La crisis fronteriza que puso contra la pared al gobierno de Moreno

Ecuador estaba lejos de concebir que, en apenas un mes, su tranquilidad social iba a ser arrebatada.

Explosiones y atentados en su frontera norte fueron el inicio de lo que venía para el país que se proclamaba como una “isla de paz” y ahora enfrenta las actividades violentas del grupo Oliver Sinisterra, un híbrido constituido por narcotraficantes y disidentes de la exguerrilla colombiana de las Farc liderado por Walter Arizala, alias Guacho, según lo han descrito las autoridades locales.

Es así como los coletazos de la violencia de las Farc, paradójicamente ahora tras la firma de unos acuerdos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, están golpeando fuertemente a Ecuador.

La decisión ecuatoriana de no seguir albergando los diálogos de paz entre Bogotá y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y de ya no ser garante, se explica en parte por las presiones internas para que se distancie del conflicto colombiano.

En este escenario entran la pérdida de la vida de cuatro marinos, víctimas de una explosión durante un patrullaje; el secuestro y posterior asesinato de tres del equipo periodístico del diario ‘El Comercio’, cuyos cuerpos aún no han sido recuperados, y el secuestro de una pareja cuya situación continúa a la espera de un desenlace.

Según expertos, varios factores conjugan para llegar a esta escalada de violencia: un Gobierno colombiano que, pese a lidiar con el conflicto con la guerrilla y el narcoterrorismo, no mantuvo los controles necesarios en su frontera; y del lado ecuatoriano: permisividad de las estructuras del Gobierno con los grupos narcodelictivos y subversivos, de lo cual se responsabiliza al gobierno del expresidente Rafael Correa –de cuyo primer periodo formó parte el actual presidente, Lenín Moreno, como vicepresidente–; una ausencia de visión, previsión y estrategia del gobierno actual para enfrentar el conflicto; y, por último, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Para el general Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, “hay una falta de coordinación en la conducción político-estratégica de la crisis, y no existe plan para fortalecer la seguridad en la frontera norte”.

Sin embargo, Julio Molina, coronel en servicio pasivo y analista militar, dijo a EL TIEMPO: “Se han firmado varios convenios con Colombia, pero desgraciadamente este país no ha logrado un control efectivo de sus fronteras, y en Ecuador vivimos 10 años de un gobierno irresponsable que por su ideología de seudoizquierda dio permisividad al narcoterrorismo, mirando para otro lado el problema que estaba allí y podía estallar en cualquier momento, como ahora ha sucedido”.

Molina agrega que el presidente Moreno “ha estado dando palos de ciego. No hay confianza en los mandos militares que estuvieron sojuzgados por el Gobierno de Correa, y las actuaciones de los ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores no han hecho más que agravar la situación”.

El gobierno de Moreno, apenas tras el asesinato del equipo de prensa de ‘El Comercio’ dio señales de que no permitirá el terrorismo y que se alejará de la política permisiva de su antecesor: “Vamos a dar la lucha, en el escenario que ellos han escogido, y los vamos a derrotar. (...) No nos vamos a doblegar”, aseguró.

También por orden presidencial, la Fiscalía General inició investigaciones de las denuncias que dan cuenta de que el expresidente Correa recibió dineros de las Farc para la campaña electoral del 2006, en la que Moreno participó como su binomio vicepresidencial.

Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (Iiss), con sede en el Reino Unido, sobre el contenido de los discos duros de los computadores encontrados en el campamento del cabecilla de las Farc, ‘Raúl Reyes’, asegura que la campaña de Correa recibió unos 500.000 dólares.

Santiago Basabe, catedrático de ciencias políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirma a este diario que es obvio que durante el gobierno de Correa la frontera norte de Ecuador fue descuidada de forma sistemática en términos militares y policiales, pero se pregunta si el descuido obedeció solo a razones ideológicas que menospreciaron el trabajo de los militares, evidenciado en ministros de Defensa antimilitaristas.

La respuesta: “Razones de carácter político. Hubo una convivencia, por decir lo menos, un acercamiento del anterior gobierno a las Farc, y en función de ese acercamiento se les dio espacio de tranquilidad para sus operaciones. Hay indicios de esto, y amerita una investigación profunda”, enfatiza Basabe.

A esta situación se suma la del cordón fronterizo del país, que tiene alrededor de 330 kilómetros porosos, complejos, con difíciles condiciones geográficas y carencia de vías. A lo que se añaden las precarias condiciones de vida de sus habitantes y la carencia de servicios básicos e infraestructura, que, por supuesto, denotan la ausencia del Estado en la frontera.

En el país reina el nerviosismo. En Quito, amenazas de bombas en lugares públicos, centros escolares y oficinas atemorizan a los ciudadanos, que comienzan a desplegar sus propios protocolos de protección personal y familiar.

Arturo Pumalema traduce su dolor en lágrimas. El jueves pasado tuvo que correr a la escuela de su hijo de 7 años porque le informaron de la evacuación urgente por amenaza de bomba. “Esto no es justo, nosotros siempre fuimos un país de paz; no pueden afectar así nuestra tranquilidad diaria, en mi familia estamos planificando cómo comunicarnos en caso de emergencia y vamos a evitar asistir a espectáculos o lugares masivos, por lo menos hasta que esto pase”, dijo a EL TIEMPO.

En una masiva y conmovedora marcha realizada el jueves pasado, los ecuatorianos levantaron su voz para reclamar por la paz y exigir justicia, transparencia y reparación por los últimos hechos de violencia y amenazas que tienen conmocionado a su país.

ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO

Quito