación, a construir carreteras que después no se construyen o se hacen de mala calidad, estamos afectando y repercutiendo en los derechos básicos de todas las personas.

En forma particular, esto afecta a las comunidades históricamente más marginadas, como las comunidades indígenas, las mujeres y las niñas, o los migrantes que en muchos casos se ven obligados a irse de sus países porque no tienen sus necesidades básicas garantizadas o por los niveles de violencia que, en gran medida, también tienen que ver con la corrupción dentro de los sistemas.

El crimen organizado ha logrado infiltrarse en las instituciones públicas de varios de nuestros países a través de la financiación de campañas, por ejemplo, o a través del pago de sobornos a funcionarios públicos para que hagan caso omiso sobre sus actividades, o bien porque hay funcionarios que participan directamente en las actividades criminales.

Cuando las instituciones de justicia y cuando, por ejemplo, la policía está infiltrada por este tipo de grupos deja de ejercer su función principal que es proteger a la gente, y en este sentido es una forma de corrupción. Así es como la corrupción fomenta la violencia.

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Es elemental fortalecer las instituciones democráticas y que haya una verdadera división de poderes. Eso que parece tan básico todavía es una deuda pendiente en muchos países de la región. Otro elemento que podría generar un cambio significativo en la percepción de corrupción en la región es si se logra avanzar en la independencia de la justicia y, particularmente, en la sanción hacia los corruptos. Que haya una sanción efectiva podría marcar una diferencia.

Otro elemento más amplio pero que es fundamental para la lucha contra la corrupción es que se respeten las libertades fundamentales, es decir, la libertad de prensa, la libertad de asociación y de expresión. Estos derechos son una forma de ejercer un control al poder desde diferentes espacios y son muy importante para poder someter a los Estados a la rendición de cuentas. La voluntad política también es una condición fundamental.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO